Presenta:

Las causas judiciales atadas a lo que pase en el año electoral

A quiénes les conviene una tregua entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández y a quiénes no.
Foto: Télam
Foto: Télam

La relación entre el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se agravó en el último tiempo tras las diferencias que surgieron por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, de momento, no hay a la vista una pronta mejoría pese a los esfuerzos de intermediarios que buscan lograr el diálogo entre ellos. No es la primera vez que ocurre, la vice ya estuvo alejada durante bastante tiempo de quien hoy ostenta el cargo de jefe de Estado. Pero Cristina también estuvo distanciada cuando ella ocupaba la presidencia con el segundo que había elegido, luego de que este (Julio Cobos), votó de forma no positiva en el Congreso la famosa Resolución 125.

Más allá de esas disputas de coaliciones de Gobierno que aparentan ser cada vez más frecuentes y comunes, hay quienes se sienten preocupados porque, si no logran unidad y el oficialismo pierde las elecciones de 2023, temen que ocurra lo mismo que cuando asumió el Gobierno de Mauricio Macri: que muchos de los que tienen procesos abiertos terminen en prisión.

Uno de los que se expresó al respecto fue Alberto Samid, quien durante una entrevista con el sitio Infobae afirmó: “Al que diga Perón lo van a meter preso. Nunca nadie tuvo tanto poder”. Esa fue su conclusión al referirse a la posibilidad de perder las elecciones por la falta de unidad de los de arriba.

En la Justicia Federal existen 1.630 causas de corrupción, entre las que siguen su curso y ya se cerraron. El número se desprende de la base de datos de la Corte Suprema de Justicia. Expedientes que avanzan a paso cansino. De ese total unos 1.138 expedientes permanecen abiertos y solo 197 (el 17,3%) fueron elevados a juicio oral de manera total o parcial. Pero la gran mayoría ni siquiera arrancaron.

En ese universo de causas hay más de 8.900 personas bajo investigación: exfuncionarios, políticos y dirigentes entre los que se destacan Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Mauricio Macri, Ricardo Echegaray, Ricardo Jaime, Cristóbal López, Fabian De Sousa, Lázaro Báez y Marcos Peña, como los más denunciados.

En cuanto al tiempo de duración de las causas, en la mayoría de las que tienen instrucción cerrada, dicha etapa duró en la mayoría de los casos de 3 a 6 años (44%), aunque un porcentaje similar duró más de 6 (27%) o 10 años (12%).

Es cierto que durante el último año varios procesos se cerraron sin siquiera ir a juicio, como lo fue el Memorándum con Irán y Los Sauces y Hotesur, donde los imputados fueron sobreseídos, entre ellos la vicepresidenta, sus hijos Máximo y Florencia, exfuncionarios y algunos que hoy están en funciones como los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Lázaro Báez.

Ambas están a la espera de una resolución por parte de Casación luego de las sendas apelaciones. En esas causas hubo personas detenidas. En la primera Carlos Zannini, actual procurador del Tesoro, pasó una temporada en prisión por orden del fallecido juez Claudio Bonadío. También Fernando Esteche y Luis D’Elia, entre otros. En tanto en la causa Los Sauces estuvo detenido el excontador de los Kirchner, Víctor Manzanares, quien finalmente en el marco de otro expediente (Cuadernos) pudo sellar el acuerdo como imputado colaborador y finalmente recuperar la libertad.

El dirigente D’Elia fue otro de los que aseguró durante una entrevista radial que "con este clima político del Frente de Todos no gana nadie".

Hace unas horas a través de las redes sociales se expresó y dijo: “El clima adverso que construyen en Twitter la militancia rentada y los trolls no se compadece con el grito del pueblo kirchnerista que en las calles pide UNIDAD ante la posibilidad de retorno de las bestias macristas”.

Este año que no es electoral, pero en el que empiezan a calentarse motores de cara a 2023, la Justicia empieza a mover fichas en una u otra dirección, avanzando en causas o retrasándolas, muchas de ellas con pericias eternas que nunca terminan. Ante este panorama, si no hay definiciones este año seguramente el año próximo tampoco las habrá.

Pero cuál es el panorama: el 26 de mayo se realizará en Casación la audiencia previa a resolver si confirma o revoca la condena del empresario Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado. El amigo de Néstor Kirchner fue condenado junto a sus hijos y otros imputados y esperan revertir el resultado. De confirmarse solo quedaría la instancia de la Corte. Actualmente goza de prisión domiciliaria. Fue uno de los primeros detenidos relacionados con el kirchnerismo, ya antes habían apresado a Ricardo Jaime, el único exfuncionario que aún sigue tras las rejas pese haber pasado 6 años detenido, y hasta ahora vienen rechazando cualquiera de sus pedidos de domiciliaria. Días atrás Casación confirmó su condena en la causa Tragedia de Once pero le redujo la pena. Inmediatamente el fiscal Raúl Pleé apeló ante la Corte Suprema. 

Por su parte el TOF 3, en diciembre de 2021, absolvió a los empresarios Fabián De Sousa y Cristóbal López en el debate por presuntas irregularidades en el plan de pagos al impuesto a la transferencia de los combustibles, donde el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, fue condenado a 4 años y 8 meses de prisión. 

Como el funcionario del órgano recaudador apeló la decisión, todo será revisado por la instancia superior que puede revocar su condena o por contrario imperio hacerlo con las absoluciones. 

Echegaray, quien rompió su racha de absoluciones en la Justicia, también está a la espera de fecha para el inicio del debate por la valija de 800 mil dólares del empresario Venezolano Guido Antonini Wilson, recibido mientras era titular de la Aduana, hecho que en agosto de 2022 cumplirá 15 años.

Por otra parte, si bien algunos remanentes de la causa Cuadernos empiezan a tener sobreseimientos por no poder comprobar responsabilidades, la causa principal -que se inició en 2018- está elevada al TOF 7 a la espera también de que se fije fecha de inicio. En la causa están imputados la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y ex funcionarios de su Gobierno y algunos del de Néstor Kirchner, como así también empresarios, varios de ellos arrepentidos en el expediente a fin de obtener un beneficio a la hora de la condena y en su momento para recuperar la libertad.

Varios exfuncionarios llegaron a la Corte intentando que el Máximo Tribunal -el que critican desde el oficialismo y piden la remoción con distintas marchas- dé vuelta esas decisiones judiciales que pueden dejarlos al borde de la condena.

Por otra parte se está desarrollando ante el TOF 2 el juicio por el presunto direccionamiento de obra pública en favor de Lázaro Báez. El tribunal espera poder dictar veredicto antes de la feria de verano. En caso de condenas o absoluciones será el año electoral donde Casación deba revisar el fallo. Mientras tanto hay recursos en la Corte presentados por Fernández de Kirchner contra la decisión de peritar solo 5 de las 51 obras como muestra.

Si el Máximo Tribunal hiciera lugar y pidiera una nueva pericia, todo se extendería mucho más en el tiempo. En la corte hay varios recursos de distintos exfuncionarios para resolver por diferentes causas. También yacen en el cuarto piso del palacio de Tribunales los expedientes de Milagro Sala para entre ello ver si confirma o no su condena a 13 años de prisión, por la causa conocida como Pibes Villeros. Recordemos que Sala considera ser una presa política y en su momento manifestó que el Gobierno de Alberto Fernández le soltó la mano. 

Ante este panorama, los exfuncionarios de Cambiemos también tienen frentes abiertos en la Justicia que aspiran a dejar atrás jurídicamente, aunque también suelen hablar de persecución. A ellos no les conviene la tregua entre Cristina y Alberto porque pueden aparecer más denuncias desde el oficialismo en su contra.

La Justicia mueve los hilos mientras la política aún se sigue peleando por un lugar en el Consejo de la Magistratura, donde urge la integración completa para avanzar en concursos que son claves para la Justicia. Nadie quiere quedarse afuera de esta lucha de poder. Y la Justicia será la encargada en definitiva de validar o no lo que se hizo.