El avión venezolano-iraní y su posible conexión con el atentado a la AMIA

Hace unos días Alberto Fernández protestó en la Cumbre de las Américas, celebrada en Estados Unidos, contra la no admisión de Cuba, Nicaragua y Venezuela, tres países con historiales públicos y graves de autoritarismo, persecución política y atropellos contra los derechos humanos. Pocos días antes había ingresado a la Argentina un avión de carga con un pedido de captura internacional y con una cantidad irregular de tripulantes: 19 en total (casi cuatro veces la tripulación normal de un vuelo de ese tipo), venezolanos e iraníes.

¿Por qué tenía pedido de captura el avión? Porque perteneció a la aerolínea iraní Mahan Air y fue utilizado por las Fuerzas Revolucionarias al Quds de Irán. Más tarde fue vendido al Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, que es el actual propietario del vehículo. Ambas empresas están sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y Sanciones del Departamento del Tesoro (OFAC) de Estados Unidos.

Todos estos hechos deberían haber alertado a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a la ANAC - Administración Nacional de Aviación Civil - y a Migraciones, pero no fue así. El avión llegó a Córdoba el 6 de junio, se dirigió a Ezeiza, dos días después con intenciones de abandonar el país. Es decir que no sólo entró al país sino que circuló libremente en él. Fernández se habrá puesto contento de saber que en la Argentina que él gobierna sí se admiten a transgresores y delincuentes de los países que a él le gustan.

Pero no duró mucho. Algún responsable de hacer el plan de vuelo previó mal su siguiente parada: Uruguay, donde les negaron el acceso (además de las irregularidades antes mencionadas, el avión tenía apagado el transponder, que es una especie de GPS que permite detectarlo por las torres de control de los aeropuertos, y que es de uso obligatorio). Tuvieron que volver a Ezeiza, donde esta vez sí fueron interceptados por la Policía Federal, luego de que la oposición alertara a la Justicia Federal de esta sospechosa e irregular visita a nuestro país. Que tomen nota de esto quienes todavía no se convencen de la importancia de la división de poderes en la República Argentina.

Actualmente los tripulantes de esta aeronave se encuentran en un hotel de La Matanza, donde esperan la decisión del Juzgado Federal Nro 1 de Lomas de Zamora. Como parte del proceso legal necesario para determinar quiénes son estas personas, por qué están en la Argentina y qué responsabilidades caben a las autoridades que han hecho la vista gorda sobre su ingreso y circulación, es que junto a otros diputados de Juntos por el Cambio hemos presentado una denuncia contra el director de la PSA, José Glinski, la directora nacional de Migraciones, María Florencia Carignano, la Administradora Nacional de Aviación Civil, Paola Tamburelli, la presidenta de la Empresa Argentina de Navegación Aérea, Gabriela Logatto y la Directora General de Aduanas, Silvia Brunilda Traverso. Todos estos funcionarios le deben serias explicaciones a la ciudadanía (pero yo, personalmente, no las esperaría sentado).

También sugerimos a la fiscalía la implementación de una serie de medidas que servirán a la investigación, entre ellas identificar por medio de huellas digitales a todos los tripulantes de la nave y cotejar en las fichas de la AFI con las bases internacionales de datos sobre personas que cometieron actos de terrorismo. Lo cual es posible gracias a varios acuerdos que se firmaron durante la gestión de Patricia Bullrich en Seguridad, durante nuestro Gobierno.

Esto es particularmente importante debido a las connotaciones de este hecho para nuestro historial de atentados terroristas, tan vinculado a las Fuerzas Iraníes y a Hezbolá. No es un dato menor, en este caso, el pedido de captura de la Argentina sobre Ahmad Vahidi, un general iraní sospechado de ser autor intelectual del atentado de la AMIA, quien dirigió las fuerzas Quds con las cuales estarían relacionados los tripulantes iraníes detenidos de esta nave. ¿Se trata esto de un regreso a la Argentina de altos mandos iraníes implicados con uno de los atentados terroristas más trágicos de nuestra historia? Es imprescindible que la investigación avance en aras de aclarar este interrogante, determinando qué relaciones hay entre los tripulantes actuales y quiénes están señalados como los principales sospechosos de aquel atentado (y también, dicho sea de paso, de sus encubridores locales).

Sugerimos además –entre otras cosas– mantener el secuestro y la guarda judicial de la aeronave, así como también mantener comunicación con la OFAC al respecto. En este mismo momento, el avión está inmovilizado pero sin custodia y sin fajar, todo lo cual impide la conservación de pruebas para un peritaje eficaz. ¿Esto es producto de la inoperancia o de una complicidad alevosa? Cualquiera de las dos opciones habla mal del Gobierno en esta materia, cuya participación en este acontecimiento dista de ser ejemplar. Desde un comienzo, el accionar de la Policía de Seguridad Aeroportuaria es poco claro, y sugerimos también a la fiscalía que se la desplace de forma inmediata de cualquier procedimiento en relación a este vehículo. También sugerimos a la fiscalía que pida informes detallados a todas los organismos involucrados en este hecho respecto de si conocían las alertas vigentes sobre esta aeronave y los motivos por los cuales se le permitió ingresar y circular en el país.

En tanto no avance la investigación todo lo que tenemos son muchos interrogantes y algunas hipótesis, que si se confirman servirán para demostrar un hecho que trasciende lo meramente jurídico y que es de una absoluta gravedad política. Si se demostrara –como pensamos- que los tripulantes de esta aeronave son miembros de la Guardia Islámica y de los Servicios de Inteligencia de Venezuela estaremos ante una nueva prueba del alineamiento del Gobierno nacional con el eje Teherán-Caracas, un posicionamiento que encaminaría a la Argentina hacia rumbos lamentables, contrarios a los del mundo civilizado al que queremos pertenecer.

Solo si avanza la Justicia sabremos la dimensión y gravedad ante la que nos enfrentamos, en el contexto de un país que no termina de resolver dos asuntos muy sensibles: la impunidad y el encubrimiento de grandes hechos trágicos de violencia como el atentado a la AMIA, y el lugar que queremos ocupar en el mundo moderno. Es de suma importancia que todos los que queremos que la Argentina logre avances significativos en estos dos temas prestemos mucha atención a cómo se desenvuelve este caso, ya que se libra aquí una batalla decisiva para acercarnos a ser el país que en verdad queremos.

Por Gerardo Milman, diputado nacional del PRO y exsecretario de Seguridad.