Los datos que inquietan por la crisis social y ponen en alerta al Gobierno

Un mínimo de ingresos necesarios que supera los 100 mil pesos; demanda de ayuda social que no cesa y, sobre todo, una sensación de ingobernabilidad interna que es inédita para el país.  La crisis inquieta porque también crece la bronca. Como en un bucle temporal interminable, otra vez aumenta la tensión social y algunos temores por las reacciones que pueda haber. Pero hay algo nuevo que genera expectativas: un gobierno nacional liderado por el peronismo es el que tiene que enfrentar este conflicto y, para más, desde el propio oficialismo agitan esos fantasmas.

Como quien tiene la impunidad de la palabra sin responsabilidad ejecutiva, el oficialista Juan Grabois habló de estallido, de saqueos, de caos. La sola mención trae a la memoria escenas dolorosas de la historia reciente. Más en Mendoza, lugar donde en 2001, por ejemplo, comenzaron las primeras señales de quiebre.

El Gobierno monitorea la situación y agudiza la ayuda social. Confían en la gestión en quienes han delegado el arraigo territorial; particularmente en Alejandro Verón y el equipo de Barrios de Pie, organización social que tiene capilaridad en las zonas más desfavorecidas. El otro frente de conflicto al que le prestan atención es el gremial, pues buscan que no haya ninguna razón para aumentar la conflictividad. En plena renegociación paritaria y sin control de la macroeconomía, ese es otro de los focos de conflicto.

Más allá de que la tensión crece, tanto desde el Gobierno de Mendoza como desde la oposición y ligados a sectores populares, descartan por ahora que haya posibilidades de estallido o desbordes. “A nadie le conviene y nadie se salva”, resumen desde el oficialismo local. “La situación es muy compleja, pero no habrá ningún estallido”, explican.

En Seguridad tienen una red de alerta temprana con actores diversos. Y el martes próximo habrá una reunión para sondear la situación.

Tensión

La crisis social es de tal magnitud que las mediciones oficiales pasaron a ser relativas; se rompieron los instrumentos. Según los datos oficiales, algo más del 40% de la población vive bajo la línea de pobreza. Pero es un dato relativo: una familia necesita al menos 100 mil pesos mensuales para cubrir los gastos mínimos, y menos de la mitad de la población tiene esos ingresos.

Para peor, el costo sube a un ritmo inalcanzable para las personas que tienen un trabajo informal (que son cerca de la mitad de los trabajadores). Incluso aún más grave: cada vez más personas con trabajo formal y hasta con años de antigüedad sufren la pobreza; sumados a ellos, desde docentes hasta profesionales de la actividad privada.

La ayuda social crece en volumen, pero el dato que llama la atención en el Gobierno es que la demanda se mantiene en el tiempo, es decir que las familias siguen dependiendo de esa ayuda sin poder mejorar su situación económica.

La memoria emotiva también tiene efectos en la política. Por eso las irresponsables palabras de Juan Grabois y de Aldo Rico ponen la piel de gallina a más de un dirigente. Fue en Mendoza donde, en 2001, aparecieron las primeras señales de alerta con intentos de saqueos. La diferencia, entienden ahora, es que creen que “a nadie le conviene” políticamente un desborde. "No hay nada, al menos desde la política”, señalan. La otra clave tiene que ver con la forma de accionar de parte de las organizaciones sociales, justamente uno de los focos de conflicto en el Frente de Todos.

El Gobierno, las organizaciones sociales (a través de Barrios de Pie), los intendentes y hasta algunos empresarios forman parte de la red informal de alerta para detectar problemas. Desde hace años funciona en la provincia una red informal pero con actores relevantes para detectar situaciones de conflicto. Allí están, por ejemplo, representantes de los principales supermercados. “Por ahora no hubo alertas, salvo lo que pasó en Alvear”, explican. En el Sur hubo un grupo de personas que se reunió para pedir alimentos hace algunos meses. El martes habrá una reunión entre funcionarios de Seguridad, representantes de los supermercados y otros actores sociales para evaluar el momento.