El sinceramiento de Cristina Fernández de Kirchner que complicará al país

“¿Ustedes recuerdan que tuvimos una devaluación en enero de 2014 y la inflación se nos fue a 38 %. Pero al año siguiente la bajamos a 24 o 25%?, exclamó Cristina Fernández de Kirchner en el acto del viernes en Chaco, y abrió la puerta a un potencial conflicto judicial contra el país. Ese 38% de inflación corresponde a la medición del Congreso Nacional de la época, manejada por la oposición del futuro Gobierno de Cambiemos; y se diferenciaba de la medición trucha del Indec intervenido que nunca en aquellos años del último kirchnerismo en el poder informó alzas de precios superiores al 20%. Se trató entonces de un acto de sinceridad del kirchnerismo, en boca de su principal protagonista. Sin embargo, si se lo tomara como una declaración oficial y con institucionalidad manifiesta, podría complicar seriamente al frente judicial internacional argentino.

En especial, en el caso del cupón PBI y dentro de la causa que lleva adelante el juzgado de Loretta Preska en Nueva York iniciada por el fondo buitre Aurelius, por la supuesta “mala fe” del país al alterar la medición del PBI del Indec para el ejercicio 2013 y que tiene a otro extraño fondo tenedor de esa deuda, la sociedad uruguaya Novoriver SA, quien posee US$181 millones en inversiones de esos bonos atados al crecimiento de la actividad económica del país; y que, se supone, representan a un grupo de inversionistas que buscan algún rédito en el caso.

La especulación generalizada es que hay además muchos operadores del sistema financiero tomando posiciones tanto en el Cupón como en el bono Par. La jueza Preska deberá resolver antes de fin de año si avanza o no con el caso; y si llama a sumar nuevos tenedores de deuda que también se sientan perjudicados. Es en este marco que Novoriver se adelanta para que se la sume al reclamo de Aurelius. La cifra en dólares del eventual reclamo provoca escalofríos: ante un eventual fallo en contra, podrían considerarse perjudicados tenedores por más de US$5.000 millones de dólares. La buena noticia es que el caso recién empieza y podría demandar varios años hasta una resolución final en los tribunales de los Estados Unidos.

Según explicó el analista de FinGuru Sebastián Maril, “según el demandante, el 21 de febrero de 2014, el entonces ministro de Economía Axel Kicillof anunció que el PBI del año 2013 había crecido 4,9%. Un mes más tarde, el 26 de marzo de 2014, anunció que por una revisión de cuentas (cambio de base de 1993 a 2004), el crecimiento había sido del 2,9%, menor al 3,25% que gatillaba el pago de Cupón del PIB. Fue un anuncio sumamente ‘desprolijo’, que el mercado tomó como otra manipulación de datos con tal de no pagar a los acreedores". Como el crecimiento y su medición está atado a la inflación, una alteración de la medición influye además en el cálculo del crecimiento.  

La causa, para la Argentina, puede convertirse en una verdadera bomba de tiempo financiera y fiscal si finalmente Preska determina que el fondo buitre Aurelius tiene razón en su reclamo. Esto sucedería si para la jueza de primera instancia se confirma que durante la gestión de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía, en la última parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la intervención del Indec de Guillermo Moreno, hubo alteraciones en el cálculo del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) para que el país se ahorre de liquidar unos US$3.000 millones en 2014.

Según Aurelius, el Gobierno alteró la base de cálculo del EMAE para que el crecimiento final del PBI de ese año supere el 3,22% y así no activar la cláusula de liquidación del cupón PBI. El Indec calculó para ese año un crecimiento del 2,8%, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue “adrede” para perjudicar a los tenedores de este bono en lo que representa “mal desempeño de sus funciones”. Según el demandante, si no se hubiera alterado la base de cálculo de 2013, la Argentina habría crecido el 3,5%, con lo que pagar el Cupón PBI hubiera sido obligatorio.

La Argentina presentó su defensa el 3 de julio del 2019, argumentando contra la demanda de Aurelius con una explicación curiosa. El Gobierno de Mauricio Macri, para que no prospere la causa, defendió la alteración del PBI de 2013, asegurando que era facultad de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner modificar el cálculo. Con esto defendió la decisión de modificar el cálculo del pago del bono a partir de la modificación de la cifra de crecimiento aportada por el Indec, en tiempos de la intervención directa del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Fue la segunda vez que se utilizó este argumento. El 18 de abril del 2019, para evitar el ataque de Aurelius, los abogados que representaban al país contratados por la procuración del Tesoro, aseguraron ante la Justicia norteamericana que el Gobierno de Cristina estaba en su derecho de modificar el año base de cálculo del PBI, y que el acusador no demostró que haya habido un mal manejo de las cifras de ese organismo entre 2013 y 2014.

Aurelius es un viejo conocido de la Argentina. Y de muchos países con destino de mal manejo de su deuda pública y privada. Es propiedad de Mark Brodsky, discípulo de Paul Singer y exempleado de Elliott, quien en algún momento en los inicios de la década pasada se independizó y abrió su propio bufete buitre. Si bien su mayor y más beneficioso negocio lo hizo con la Argentina y el “juicio del siglo”, se lo conoce por su inquietud de bucear por todo el mundo para encontrar oportunidades de negocios en estados a punto de alcanzar el default o empresas importantes en dificultades. Por ejemplo, contra Puerto Rico en tiempos de su crisis económica y financiera y contra Petrobras en medio de la causa por la Lava Jato.