La promesa de que "no se demorará diez años" la investigación del caso Bonarrico

Por estos días el gobierno provincial debe estar agradeciendo de su suerte. La pelea sin cuartel dentro del Frente de Todos a nivel nacional que tiene en vilo al país, mantiene a la gente en Mendoza preocupada (y mucho) por su realidad económica y no tanto por la admisión de la existencia de un acuerdo político que el radicalismo cerró en 2021 con el partido del pastor Héctor Bonarrico, y que se tradujo en un subsidio por $18 millones que Rodolfo Suarez frenó justo en el preciso instante en que el escándalo explotaba públicamente.

Así al menos se lo marcaron al propio gobierno algunas encuestas que se realizaron durante esta semana, que le permitieron al mandatario solidificar su estrategia ante un episodio que, sin dudas, le pega en la línea de flotación a una administración que hace de la transparencia y de la austeridad en el manejo de los recursos una bandera.

Ya es sabido. Entre el silencio de sus principales dirigentes (incluidos los que firmaron el acuerdo con Bonarrico como Alfredo Cornejo y Tadeo Garcia Zalazar) y el ninguneo a los pedidos de informes que empezaron a salir por parte del peronismo en la Legislatura, Suarez juega su juego. Que, como ya es también sabido, es el mismo que aplica cada vez que tiene que enfrentar un temporal. El plan es que la tormenta pase y, en este caso, intentar dar por cerrado el episodio tras haber dado de baja el subsidio para la Fundación Acción Social que controla el pastor.

Pero el escándalo desembocó en una catarata de demandas penales cruzadas y la Justicia tiene la palabra. El peronismo acudió a los Tribunales para que se determine si esa negociación electoral cerrada entre los radicales y Bonarrico elaño pasado implicó la comisión de algún delito, el gobierno lo demandó al pastor por tentativa de defraudación al Estado y el Partido Verde hizo su presentación también. Con el transcurso de los días se sumaron más presentaciones. Una de ellas la hicieron los abogados Carlos Varela Alvarez y Alejandro Acosta bajo el argento de que existió “una negociación entre las autoridades gobernantes con un ex legislador de la provincia, para que el mismo realice actos conforme a la voluntad de quienes iban a suministrarle una suma millonaria de dinero público”. En el ministerio público fiscal, se agrega en este caso, una demanda presentada también por la Asesoría de Gobierno.

¿Qué hará el Ministerio Público Fiscal con esta brasa caliente que quema al gobierno? “Vamos a intentar que esto sea transparente y que no existan presiones de ningún tipo: Vamos mejorar la forma en la que se investiga para que dos o otras fiscales a la vez puedan estar sobre la misma investigación”, fue lo que declaró públicamente Javier Pascua, el jefe de la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos. Lo que se sabe: los fiscales de Delitos Económicos Flavio D'Amore y Hernán Ríos trabajarán en equipo y serán asistidos por el propio Pascua y por el titular de la Fiscalía de Homicidios, Fernando Guzzo. "Si acá hubo una irregularidad, habrá que ver de qué índole es. Si es administrativa o penal. No hay que armar una megacausa de la nada, sino que hay que apostar a la prudencia para que la causa se resuelva. Pero sin que esto dure diez o veinte años", es la expectativa de Pascua.

Las claves de la pesquisa judicial son varias. Quizás una de las más importantes ya pueda ser dilucidada. El gobernador tuvo reflejos para anular rápido la vigencia del decreto y, al estar derogada la norma, no se alcanzó a producir daño al patrimonio ni subsistirá cualquier ilegalidad porque no se alcanzó a realizar ningún desembolso de dinero. Solo quedaría para los fiscales aquí, analizar algún grado de tentativa.

El propio Bonarrico seguramente será citado a declarar y su testimonio será vital. Si ratifica sus dichos, que el subsidio que casi recibe fue parte de un acuerdo político, la causa avanzará. Ahora: ¿Qué pasará en caso de que el pastor vuelva sobre sus pasos y desmienta en sede judicial lo que dijo en público? La llave la tendrán los elementos de prueba que recolecten los fiscales en uno u otro sentido.

Hasta el momento no se habrían solicitado medidas en el marco de la investigación y la admisión de Pascua de que quiere evitar presiones lleva al punto esencial de esta parte de la historia. El fiscal habla de las mediáticas, pero no  puede soslayar a las políticas. Dentro del complejo entretejido del funcionamiento del Poder Judicial, se sabe desde hace tiempo de la influencia de un gobierno que alecciona jueces y fiscales y que además controla el jury que decide la suerte de ellos en caso de que deban ser sometidos a esa instancia decisiva. El mismo Pascua apunta a hacer carrera dentro del Ministerio Público, ese dato es conocido. Tanto, como aquél que menciona la convicción que existe dentro de una parte del Poder Judicial de que investigar a funcionarios radicales es como firmar una sentencia condenatoria para cualquier carrera.

La revelación de Bonarrico dejó al desnudo de qué se trata en realidad Cambia Mendoza. Entre los principales socios de la coalición por estos días de revuelo circula un solo comentario: hacia afuera, la versión de la UCR acerca de lo sucedido con Bonarrico es una. Pero hacia adentro todos saben lo que realmente ocurrió.

El frente oficialista no es otra cosa que una coalición electoral diseñada por Alfredo Cornejo en 2015 para concentrar de un solo lado a todo lo que esté por fuera del peronismo. Y para lograr esos acuerdos, lo que menos se discute son ideas. Por lo general, esos arreglos siempre acarrean un costo. La historia política reciente mendocina tiene varias muestras de ello. Entre 2007 y 2015, el kirchnerismo financió terceras fuerzas electorales en la provincia con el solo objetivo de propiciar el acceso del PJ al poder. Desde hace casi ocho años el reparto de cargos, contratos, lugares en el gobierno y hasta plata, según la admisión de Bonarrico, son el corazón de los acuerdos dentro de este armado oficialista. El radicalismo recuerda la existencia del frente que creó, antes de cada elección o cuando precisa de algún respaldo en la Legislatura. Pero nunca hizo funcionar a la alianza como a una coalición de gobierno.

El socio principal de la UCR, el PRO, viene con esa queja desde hace tiempo. Y más allá de las apetencias electorales visibles de Omar De Marchi, se fueron acumulando cuestionamientos a políticas oficiales que no fueron menores y que pasaron desde objetar  la decisión de Suarez de poner plata en IMPSA, los reparos que hoy se escuchan entre los legisladores de ese partido al proyecto de reforma de la Constitución o, en definitiva, de las críticas del propio De Marchi a la marcha general de la administración. Si Cambia Mendoza todavía no se quiebra por este lado, es porque la sostienen los acuerdos de unidad de Juntos por el Cambio a nivel nacional. En las elecciones pasadas el Frente se resquebrajó por la salida del PD y de la Coalición Cívica y por eso Cornejo tuvo que salir a hacer acuerdos con otros partidos. Todos saben que a los radicales y al PRO mendocino los une ideológicamente su contraposición al kirchnerismo. Pero hoy los separa un abismo, cuando llega el momento de analizar cuestiones de gestión.

A decir verdad, del otro lado del gobierno existen también partidos ávidos de entrar en negociaciones como las que se están ventilando desde hace poco mas de diez días. Y muchos de ellos no son más que sellos de goma que se venden o alquilan al mejor postor elección tras elección. En medio de la profunda crisis social y política que atraviesa el país, en Mendoza en las últimas elecciones se presentaron ocho frentes electorales que fueron conformados por casi treinta partidos y agrupaciones políticas distintas. La Justicia electoral apunta a pagar $30 por voto cuando en Mendoza votaron el año pasado poco más de un millón de personas. En medio de la crisis actual, achicar la Legislatura no mueve la aguja. El verdadero gasto de la política a eliminar está, entre otros lugares, acá.