Aciertos, deslices y oportunidades en un Gobierno que se tropieza con sus errores

Es tan sorprendente como obsceno lo que ocurrió con el subsidio trucho que el Gobierno le intentó dar al exsenador Héctor Bonarrico. Por el formato, por el elevado monto y también porque el oficialismo, acostumbrado a la comodidad política, no logró construir un argumento verosímil para tapar el escándalo. 

El tema golpeó a una gestión a la que le importa mucho la imagen pública. Hasta ahora Suarez y su gobierno tienen una alta imagen positiva, a pesar de los errores. El Gobernador parecía inmune hasta ahora y descansaba en las encuestas favorables. 

Pero el caso Bonarrico ocurre en un contexto de hipersensibilidad social. Hay una hipocresía colectiva: en épocas de bonanza económica la transparencia es prescindible. En momentos de crisis, hasta el mínimo detalle genera indignación y se potencia la idea del chivo expiatorio.

Pues la política, los hechos de gobierno poco transparentes hoy no hacen más que agregar disvalor a un sector castigado. Los dirigentes políticos y las instituciones públicas están en uno de sus peores momentos en cuanto a la imagen pública. Entran también allí otros sectores ligados al poder: empresarios, periodistas, medios de comunicación, dirigentes sociales. No se salva casi nadie. Y emergen, en ese contexto, figuras disruptivas que captan el “hecho bronca”, la epidérmica ira social que nutre monstruos discursivos. Léase Javier Milei a nivel nacional.

El caso Bonarrico, incluso, tiene una característica que asombra: los elevados montos que maneja la política. Ya no solo por el desacople entre lo que ganan los dirigentes, asesores y demás. Sino hasta lo que se “paga” en concepto de recompensa: Bonarrico dice que le dieron 18 millones, como mínimo, por dos años gracias a su acuerdo político, entonces qué le quedará a un dirigente que tenga real relevancia electoral y política. La duda queda. El exsenador cobró caro no solo algunos votos a favor, sino el solo hecho de sentarse en su banca para dar quórum.

Agendas

Como ha ocurrido con otros escándalos de mayor o menor cuantía, tras este hecho es difícil que cambie algo. Sí, como ya ocurrió,  se van a sofisticar los mecanismos de acción.

El problema para el Gobierno que suele gastar tiempo para curar heridas autoinflingidas es que nuevamente se desvía de eje. Suarez y su equipo tienen una serie de oportunidades y problemas reales a resolver sobre los que no logra imponer agenda, aún cuando hay señales que podrían ser positivas.

La energía es uno de los ejes de la gestión que más demanda de atención necesita; por las carencias heredadas, por las necesidades y por las posibilidades que pueden abrirse.  

El viaje del Gobernador a Canadá, junto a una nutrida comitiva, es una señal. Tras haber vendido títulos sin contenido sobre Potasio Río Colorado durante una década, el mundo le da una oportunidad a ese proyecto hundido en Malargüe. Desde que Vale abandonó el proyecto en 2012, el sitio es un cementerio, un elefante blanco del que ni la empresa brasileña se pudo deshacer cuando intentó. La intención de cambiar la escala y que, gracias al elevadísimo precio de la materia prima que se produciría, ahora suena más creíble que a mediano plazo pueda haber algo productivo. Pero hay decenas de condicionantes, entre ellos el contexto macroeconómico nacional, la volatilidad mundial, los problemas logísticos de Mendoza y también el peso muerto de PRC.

La otra noticia que en el Gobierno analizan en cuanto a su impacto es el nuevo decreto para que las petroleras puedan disponer de parte de los dólares que se generan en esa industria. Mendoza volvió a participar de manera muy lateral del tema, pero pudo haber sido beneficiada por un lobby indirecto.

El decreto firmado por el presidente Alberto Fernández incluye entre los beneficios, e incluso con más beneficios, a proyectos petroleros que están en decadencia; de los que sobran en Mendoza. Así, los proyectos de recuperación terciaria que encara YPF y algunos que la propia petrolera estatal descarta por una cuestión de escala podrían revitalizarse. También los que tienen el holding de empresas ligadas a uno de los principales protagonistas del detrás de escena del nuevo Decreto, el mendocino José Luis Manzano. No estuvo en las fotos, pero sí de cuerpo presente en la presentación y en las negociaciones. El exministro del interior está en estado de gracia. Además de ser escuchado en el Gobierno por su vínculo e influencia en la industria petrolera, sus empresas eléctricas recibieron aumentos de las provincias y la Nación.

El Decreto permite que las empresas dispongan de una parte de los dólares que generan. En concreto el equivalente al 20% de lo que se genere por la mayor producción. Se toma como base el 2021, es decir un año de poca producción. Pero ese porcentaje crece mucho con otros anabólicos. Entre ellos, revertir yacimientos que hayan estado en decadencia, contratar empresas locales o “hiperlocales”, y también cuando se reactiven “pozos de baja productividad o previamente inactivos o cerrados, en asociación con terceros recuperadores”. Si se concreta o no ese proceso, será cuestión de ver para creer. Pero lo que seguramente va a ocurrir es la revalorización de muchos activos que eran considerados “residuales” o casi basura. El círculo del lobby cierra.