Quieren feudalizar la Corte Suprema

El Presidente volvió a mentirnos a todos los argentinos. En la campaña electoral repitió hasta el cansancio que no iba a reformar a la Justicia, que se debía mantener su composición actual y que era una fantasía inconstitucional cualquier intento de ampliación. O bien se ha dedicado a hacer realidad las fantasías, o a falsear las realidades. Y lamentablemente se trata de esto último. Una vez más Alberto Fernández miente y se contradice sin vergüenza, como ocurrió con el memorándum con Irán o con la muerte de Nisman. Esta vez le tocó el turno a la Justicia.

La foto lo muestra con 13 gobernadores del Frente de Todos pero por una cuestión que no les compete: impulsar la ampliación de los miembros de la Corte, llevando de 5 a 25 el número de sus integrantes. El oficialismo, que no se reúne por cosas más importantes, se amontona para copar los tribunales.

En un país con 70% de inflación anualizada, que arrastra por día a miles de personas a la pobreza, en momentos en que el sector productivo padece para conseguir gasoil, y cuando la sociedad observa con miedo e impotencia el avance del narcotráfico, que los gobernadores se reúnan con el Presidente a plantear la necesidad de ampliar la Corte demuestra el enorme divorcio con las necesidades de la sociedad, y que la única obsesión del Frente de Todos es sumar poder, sometiendo y controlando a la justicia.

No es la primera vez. Ya lo intentaron insistiendo con la reforma judicial, en plena cuarentena, buscando nombrar por la ventana a 23 jueces subrogantes, nada más y nada menos que en Comodoro Py, el lugar en donde se investigan los más importantes hechos de corrupción y deberían dictarse las condenas a sus responsables. Lo hicieron cuando buscaron desplazar al Procurador, Eduardo Casal, y ante su fracaso intentaron reformar la ley que organiza al Ministerio Público, que es el órgano que tiene a su cargo investigar y acusar a los responsables de actos de corrupción. Y lo volvieron a intentar cuando impulsaron la modificación del Consejo de la Magistratura, que es el órgano que participa ni más ni menos que en la designación y remoción de los jueces cuando existe mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

Pero ahora apelan a lotear el poder judicial como si fuera otro coto de caza y repartija. Apelan al federalismo cuando las funciones de la Corte Suprema no tienen nada que ver con la representación de las provincias sino con el control de constitucionalidad y el reaseguro de los derechos de todos los argentinos.

Jorge Capitanich, Gobernador del Chaco, justificó la iniciativa sosteniendo que "tiene que ver con el número de la Corte, equivalente a 25 miembros, eso significa la representación de un miembro por cada una de las jurisdicciones y un representante del Estado nacional". Nada más equivocado. Lo único que está admitiendo es la mentalidad feudal con la que encaran la cosa pública y que se advierte con una simple mirada a las provincias que controlan como patrones.

Por nuestra organización constitucional, la República Argentina adopta el sistema representativo, republicano y federal. En el orden nacional, ese federalismo se materializa exclusivamente con la igualitaria participación de cada una de las provincias en el Senado de la Nación, pero no en la integración de la Corte, donde nada se dice ni debería decirse, ya que ese tribunal debe ser independiente del poder político a quien debe juzgar, controlar y corregir en sus desvíos.

Uno de los peligros es el de inocular los vicios de muchas provincias en el máximo tribunal, feudalizándolo, donde lejos de impartir justicia de manera imparcial, lo hagan con una visión sesgada, clientelar y partidaria.

La cabeza del poder judicial no debe responder a las provincias, ya que corresponde a la Corte el conocimiento y decisión de los asuntos en que la Nación sea parte y de las causas que se susciten entre dos o más provincias. Pensemos en los juicios impulsados por Mendoza y rechazados por el máximo Tribunal por el hecho de ser administrada por un partido político de signo distinto al de la mayoría de las provincias o del Gobierno Nacional. Esto aborrece y repele toda idea de Justicia.

No quieren una justicia independiente, buscan borrar definitivamente el principio republicano de división de poderes, transformando a los miembros de la Corte en delegados de los gobernadores. Quieren, en definitiva, gobernar la justicia para salir airosos de las causas que los investigan. Ahí están los gobernadores de la justicia.

Una palabra podría sintetizar los fundamentos de cada uno de los proyectos que simulan buscar la democratización y reforma de la justicia. Esa palabra es: Impunidad.

*Luis Petri es abogado y ex Diputado Nacional por Mendoza.