En la gestión de Rodolfo Suarez echaron a 36 estatales y avanzan otras 14 cesantías
Durante los casi tres años de gestión del gobernador Rodolfo Suarez el Gobierno provincial inició el trámite de 175 sumarios administrativos a trabajadores públicos y se echó a 36 estatales, mientras que se avanza con otras 14 cesantías. Los procesos fueron llevados adelante por la Oficina General de Sumarios (OGS) y el principal motivo de despido ha sido las inasistencias injustificadas.
Del 10 de diciembre de 2019 a los últimos días de julio ingresaron a esta oficina y se aceptó la tramitación de 175 expedientes de sumarios administrativos. En estos expedientes se tramitó el sumario administrativo de 195 agentes de planta permanente, ya que en algunos expedientes se investiga a más de un sumariado.
Desde el Gobierno provincial señalan que muchas veces se devuelven los expedientes a origen por distintos motivos, ya sea por incompetencia de la OGS o deficiencias en la resolución de inicio, entre otras razones.
En tanto, durante la gestión Suarez este organismo dictaminó aconsejando la cesantía de 50 agentes y se emitió la norma legal de cesantía en 36 casos, mientras que hay 14 casos que todavía se encuentran en trámite.
Respecto de las causas de cesantía indicaron que las inasistencias injustificadas representan 38 de los casos. En tanto que 8 fueron motivadas por delitos. Hubo 5 que se debieron a hurto o defraudación, 2 a cohecho (coima) y una a acoso. Mientras que por conducta inapropiada se avanzó en 3 casos y por negligencia grave en uno.
La OGS nació en 2019 y tiene como especialidad la investigación y la tramitación de los sumarios administrativos de la administración pública. Las diversas áreas del Estado, al tomar conocimiento de hechos que pudieran constituir una falta administrativa, solicitan la instrucción de una investigación sumaria.
Concluida la labor de esta oficina, el expediente vuelve al área de origen y la Junta de Disciplina de la jurisdicción es la que resuelve acerca del sobreseimiento o aplicación de la sanción, pudiendo apartarse de lo sugerido por esta dependencia.
En tanto, desde el Gobierno resaltan que el empleado puede defenderse e incluso puede designar a un abogado defensor que lo asesore y represente en todo el proceso de defensa.
Al mismo tiempo, destacan que al tratarse de un área especializada y que mayormente no tiene contacto con los hechos ni las personas investigadas, su intervención ha mejorado y agilizado las investigaciones.
La Oficina dictamina con plazos variables que dependen de los hechos que se investigan en cada expediente, por cuanto no es lo mismo investigar, reunir pruebas y encuadrar las faltas cuando se trata de ausencias injustificadas que frente a situaciones como negligencia o defraudación.
En promedio, el trámite de un expediente en la OGS es de 6 meses, tiempo que incluye la investigación del hecho y sus pruebas, la notificación al empleado, su defensa y el análisis final en el que se encuadra la falta si la hubiere y se sugiere una sanción.
La función de la OGS es instruir informaciones sumarias, es decir, llevar adelante investigaciones de hechos cuando no se encuentra determinado su autor y sumarios propiamente dichos que son los casos en los que el hecho y el autor están identificados, en cuyo caso la labor consiste en reunir pruebas, encuadrar la falta y emitir un dictamen sugiriendo la sanción o el sobreseimiento.