La Justicia necesita menos reformas épicas y más transformaciones concretas
Una reciente encuesta que mide la confiabilidad en las instituciones de nuestro país realizada por la consultora Poliarquía a nivel nacional indica que el 94% de los argentinos considera que la justicia le genera poca o nada de confianza. Con este índice, el Poder Judicial se ubica entre las instituciones con menor confianza pública del país, peor ranqueada que los partidos políticos, los sindicatos y otras organizaciones públicas y privadas. Las instituciones en general no gozan ciertamente de buena imagen, y éste es un tema central que debemos empezar a revertir para comenzar a transitar de una vez por todas un camino de crecimiento y desarrollo.
Si escuchamos al gobierno nacional, pareciera que el problema es la “federalización” de la Corte Suprema, la “democratización” de la justicia o la “equidad de género”. No discuto que el federalismo, la democracia y la igualdad de posibilidades entre hombres y mujeres son objetivos deseables en todo sistema judicial. Sin embargo, estas consignas están indirectamente relacionadas con mejorarle el servicio de justicia a los ciudadanos. Ni el origen, ni la procedencia social o cultural, ni el género de los jueces pareciera ser determinante a la hora de acelerar los procedimientos, brindar un servicio de justicia de calidad o fallar conforme a derecho. O por lo menos no hay un estudio claro que así lo demuestre.
Yo diría que la justicia tiene muchas cosas que mejorar, pero que hay un problema anterior que consiste en que no hay verdadera voluntad política por parte del gobierno de mejorarla. Su intención debajo de estas “épicas” reformas consiste en controlar la Corte y los tribunales Federales ya que son los que reciben en gran medida las causas de alto contenido político. Los juzgados que atienden los temas de familia, los contratos, las quiebras, los accidentes, los despidos y tantos otros conflictos que se dan permanentemente en la sociedad, no están puestos en discusión y son los que verdaderamente dan orden y seguridad a una comunidad.
Es necesario abrir un nuevo debate, tal vez menos épico, pero más efectivo: ¿Cómo modernizamos la justicia e integramos bajo los mismos sistemas a los distintos poderes judiciales locales? ¿Cómo premiamos a los buenos jueces, a los que trabajan día a día por darle a sus procesos mayor celeridad y a sus fallos mejor apego a la ley? ¿Cómo unificamos e implementamos procesos más eficientes y efectivos, con seguimiento de tiempos y certificados de calidad? ¿Cómo hacemos para que los Consejos de la Magistratura y los Colegios de Abogados realmente contribuyan al mejoramiento del servicio?
Estos son los debates que también tenemos que darnos, identificando concretamente los problemas sin caer en frases vacías, y proponiendo mejoras que permitan realizar cambios que les sirvan más a los usuarios de la Justicia que a la política. Este es el primer gran paso para que la ciudadanía empiece a confiar nuevamente en ese poder judicial que supimos tener.
*Agustín Pesce es miembro del Consejo Directivo del Colegio Público de Abogados de Capital Federal