El PJ jugó fuerte y denunció penalmente el escándalo por el pago al pastor Bonarrico

En conferencia de prensa, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti informó que presentaron una denuncia penal para que se investigue al gobierno de Mendoza por la entrega de un subsidio a la fundación que conduce el exsenador Héctor Hugo Bonarrico. "Puede haber varios delitos involucrados en esta situación", manifestó la legisladora y presidenta del PJ. Al mismo tiempo apuntó contra la responsabilidad del ministro de Gobierno, Victor Ibañez, y sostuvo que "una vez más" aparece en una acción del Gobierno cuestionada. 

"La figura que hemos elegido es la de averiguación de delito. Podríamos enumerar varios, si es que los hubo porque eso lo va a confirmar la justicia", informó Fernández Sagasti acompañada por las autoridades legislativas del Frente de Todos. La senadora remarcó que "desde el PJ vamos a invitar a todas las fuerzas que conforman el Frente de Todos a acompañarnos para que este hecho sea esclarecido por la justicia de una manera rápida".

"Puede haber cohecho e incluso asociación ilícita. Corrupción a cambio de votar leyes y bajarse de una candidatura", disparó la excandidata a gobernadora y también puso bajo la lupa la supuesta participación del presidente de la UCR, Tadeo García Zalazar, ya que el pastor señaló al intendente de Godoy Cruz como uno de los partícipes del acuerdo político y lo acusó de "negociar con el erario público".

El escándalo se destapó ayer cuando se publicó en el Boletín Oficial el convenio firmado por el ministro de Gobierno Víctor Ibañez y el vicegobernador Mario Abed con el exsenador Héctor Hugo Bonarrico. En realidad, se destinaban 9 millones de pesos este año y al menos otros 9 millones de pesos el año que viene a la fundación que conduce el pastor evangélico.

La decisión era cuestionable pero quedó aún más teñida de sospechas cuando el propio Bonarrico admitió en MDZ Radio que "esto fue parte del acuerdo que MásFe (el partido político que el pastor formó) hizo con el Gobierno en las elecciones pasadas". En concreto, manifestó que le ofrecieron estar a cargo de una dirección del Estado pero el no quiso ser empleado del gobierno, por lo que se acordó que el Ejecutivo le destinaría dinero a su fundación para que desde allí el pastor pueda realizar diferentes acciones sociales.

"Las direcciones del Gobierno trabajan con dinero del Estado y se dedican a atender con plata del Gobierno específicamente a un grupo de personas. Como yo, presidente y fundador de MasFe, no quiero ser un empleado del Gobierno, llegamos a este acuerdo, en vez de abrir una dirección", admitió al aire.

"Lo negocié con Víctor Ibáñez, con la autorización del Gobernador y con la revisión de abogados. Desde septiembre vienen trabajando en esto, amigo. Lo que pasa es que fue casualidad que el Gobernador no estuviera y este decreto que tenía que haber sido firmado en enero, pero se firmó ahora, cuando el vicegobernador estaba a cargo del Gobierno", finalizó. 

Para el peronismo esta situación encierra un delito y por eso presentaron una denuncia penal. "La realidad es que de una gravedad institucional nunca antes vista en la provincia de Mendoza. Estamos hablando de un exsenador que ha denunciado haber recibido presiones políticas y hacer un acuerdo político para bajarse de su candidatura a diputado nacional a cambio de una donación o subsidio a su fundación de 18 millones de pesos", finalizó Fernández Sagasti.

Por último, la dirigente kirchnerista se refirió a la derogación del polémico de decreto por parte del gobernador Rodolfo Suarez y consideró que "es un reconocimiento tácito de que lo que habían hecho está mal".

De la conferencia de prensa participó la gran mayoría de los legisladores provinciales del Frente de Todos. El presidente del bloque de diputados peronistas, Germán Gómez, dijo que el silencio del oficialismo es "preocupante" y sostuvo que "estamos ante un hecho de corrupción muy grande".

"Más allá de la situación jurídica y penal hay una repercusión tremenda desde lo político que demuestra el manejo que tiene el oficialismo con los fondos públicos", advirtió.

A su vez, el titular de la bancada de senadores del PJ, Lucas Ilardo, subrayó que desde ambas cámaras se han presentado pedidos de informe al Gobierno. "El gobernador decidió retrotraer el decreto, esto significa que admite en ese acto que existió la comisión de un delito, porque si no hubiese existido un delito no hubiesen retrotraído el decreto", manifestó.

"Estamos frente a un hecho verdaderamente escandaloso", expresó el legislador y sostuvo que "no es un caso aislado". "Si Suarez sabía que esto estaba mal, lo primero que debería haber hecho era echar a Ibañez. Ibáñez es la mano derecha y la persona de mayor confianza del gobernador, así que por favor no le tome el pelo a los mendocinos diciendo que no sabía lo que estaba haciendo", concluyó Ilardo.