En una playa junto al mar: multas en la mira del intendente Montenegro

Inesperadamente —y basándose en hechos que son ya de lo cotidiano, como choques de vehículos, o el caso de un colectivo que marró una maniobra y se llevó por delante los señalamientos de la bicisenda en la avenida Constitución, o la reciente detección de vehículos que corrían picadas en plena avenida Colón—, el intendente Guillermo Montenegro puso en marcha, por decreto, el proceso de instalar un sistema de fotomultas en la ciudad de Mar del Plata.

Otro párrafo de su actividad tiene que ver con el cambio de criterio al respecto de la actividad en lo que se denomina la «zona roja», fuente de conflictos constantes con los vecinos de cinco barrios de la ciudad que padecen las consecuencias de la prostitución callejera organizada, en donde los travestis suelen ser quienes dan la nota. Cabe recordar que a esta misma «zona roja», un fiscal de la ciudad la denominó «zona blanca», haciendo referencia al importante rol de los travestis en la venta al menudeo de droga.

Aduciendo una reforma legislativa votada por unanimidad en diciembre en la legislatura bonaerense, en ese universo de niebla que rodea a la casa de las leyes de la provincia de Buenos Aires, Montenegro decidió que el convenio para aplicar el sistema de fotomultas con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) no requiere de la aprobación del Concejo Deliberante, cuyos miembros, airados, han salido a expresar por todo lo alto su reprobación.

De lo poco que se conoce de este acuerdo, surge un gran interrogante: ¿quién es el real operador del sistema, e inversor en el costoso equipamiento que el mismo requiere? Un interrogante de millones, al que Guillermo Montenegro responde elusivamente diciendo «no es un tema nuestro, es un tema de la UNSAM».

En declaraciones a varios medios, el titular del ejecutivo marplatense afirmó que el 100% de lo facturado a través del sistema de fotomultas va a la municipalidad. Difícil. Nadie va a invertir sin tener algún beneficio. Ese tipo de declaraciones elusivas —o, peor aún, que implican faltar a la verdad— exaltan aún más el clima político, y no pocos analizan si toda esta movida no termina como aquella del estacionamiento medido, que le costó literalmente la carrera política al ex intendente marplatense Mario Roberto Russak.

Lo de la zona roja es una piedra en el zapato que ya han sufrido varias administraciones. Como va de suyo, el FdT sostiene que la solución no es político-judicial, sino social, haciendo un trazo grueso que ignora la sistematización de la venta de drogas en la ciudad. La polémica viene a cuento no sólo por lo ideológico, sino que el esquema que plantea el ejecutivo para ordenar esta cuestión implicaría la aplicación de multas e incluso arrestos.

El presidente del bloque del PRO en el Concejo Deliberante de Mar del Plata, Agustín Neme, fue claro al señalar que la posición de interbloque de JxC es de proteger al vecino, y que la preocupación del oficialismo es, de una vez por todas, darle seguridad a los abuelos que no pueden ir a ver a sus nietos, al descanso de las familias, y la protección de los niños en los barrios de la ciudad.

Lo que viene en Mar del Plata, va a ser muy intenso.