La suba del gas será menor en Mendoza pero sí impactará la de la luz

La Secretaría de Energía de la Nación oficializó este sábado el incremento en las tarifas de gas y electricidad que se aplicarán a partir del 1º de junio. Respecto al gas, la suba para los usuarios que no cuenten con tarifa social será de entre el 18,55% y 25%, pero en el caso de Mendoza el impacto será menor debido a la Ley de Zonas Frías sancionada el último año en el Congreso. De todas maneras, este beneficio se compensará ya que también se incrementará el componente nacional de la boleta de la luz de los mendocinos y se sumará a la reciente actualización de la parte local de la tarifa.

A través de la Resolución 403/2022, publicada hoy en el Boletín Oficial, se estableció un aumento de 41,7% en el precio del gas en boca de pozo, incremento que recibirán en su totalidad las empresas productoras. Esta suba implicaría entre un 18,55% y un 25% más en la tarifa que pagarán los usuarios en la región del Gran Buenos, debido a que la producción de gas explica un 39% de lo que se cobra en la factura final (los impuestos representan otro 27%; las distribuidoras, 24%, y el transporte, 10%).

Por su parte, en Mendoza la suba será inferior a la del área metropolitana de Buenos Aires y de otras regiones del país debido a la vigencia de la Ley de Zonas Frías, que establece un régimen tarifario diferencial para la gran mayoría de los departamentos y reduce los componentes de cargo fijo y cargo variable de la factura de gas para el servicio por redes.

A mediados de 2021 el Congreso aprobó la Ley N° 27.637 de Zonas Frías, un proyecto impulsado por el entonces diputado nacional mendocino José Luis Ramón en conjunto con el kirchnerismo. De hecho la iniciativa fue propuesta también por el diputado nacional del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y la senadora nacional mendocina Anabel Fernández Sagasti.

Según se deja entrever en la resolución, el descuento que tendrán los usuarios residenciales mendocinos será de alrededor del 36%, si bien al momento de aprobación de la ley se hablaba que la reducción podría ir de un 30% al 50% dependiendo de distintos criterios.

En la resolución publicada hoy se especifica un beneficio especial para las entidades de bien público que se encuentren en aquellas subzonas tarifarias alcanzadas por las compensaciones tarifarias previstas en el régimen establecido por la Ley N° 27.637 la misma estructura de valores unitarios máximos y rangos de consumo que el conjunto identificado como “Tarifa Residencial”. A estas asociaciones y otro tipo de organismos se les aplicará una “bonificación del 36,49% en el precio del Gas Natural por redes de cada una de tales categorías de usuarios Residenciales”.

De manera que este es el descuento concreto que tendría la tarifa residencial en las subzonas entre las que aparecen los departamentos mendocinos.

A su vez, la Resolución 405/22 publicada también este sábado en el Boletín Oficial, determina un incremento que impactará en la tarifa de la electricidad.

Se dispuso un incremento del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) Residencial que estará en el orden del 26%. Esto impactará en las facturas de la luz de los usuarios de cada provincia de manera distinta. Mientras que en el Gran Buenos Aires será de un 16,53%, se espera que en Mendoza sea inferior, pero se sumará a las recientes subas dispuestas en el componente provincial de la tarifa.

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) mendocino propuso un incremento del 8,8%, en promedio, que fue ratificado por el Gobierno provincial a través de un decreto publicado el pasado 19 de mayo. La suba se debe a la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD Propio), el componente de la tarifa que define el Ejecutivo provincial.

Días después el organismo de control confirmó que también aumentó el cargo por alumbrado público incluido en las facturas, cuya variación en las facturas promediará el 1,5%, dependiendo la categoría del usuario.

Es decir que a estos dos aumentos en el servicio eléctrico de la provincia, ahora se le aplicará el del componente nacional de la tarifa que resta conocer el impacto que tendrá en cada usuario.