Diputados de la oposición denunciaron a funcionarios nacionales por el ingreso del avión iraní

Los diputados de juntos por el cambio Ricardo López Murphy, Gerardo Millman y Franco Rinaldi con el patrocinio de María Eugenia Talerico y Yamil Santoro denunciaron penalmente a José Glinski, director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, María Florencia Carignano, directora nacional de Migraciones, Paola Tamburelli, administradora nacional de Aviación Civil, Gabriela Logato, presidenta de la Empresa Argentina de Navegación Aérea, y Silvia Brunilda Traverso, directora General de Aduanas, por la posible comisión de delitos de acción pública como ser incumplimiento de los deberes de funcionario público sin perjuicio que puedan surgir otros delitos tipificados en el código contra la administración pública.

Según la presentación, los diputados manifiestan haber tomado conocimiento a través de los medios del ingreso al territorio nacional y dejar circular dentro del mismo al avión Boeing 747, en configuración “Cargo”, matrícula YV3531 que fue propiedad de MAHAN AIR utilizado por las Fuerzas Revolucionarias al Quds de Irán y actualmente propiedad de EMTRASUR filial de CONVIASA (Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos), “ambas empresas no sólo sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y Sanciones del Departamento del Tesoro de EEUU (OFAC por sus siglas en inglés) sino ingresando con un manifiesto de vuelo irregular y presuntamente con el transponder apagado como si quisiera no ser localizado”.

En el desarrollo de la denuncia ponen en consideración que el 6 de junio ingresó el vuelo al país proveniente de México con destino al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, pero como no pudo aterrizar allí, se dirigió hacia la ciudad de Córdoba, al aeropuerto alternativo de Taravella.

Esa misma tarde, volvió a despegar y aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. 

Asimismo aseguran que el miércoles 8 de junio despegó de dicho Aeropuerto y tras sobrevolar el Rio de La Plata durante 20 minutos aterrizó nuevamente en Ezeiza por motivos desconocidos. “Se supone que Uruguay no habilitó el aterrizaje del avión, cerrando los cielos a la nave sujeta a las sanciones de OFAC. Teniendo en cuenta que el plan de vuelo debe estar aprobado en todos sus tramos, aparentemente alguien no habría hecho las diligencias correspondientes del caso”, sostienen.

A todo ese derrotero y datos de la aeronave, que no podía dejar de llamar la atención de las autoridades argentinas, se suma la cantidad de pasajeros a bordo impropia para un vuelo de “carga” y sus nacionalidades e identidades. Eran 19 personas, siete iraníes y el resto venezolanos. 

Según la denuncia, “los iraníes de la tripulación tendrían vínculos con las Fuerzas Quds, una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica especializada en operaciones de inteligencia militar, definida por los Estados Unidos como organización terrorista”.

Además, sostienen que no es un dato menor mencionar que Ahmad Vahidi, uno de los generales iraníes por los que la Argentina pide la captura internacional y sobre el que existen alertas rojas activas en Interpol por ser autor intelectual del atentado terrorista a la AMIA, era el jefe de la fuerza Quds en julio de 1994. “¿Vuelven al país personas vinculadas estrechamente a los altos mandos iraníes que no pueden ingresar a Argentina por haber sido ideólogos del atentado terrorista a la sede de la AMIA? Se preguntan los denunciantes.

Según los flights records recientes de la aeronave, los destinos en los que estuvo suman riesgos para la paz y la seguridad de la región, 15 días en Paraguay, Bielorrusia, Teherán, Moscú. Además, infieren que el paso por Ciudad del Este, ciudad cercana a la triple frontera, aporta mayores interrogantes acerca de los motivos de los vuelos de esta aeronave ya que es una región que se encuentra catalogada de alto riesgo por la actividad de organizaciones vinculadas al contrabando, al narcotráfico y el terrorismo (con diásporas libanesas que forman parte y mantienen vínculos con la organización terrorista de Hezbollah).

“Todas estas circunstancias, y teniendo en cuenta que Argentina ha sufrido dos atentados terroristas donde personas poderosas de Irán y Hezbollah han sido señalados por nuestra justicia, imponían en nuestros funcionarios un actuar diligente que no han tenido, incumpliendo los deberes a su cargo y poniendo con ello en riesgo la seguridad nacional”, reafirman.

En ese sentido, manifiestan que las autoridades “no solo dejaron entrar a la aeronave con una tripulación que debe ser identificada con rigor técnico, sobre cuyo titular pesa una dura sanción de OFAC, con manifiesto irregular y con los radares apagados, sino que la dejaron circular a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y la hubieran dejado partir a Caracas, si esta situación no hubiera tomado estado público con el pedido de informes del diputado nacional Gerardo Milman. Cuando la prensa alertó sobre la situación, tomaron medidas sin poner en conocimiento de la justicia todo lo acontecido”.

El incumplimiento de los deberes surge palmario, según sostienen en la denuncia los diputados si se tiene en cuenta la demora inexplicable en la que incurrieron sin identificar debidamente a los tripulantes, sin alertar sobre la aeronave, sin poder requisarlo tempranamente siendo que se trataba sin dudas de un avión sospechoso por las sanciones impuestas a la aeronave, por el número de tripulantes, el triple de lo habitual por las características de estos, y por posibles vínculos con organizaciones terroristas de sus ocupantes todo lo cual violaría la “Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo”.

En la presentación sugirieron medidas de prueba para avanzar con la investigación entre ellas identificar a los tripulantes y requerir informes, entre otros.