En transición permanente: la vieja nueva agenda del Gobierno

En 2015, Alfredo Cornejo asumió el gobierno con un proyecto político que había sido sembrado mucho antes y con un horizonte de largo plazo para su estancia y la de su equipo en el poder; plan al que se acopló Rodolfo Suarez. El primer objetivo era recobrar la “autoridad” y en la gestión, apuntaba a una agenda “poco sexi” (según sus palabras), pero necesaria: reconstruir la infraestructura básica, que en educación se mejoren los indicadores fundamentales y sentar algunas bases de una economía sana. Más de seis años después no hubo muchos cambios y Mendoza vive en una situación de transición permanente, ese purgatorio donde se recuerda lo que fue y se hipotetiza sin certezas sobre lo que puede ser.

Todo depende del punto de vista desde donde se mire, claro. En lo político, el experimento Cambia Mendoza fue exitoso, pues lleva dos gestiones de gobierno y con el control de casi toda la “cosa pública” en ese período. Todo apunta a que en 2023, salvo una catástrofe logística (que el radicalismo ha sabido hacer, vale decir) la misma alianza tenga altas chances de sostenerse en el sillón de San Martín. En la gestión, el tránsito de ese proyecto ha tenido resultados menos brillantes, pues no pudo despegarse de una realidad nacional dramática, sumado a las impericias propias.

No vale la pena redundar en indicadores, pero todos los datos que hacen referencia a la calidad de vida han empeorado; igual que los del país. No se crea empleo privado, la calidad de vida de la comunidad empeora al ritmo de la caída del poder adquisitivo y cada vez hay más desigualdad.  

Uno de los temas que Mendoza no resuelve (y en eso tampoco se diferencia) es qué hacer y cómo gestionar sus recursos naturales. Agua, energía, minería y, también, paisajes. Sí, la agenda productiva y social de Mendoza tiene que ver con las decisiones frenadas sobre quién administra y de qué manera los recursos fundamentales para producir.  La trabazón social, política y administrativa confunde. Ocurre con el agua, donde la tensión y la falta de control hicieron que hubiera un mercado negro del acceso al agua que es imposible de desanudar (lo sabe la Corte, que tiene que resolver una de las causas más incómodas relacionadas con el tema). También ocurre con otros recursos, como los hidrocarburos, donde Mendoza pierde participación real en el contexto y debe calibrar tensiones con la empresa de la que depende: YPF.

Minería sin mineros

Rodolfo Suarez retomó parte de su agenda inicial; con la construcción de discursos pensadas como la tarea de un cirujano: promueve Potasio Río Colorado sin mencionar la palabra minería; promueve la extracción de oro esquivando el término “cianuro” (único método comercialmente usado para extraer oro en minas a cielo abierto para explotar yacimientos de mineral diseminado). La sola mención de esos términos le eriza la piel a más de uno en el Gobierno. A decir verdad Suarez siempre estuvo convencido y nunca cambió de parecer: antes, durante y seguramente después de acceder al cargo defendió las actividades extractivas. Lo que cambió es la forma de transformarlo en hechos de gobierno.

La visita a Canadá fue liberadora para el Gobernador; para poder cuajar lo que piensa, con lo que quiere hacer. Con todas las limitaciones del caso. El desarrollo de Potasio Río Colorado, por ejemplo, dependerá del contexto internacional, nacional y de la disponibilidad de energía. También de la escala del proyecto. Pero Suarez se animó a ir más allá; incluso más allá de la realidad: sondeó la idea de reinstalar en Mendoza la posibilidad de hacer minería metalífera. Lo hizo con la estrategia de cirujano para evitar problemas y se reunió con una compañía que no tiene permisos mineros, pero sí promociona un método: la lixiviación alcalina con Tiosulfato para extraer oro sin usar cianuro, una palabra prohibida en el diccionario suarista. Esa técnica es incipiente y no se puede ejecutar en todos los yacimientos. No hay ninguna mina comercial que lo use, pero a futuro podría ser una ventana. Hablan de una prueba piloto, pero no hay empresas mineras que tengan intereses en Mendoza que estén asociados aún a quienes promueven esa técnica.

La 7722 viene solapada con cualquier mención a la minería. Pero uno de los ejes de discusión no tiene que ver, como se cree, con las prohibiciones que impone esa ley al uso de algunas sustancias, sino al control político. Particularmente a la obligación de que todos los proyectos mineros necesitan ratificación legislativa, aún en etapas muy preliminares. Justamente el principal reproche a Suarez cuando modificó la 7722 es no haber sido gradualista y al menos quitar el control legislativo en las etapas de exploración minera. La instalación del tema ahora inquieta de la misma manera que lo hacía durante la gestión de Cornejo; es decir no darle argumentos a un discurso opositor que capitalice malos humores. 

El Gobierno se conforma, ya en la curva descendente del tiempo de gestión, con sentar bases. Es decir, esa idea de ser “transición”. Ocurre, incluso, con los recursos que Suarez ya tenía casi en sus manos, como los 1023 millones de dólares de Portezuelo del Viento. Él los “cobró” pero no los podrá ejecutar en su plenitud. Justo en momentos en que hay una subejecución de obras: fue el año de menor entrega de viviendas y según el informe presentado por el Consejo Empresario Mendocino la inversión en capital se redujo. “Los trabajos públicos (inversión pública) se encuentran en mínimos de la década. En 2021 se ejecutó el 75% del monto presupuestado ($5.856 millones vs. $7.747 millones), alcanzando tan solo el 2,3% de los recursos corrientes”, asegura el CEM. El Gobernador podría dejar, también, las bases para el empleo de esos recursos, si Alberto Fernández lauda y le hace caso al pedido de liberar los fondos. Allí va a jugar un papel clave la interna; no entre Suarez y Alberto, sino dentro del Frente de Todos.