El Gobierno, en el fondo, celebra la decisión de Alberto sobre Portezuelo

El Gobierno, en el fondo, celebra la decisión de Alberto sobre Portezuelo

Se encamina hacia su fin un proyecto que lleva dieciséis años de idas y vueltas. El gobierno de Suarez sobreactuó su malestar con el presidente que laudará a favor de La Pampa, cuando desde hace meses viene trabajando en qué utilizar el millonario financiamiento que ahora tendrá disponible.

Marcelo Arce

Marcelo Arce

marce@mdzol.com

Por lo bajo, desde hace años que los radicales vienen sosteniendo que aquella decisión de Julio Cobos en 2006 de hacer un arreglo extrajudicial con el entonces presidente Néstor Kirchner, por una demanda que había indiciado Mendoza al Estado nacional por los perjuicios de la promoción industrial, fue uno de los mayores errores cometidos. Pero quizás, como vienen diciendo también desde hace tiempo, el problema no fue el acuerdo en sí. En asunto fue la obra que se eligió como moneda de cambio que, reconocieron siempre, fue “la peor obra que se podría haber elegido”.

Si algo empieza de esa manera, no podía terminar bien. Tras el anticipo de Alberto Fernández en La Pampa de que laudará en el marco del Coirco para que se realicen nuevos estudios de impacto ambiental, Rodolfo Suarez esperará por la redacción de ese fallo y decretará, si el presidente va en ese sentido, la caída de la licitación que está marcha para la construcción del dique Portezuelo del Viento.

Quizás el destino de esta megaobra proyectada en Malargüe sirva como ejemplo de todo lo que no está bien. Durante dieciséis años la provincia estuvo girando alrededor de su mayor proyecto de inversión, que ahora con seguridad no se concretará y las responsabilidades son compartidas. Cobos firmó un acuerdo con Kichner sin una mirada estratégica y solo impulsado por su convicción personal de que la obra era necesaria. Néstor, y luego Cristina Kirchner, incumplieron ese arreglo realizado con Mendoza sin que desde aquí, durante los gobiernos de Celso Jaque y de Francisco Pérez, se atrevieran a reclamar por los pagos adeudados.


Alfredo Cornejo reflotó ese acuerdo fallido de 2006 con el gobierno de Mauricio Macri, para reformularlo por uno nuevo que, desde lo económico, Alberto Fernández viene cumpliendo a rajatabla. Pero que desde lo político e instrumental, el presidente dejó sin efecto ante un pataleo de los pampeanos ni bien asumió. Suarez avanzó con la licitación de la obra en medio de situaciones muy controvertidas y pasó, en poco meses, de estar convencido de llevar a toda costa el proyecto hacia adelante a festejar en buena medida que finalmente Portezuelo no se concrete.



La decisión sobre Portezuelo que adelantó el presidente esta última semana en La Pampa tiene varios impactos negativos. Y el primero y fenomenal  se produce en Malargüe. Las verdaderas víctimas de todas estas idas y vueltas de años son los habitantes de ese departamento que, otra vez, son espectadores de decisiones que terminan afectando sus expectativas de desarrollo económico. Ya fueron golpeados con el retiro de la minera Vale hace diez años, después observaron la manera en que se derrumbaron sus planes para desarrollar la minería cuando Suarez derogó en una semana las modificaciones a la Ley 7722 y ahora esto que, en el mediano plazo, al menos les garantizaba el acceso a centenares de puestos de trabajo.

No existe por ahora la decisión en el Gobierno de habilitar la discusión legislativa sobre un proyecto que desde ese departamento vienen empujando hace años. La iniciativa consta de 14 artículos y plantea, en esencia, una modificación a la 7722 para permitir que en ese distrito se habilite a la minería metalífera. Además de la excepción, se propone la creación de un Fondo de Compensación para que un porcentaje de las regalías mineras sea destinado a obras hídricas en el departamento y en el resto de la provincia. Nadie está dispuesto hoy a avanzar políticamente con esta ley. ¿Qué respuesta le dará el gobierno? Terminar con el proyecto del parque industrial de Pata Mora y apurar el trámite para conseguir finalmente un inversor extranjero para extraer las sales de potasio del yacimiento que abandonó Vale en su momento y que ahora está en manos del Estado provincial.



Alberto le dio un nuevo golpe a Anabel Fernández Sagasti y al peronismo mendocino en general. El presidente terminó haciendo todo lo contrario de lo que, en persona, la senadora y otros legisladores del PJ le fueron a pedir a la Casa Rosada que hiciera. Anabel siempre respaldó en público a la obra. Y lo hizo, aún a costa de expresiones de asesores suyos, como el exgobernador Rodolfo Gabrielli, quien en la campaña de 2019 había dicho que Portezuelo era inviable y la puso a ella, como candidata, en una posición muy incómoda.

Lo que se puede discutir son los motivos por los cuáles la dirigente kirchnerista le pidió expresamente a Alberto que laudara a favor de Mendoza. En profundidad lo que le preocupaba a Anabel, y ahora eso va a pasar, es que Suárez y Cornejo se quedarán con un fenomenal financiamiento para desarrollar un plan de obras, que ya se verá cuáles serán, de cara a las elecciones de 2023. No hay caso en la relación entre el peronismo mendocino y un presidente del palo: por más esfuerzos históricos que vengan realizando para intentar mostrar una relación virtuosa, desde Buenos Aires casi siempre les terminan dando la espalda. La crisis interna del Frente de Todos le permitió a Sagasti una salida política elegante, al menos. La pelea del kirchnerismo con el presidente fue lo que terminó viabilizando una crítica que, de otra manera, difícilmente hubiera visto la luz.



Para los pampeanos haber logrado frenar la construcción de Portezuelo del Viento equivale, en lo interno provincial, a haber ganado un Mundial. Lo que ya se sabe que Alberto hará con la obra fortalece la posición de La Pampa en el Coirco (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado), que trata los asuntos vinculados a la cuenca del río Colorado. Pero desde esa provincia hace años que están detrás de un objetivo estratégico más grande: intervenir desde ese organismo en la regulación de todos los ríos mendocinos que confluyen en el Desaguadero e incluso extender su influencia hasta los diques que se están construyendo en San Juan. ¿Lo lograrán después de la victoria sobre Mendoza? Es difícil establecerlo. Y sobre todo porque sus posiciones dependen mucho de las posturas que adopten el resto de las provincias que integran el Comité (Buenos Aires, Rio Negro y Neuquén) quienes se mueven más en relación a su dependencia política con el gobierno nacional de turno que a su preocupación por el agua.

A decir verdad, el presidente fue desconcertante alrededor de esta obra durante estos últimos dos años. Si bien paró todo cuando le puso el oído a los reclamos pampeanos en junio de 2020, le garantizó a Suarez en persona que su intención era hacer el dique cuando ambos compartieron el acto de estatización de Impsa el año pasado. Otro de los afectados fuertes de lo que pasó: para salir de sus crisis, la exempresa de Enrique Pescarmona tenía a Portezuelo como su principal cliente en carpeta.

Si bien hace poco, en enero, Alberto lo ninguneó al gobernador mendocino en su reclamo para que laude rápido, en agosto había ayudado a destrabar una negociación con los chinos de Sinohydro cuando todo estuvo a punto de caerse por primera vez. En aquella oportunidad el entonces embajador de nuestro país en China, Sabino Vaca Narvaja, se reunió unos días antes del vencimiento del plazo para la mejora de oferta en el proceso de licitación con los directivos de Sinohydro en ese país. Allí le garantizó a la empresa asiática que no iba a enfrentar problemas con el tipo de cambio y que los pagos se iban a realizar en dólares. Este tire y afloje con los chinos fue durísimo. Tanto, que a horas de la fecha prevista de cierre de ofertas Suarez pateó el tablero. Irrumpió en la sala en la cual sus funcionarios estaban discutiendo con los representantes asiáticos y a los gritos les comunicó su decisión de hacer caer la licitación de Portezuelo si no aceptaban. Los chinos dijeron que sí y el proceso siguió adelante, aunque a los golpes.



La manera en que Suarez manejó esta historia también tuvo sus bemoles. En un momento de la campaña para la gobernación, en 2019, Cambia Mendoza hizo una convocatoria para que la gente se inscribiera y conseguir así puestos de trabajo para una obra que, en aquél momento, solo estaba en los papeles. Pero lo más sugestivo sobrevino después cuando, como quedó en evidencia, el proceso licitatorio quedó dirigido hacia el consorcio que conformaron Impsa y las constructoras de los empresarios Omar Álvarez y Fernando Porreta. Ya con los chinos en el juego, sucedió un episodio bochornoso. El consorcio terminó proponiendo una reducción del 22,6% a las distintas ofertas que realizó en un primer momento, que en concreto representaron U$S 200 millones de dólares menos del costo original que habían planteado. El resultado de esa negociación tuvo ribetes escandalosos porque existen poquísimos antecedentes en licitaciones de esta envergadura en donde, ante un pedido de mejora de oferta, la rebaja es de más del 20%.

Hasta finales de 2021, Suarez estaba convencido de que podía adjudicar la obra sin tener antes una definición presidencial. Pero en enero comenzó a decretar el fin de Portezuelo. ¿Por qué? Leyó las señales que provenían de Buenos Aires que le indicaron que el camino no iba a ser fácil. La secretaría de Provincias del ministerio del Interior, Silvina Batakis, dijo en aquél momento que Portezuelo “no será un tema de resolución inmediata" y además deslizó que podrían exigirse nuevos estudios de impacto ambiental. Para el gobernador ese fue el principio del fin. Si se forzaban nuevos estudios, el proceso demoraría al menos dos años más y con resultado final incierto nuevamente en el Coirco. Un dictamen del Fiscal de Estado, Fernando Simón, ya había alertado al Gobierno de que, si Mendoza avanzaba sin una definición presidencial, podría quedar sujeta con seguridad a un planteo pampeano y a una sentencia en contra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Yo no tengo alma de procesado", se asustó Suarez en aquella oportunidad y todo comenzó a caer.



Lo que vino después fue solo un acting del gobierno para definir rápido la historia y comenzar a concentrarse en otra cosa. Es decir, qué hacer con los mil millones de dólares que quedaban ahora disponibles. Aquí la posibilidad que se abre es fenomenal. El gobierno promete que convocará a una multisectorial para discutir a qué obras hídricas destinará esos recursos y asegura que el objetivo central será financiar aquellos proyectos que apunten al desarrollo económico. Pero hasta aquí casi no hay detalles de ese plan,

En el camino intentará una jugada que no resultará seguramente. El propio acuerdo que Cornejo suscribió con Mauricio Macri hace poco menos de tres años y que permitió asegurar el financiamiento para Portezuelo, estableció que si la provincia no ejecutaba esta obra sólo podía destinar los U$S 1.023 millones para un fin específico: “ y/u otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial", rezaba aquél arreglo. O sea que, en principio, si la provincia no hace Portezuelo no podrá disponer de esos dólares para realizar cualquier obra hídrica. Está obligada a proyectar solo aquellas que contemplen la generación hidroeléctrica. Suarez ya le pidió por escrito al presidente una ampliación de ese acuerdo para poder tener mayor disponibilidad a la hora de destinar esos fondos. Sin embargo resultará difícil que desde la Rosada le firmen ese cheque en blanco.

Pero en este recorrido no se puede soslayar a un actor central. Desde que Alberto Fernández le puso el oído a los reclamos de La Pampa hace casi dos años ya, Alfredo Cornejo estaba decidido a impulsar el Plan B. El exgobernador quedó convencido de que el mejor camino era no concretar Portezuelo del Viento y hacer uso de la opción que la provincia acordó  en 2019. La objeción estaba basada en el aspecto jurídico que Simón resolvió. Cornejo fue quien firmó el acta acuerdo con Mauricio Macri en la que está establecido que la provincia, para adjudicar la obra, debe tener aprobados en el Coirco los estudios de impacto ambiental que en la actualidad no tiene y que ahora Alberto apunta a mandar a hacer. Si Mendoza avanzaba, entendió Cornejo, quedaba sujeta con seguridad a un planteo pampeano y una sentencia en contra de la Corte.

Pero por supuesto que en esto jugó, y mucho, la alternativa de quedar de cara a la campaña que se viene con la posibilidad de administrar un financiamiento millonario del que casi ninguna provincia argentina dispone. Lo usará quien resulte ser el candidato de Cambia Mendoza. Y, por supuesto, él mismo está incluido dentro de esa alternativa.

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