Tras el fracaso de Portezuelo, viene la pelea de fondo por "la caja" de U$D1023 millones

Como ocurre con los chimentos de pueblo, el porrazo que se pegaría con "la obra del siglo" se comentaba al oído desde hace más de un año: "Portezuelo no se va a hacer"; se decía en un indiscreto secreto. Los problemas políticos, legales y ambientales que tenía el proyecto le deparaban un mal futuro. Esa verdad estaba escondida en un camuflaje algo perverso para ganar tiempo y exculparse. El resultado fue el esperado: un bloqueo y la insólita incertidumbre sobre qué hacer con 1.023 millones de dólares en una provincia con profundos problemas productivos y, además, qué pasará con el futuro de las empresas que se habían armado para que Portezuelo sea la obra salvadora. 

En el oficialismo y la oposición hubo un juego de hipocresías. Hay reproches hacia Alberto Fernández, pero desde Cambia Mendoza ya minaban el camino a la realización de Portezuelo del Viento desde mucho antes y habían aconsejado no hacerlo; por pragmatismo más que por convencimiento. Ahora se viene una pelea aún más miserable: la disputa por lo que consideran una “caja”, pero en realidad son recursos de todos los mendocinos. Los 1.023 millones de dólares llegan como compensación a Mendoza por los problemas que generó la promoción industrial de provincias vecinas. Es un resarcimiento que iban a venir en formato de obras, pero que, como muchas cosas en Mendoza, no pudo ser. Sí, se logró que la Nación depositara el dinero y ahora la intención es que, sin que se judicialice, se puedan usar esos recursos para otras obras. 

Contrapuntos

Alfredo Cornejo era uno de los que abonaba la teoría de olvidarse de Portezuelo, a pesar de haber firmado el convenio con Mauricio Macri. Él, como muchos, ya consideraba obsoleta la obra y la trabazón legal que se avizoraba desmotivaban la realización. Pero nunca se terminó de blanquear dentro del oficialismo esa visión y la ambigüedad llegó luego a la sobreactuación. Tanto, que Rodolfo Suarez convocó a todos los legisladores para un “sí a Portezuelo”, cuando sabían que se caería.

Anabel Fernández Sagasti también tiene un juego ambiguo, pues no se enfrentó con rigor a la Nación y defendió con tibieza la obra. En lo político estaba de acuerdo en destinar esos recursos a Portezuelo o, en su defecto, a otro dique. Ella y el PJ no quieren que Suarez tenga libertad para usar los fondos para cualquier obra. Porque piensa que se “pueden desperdiciar” en hacer ciclovías o plazas, pero también por el valor político “favorable” que puede tener ejecutar obras con tantos recursos.  “Si dejamos que usen esa plata, no ganamos más una elección”, es la frase que circulaba dentro del peronismo local. La política mendocina cree aún en la lógica de la demagogia: las obras no sirven para mejorar la calidad de vida, sino para ganar votos, los votos sirven para ganar elecciones. 

Suarez tendrá que tomar decisiones, pero se le suma una carga: a la disputa por sucederlo políticamente ahora también se le agrega quien administrará esos fondos o las obras que se hagan.

Hitos de un fracaso

Portezuelo tenía problemas propios y ajenos. La licitación de la obra estuvo teñida por el excesivo celo que hubo en el armado del pliego que, como se había advertido, terminó siendo un espanta inversiones. Hubo un solo oferente y la falta de competencia sobrevaluó los trabajos. El consorcio que armaron la china Sinohydro, IMPSA, CEOSA y Obras Andinas tenía el monopolio y con esa llave presentó una oferta que superaba ampliamente el presupuesto oficial.

Luego de la sorpresa por el precio, lo rebajaron en más de 200 millones de dólares, sin mucha explicación. La obra nunca llegó a adjudicarse, aún cuando el Gobernador había dicho que lo haría. En realidad primaron las advertencias legales que había: con la obra adjudicada podrías generarse perjuicios; mucho más si se iniciaba y luego se frenaba. IMPSA fue quien aglutinó a los postulantes y junto con EMESA habían participado del armado del proyecto. En el medio esa empresa fue rescatada por el Estado y los roles se cruzaron: la empresa que armó los pliegos y debía controlar (EMESA) también era parte del consorcio, entre otras cosas. El proyecto tenía grandes beneficios para el consorcio, como el adelanto del 10% de los recursos para arrancar. 

La presentación de la propuesta no implicaba ningún derecho de resarcimiento en caso de que la obra no se haga. Pero hay negociaciones informales y preocupación por el hueco que le deja a las empresas el fracaso de la obra. Por eso también hay tensión y lobby para que "sean tenidas en cuenta" para las obras que se hagan hacia adelante. El problema es que al menos dos de las empresas que eran parte del consorcio no están en una buena situación. Es lo que le pasa a IMPSA y CEOSA. El Gobierno posicionó el rescate de la metalúrgica fundada por la familia Pescarmona como una cuestión de Estado. CEOSA, con su poder dentro de la Cámara de la Construcción y su llegada al poder, también tiene una capilaridad importante hacia los gobiernos. Las dos obras que se proyectan como alternativas en caso de que no se liberen los fondos (El Baqueano y Uspallata) es hacia donde apuntan esas empresas. Pero si se diversifica, la disputa es mucho mayor. "Hay discusión interna sobre qué hacer y cómo administrar esos recursos entre municipios y empresas", aseguran, 

El principal problema para la ejecución inmediata de Portezuelo era político y legal. La oposición de La Pampa tuvo arraigo en las provincias vecinas y en la Nación, algo que denota la fragilidad institucional de Argentina: apenas tres años atrás la ecuación era al revés y todos apoyaban a Mendoza. Incluso, quienes conocen en profundidad el tema aseguran que no es legítimo el nuevo reclamo de La Pampa porque el laudo de Mauricio Macri y las actas del COIRCO ya habían dejado firme la decisión de avanzar con la obra. Pero en Argentina la política es el arte de hacer posible lo que no es posible, sobre todo si es para hacer daño. Pero aún con el COIRCO del lado mendocino, no todo estaba allanado. La principal preocupación era la Corte Suprema, donde a Mendoza ya le ha ido muy mal en la disputa por el Río Atuel. Ya había al menos dos demandas presentadas y solo faltaba la firma del contrato de obra para que se activen. Desde Fiscalía de Estado lo habían advertido, pero mucho antes lo hizo el Grupo Olascoaga y varios juristas: la Corte tiene un perfil ambientalista que podría darle lugar a los reclamos pampeanos y frenar indefinidamente los trabajos. Eso sí hubiera generado un daño patrimonial enorme. 

Inviable

Pero hay más. Portezuelo era una obra muy estudiada, pero en un contexto ambiental que ha cambiado. El Río Grande es el curso de agua más caudaloso de Mendoza y el menos aprovechado. También uno de los que sufre el cambio climático y que más ha reducido su volumen. Por eso las proyecciones estaban, para muchos, erradas. En Fiscalía de Estado también están los informes del IANIGLA que mencionan cómo disminuyó el caudal y que podría afectar el plan de llenado y generación de energía. En ese contexto Portezuelo parecía una obra obsoleta; con una infraestructura faraónica pero con resultados poco eficientes: no se aumentaban casi las hectáreas a irrigar (sin el trasvase al Atuel no es lo mismo), el transporte de la energía generada era caro e ineficiente, y el tiempo corría en contra. Hoy podría generarse la misma energía de manera más eficiente y con otros costos, como ocurre en San Juan con los parques solares. 

El Sur de Mendoza es el más perjudicado. Malargüe principalmente porque recibe un nuevo golpe a la posibilidad de recibir un empuje. San Rafael y Alvear también, que de manera subsidiaria recibirían beneficios y, además, fueron de los más perjudicados en su momento por la promoción industrial. Pero toda la provincia perdió tiempo y en ese lapso hubo un fuerte deterioro productivo. Desde 2007, cuando Julio Cobos y Néstor Kirchner firmaron el primer acuerdo, pasando por la inoperancia de Cristina Fernández de Kirchner, Celso Jaque y Francisco Pérez; hasta el acuerdo concreto entre Macri y Cornejo, pasando por la trunca licitación de Rodolfo Suarez y Alberto Fernández. Una triste historia que puede tener un final resiliente, pues aún hay 1023 millones de dólares para pensar otra Mendoza.