La Justicia realizó una inspección en Ezeiza y retiró la caja negra del avión iraní
La Justicia federal realizó esta tarde una inspección en el avión venezolano-iraní retenido en Ezeiza y retiró la caja negra de la aeronave, según fuentes con acceso al expediente, mientras el juez Federico Villena guarda información de agencias extranjeras para determinar si existen indicios que vinculen a los tripulantes con el terrorismo o la inteligencia internacional.
La inspección se iba a realizar el miércoles último pero fue postergada por la presencia de medios en el aeropuerto internacional, según indicaron las mismas fuentes.
Aunque el expediente judicial permanece bajo secreto de sumario, se pudo saber que el juez Villena y la fiscal Cecilia Incardona solicitaron información a agencias extranjeras para conocer con certeza qué tipo de sanción pesa sobre el avión Boeing 747 de la empresa de transporte de carga Emtrasur, con matrícula venezolana YV3531, y si existen investigaciones sobre sus tripulantes.
La información habría sido solicitada a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (por las supuestas sanciones comerciales que pesarían sobre la aeronave) y a la Agencia Federal de Investigaciones e Inteligencia de ese país (FBI), según se pudo reconstruir.
A nivel local, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) contestó esta mañana a primera hora un oficio enviado por el juez en el que solicitó información sobre las acciones llevadas a cabo por ese organismo en este caso, informaron fuentes oficiales.
Además, en el Juzgado federal de Lomas de Zamora esperan que Uruguay informe las razones por las que no permitió el ingreso de la aeronave a su espacio aéreo el martes de la semana pasada.
Por otro lado, los investigadores aguardan los informes encargados a la Policía Federal y a la Policía de la Ciudad en relación a los teléfonos celulares y los dispositivos electrónicos secuestrados a los tripulantes -14 ciudadanos venezolanos y 5 iraníes- que permanecen alojados en el Hotel Plaza Canning, y que no pueden irse del país porque la Justicia les retuvo los pasaportes.
Mientras a nivel judicial se esperan novedades, hoy las representaciones diplomáticas de los Estados Unidos e Israel que siguen el avance del tema con detenimiento, manifestaron su preocupación por la situación y esperan novedades.
El caso
El avión procedente de Caracas, Venezuela, llegó a Buenos Aires el lunes 6 de junio, con una parada previa en el aeropuerto de Córdoba porque ese día la niebla que había en el aeropuerto internacional de Ezeiza dificultaba las condiciones para el aterrizaje.
Télam pudo confirmar de fuentes que siguen el caso que el mismo 6 de junio, cerca de las 19, la Agencia Federal de Inteligencia recibió una comunicación de un delegado en Paraguay con una llamada de atención vinculada al vuelo que ese mediodía había llegado a la Argentina.
El avión llegó a la Argentina con el motivo formal –la justicia investiga si hay algún otro motivo inconfesable- de traer autopartes, información que fue constatada por las agencias encargadas de ejercer los controles respectivos.
La tripulación del vuelo de Emtrasur tenía previsto continuar su viaje el martes de la semana pasada, pero eso no fue posible porque las empresas con capacidad para venderle combustible se negaron a hacerlo producto de las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre la aeronave.
Al día siguiente, el miércoles 8, se produjo el intento cargar combustible en Uruguay, país que primero autorizó la ruta aérea para el avión de Emtrasur pero luego le negó el acceso a su espacio aéreo, lo que obligó a la aeronave a retornar a Ezeiza.
En ese contexto fue que anoche, los tripulantes venezolanos del avión que se encuentra secuestrado por la Justicia en el aeropuerto internacional de Ezeiza dejaron trascender su malestar por no poder irse del país e incluso deslizaron que denunciarán que el avión fue allanado la semana pasada sin orden judicial.
A través de voceros oficiosos, difundieron un comunicado en el que explicaron que además de realizar entregas de autopartes "aprovecharon el vuelo para continuar con la capacitación vinculada al uso de la aeronave", lo que explicaría la presencia de una tripulación numerosa y compuesta también por ciudadanos iraníes.
Desde el entorno de la tripulación, señalaron que los ciudadanos iraníes que participaron del vuelo "lo hicieron en calidad de instructores porque son quienes trabajaron en ese avión desde1986 hasta que fue vendido, este año, por la firma iraní Mahan Air a la venezolana Emtrasur".
Las mismas fuentes aseveraron, además, que la capacitación y el servicio técnico estaba prevista en el contrato de compraventa de la aeronave.
La versión de los tripulantes, que será presentada ante la Justicia, remarca además que ninguno de ellos -ni los venezolanos ni los iraníes- había tenido hasta la llegada a la Argentina ningún inconveniente con autoridades policiales ni migratorias.
Los ciudadanos venezolanos e iraníes, cuyos pasaportes fueron retenidos, reclamarán además que la Justicia se expida con la mayor celeridad posible dado que la situación en la que se encuentran involucrados les genera daño personal, familiar e incluso a la empresa para la que trabajan.