Caso Bonarrico: el partido político "gemelo" al que iba el subsidio de $18 millones que otorgó el Gobierno

Hay un término que se usa en la jerga política que representa el reconocimiento por una "contraprestación" o un favor. Ese término es "pagar". Un partido le "paga" a otro con cargos, lugares en las listas o espacios de poder a cambio de apoyos, gestiones o votos. No necesariamente se habla de dinero; aunque en Mendoza ocurrió algo tan explícito que obliga a dejar de lado las metáforas. El exsenador Héctor Hugo Bonarrico recibió el compromiso de pago vía subsidios por al menos 18 millones de pesos a través de una fundación algo floja de papeles y cuyo pago él mismo se encargó de aclarar que era por un acuerdo político. Este viernes el Gobierno derogó el convenio. 

Los "pagos" por favores son comunes en la dinámica del poder. Cargos en la Legislatura, en los concejos deliberantes, lugares en las listas, contratos directos o indirectos. La exposición de esa lógica es lo que inquietó. 

Bonarrico fue electo senador por la oposición, se pasó al oficialismo y afilió su partido a Cambia Mendoza. El pago lo recibiría a través de una fundación creada en 2018 con poca actividad civil real y que tiene más olor a sello de goma que a actividad social. Es más: su organización es un calco del partido político que tiene como nombre de fantasía "Masfe" que el propio Bonarrico usa como mascarón.

Lo político, lo religioso y lo social están entrelazados en la vida pública de ese sector de Cambia Mendoza. Y todos son lo mismo. La Fundación Acción Social, que era la receptora del subsidio, tiene como presidente a Bonarrico  como tesorero a Eduardo Erario. El partido Partido Movimiento de Acción Social tiene una jerarquía idéntica: Bonarrico preside, Erario recauda.  Así figura en los balances que presentó ese partido ante la Cámara Nacional Electoral, balances que serán más flacos porque el partido está fuera de la ley: aún no presenta las rendiciones de cuentas de la última campaña y fue sancionado por la justicia electoral de Mendoza. 

El Gobierno se apuro a ejecutar una contramarcha y a desmentir a Bonarrico asegurando que no hay tal acuerdo político. Fuera de las interpretaciones políticas, el subsidio igual saltó de los carriles ordinarios. El acuerdo lo firma el Ministerio de Gobierno y se autodetermina como gestor de los controles, a pesar de la normativa y los "usos y costumbres". El Estado brinda ayuda social de manera indirecta, descentralizando a través de organizaciones sociales.

Lo hace, por ejemplo, a través de Desarrollo Social y vía el Fondo de Inversión y Desarrollo Social (FIDES) creado por ley. Para ello las organizaciones especializadas deben cumplir una serie de requisitos. Pues la organización social y política de de Bonarrico tenía destinados 9 millones el primer año y al menos otros 9 millones el segundo sin pasar por esos filtros. La otra vía de ayuda que reciben los cultos es para financiar la educación de gestión privada. En ese caso es la Dirección General de Escuelas la que administra esos fondos a través de subsidios directos: se paga parte o el total de los salarios docentes. Pero no se liberan cheques trimestrales para otorgar dinero de uso discrecional.

El convenio lo firmó Víctor Ibáñez, uno de los colaboradores más estrechos del gobernador Rodolfo Suarez y su custodio legal. De hecho Suarez pensó en postular a su ministro de Gobierno como juez de la Suprema Corte cuando se abra un cupo. Ese funcionario quedó en una posición incómoda, pues con su aval le hizo pasar un mal rato al mandatario mendocino. Ahora, también deberá buscar la forma de revertir la medida: el Decreto y el convenio. 

El hecho incomoda porque pone sobrerelieve la dinámica partidaria de la que Mendoza no es excepción: alianzas, acuerdos, favores que están más cerca de los negocios que de las convicciones políticas. El "pago" por los servicios prestados no es una novedad, el problema es que se muestre.

La verborragia de Bonarrico también es tema de análisis; si fue por descuido o todo lo contrario. El hombre, que es pastor y representa a un sector de los evangélicos y recibe el rechazo de otros, intentó sin ninguna suerte tener algún cargo público hasta que José Luis Ramón los sumó al ecléctico partido Protectora. Así llegó al senado de la provincia en 2017 y a poco de asumir se cruzó de la oposición al oficialismo. Luego se hizo parte oficial de una alianza más ecléctica aún: la oficialista Cambia Mendoza. Sin ninguna relevancia política propia, quedó al margen de las listas. Él mismo se encargó de decir en MDZ Radio que el acuerdo político para estas elecciones era recibir el pago tras dejar el Senado. Todos cumplieron su palabra, en especial el Gobierno: el 20 de abril se firmó el convenio y el 9 de mayo el Decreto para que se ejecuten los pagos. Igualmente este 27 de mayo, el Gobierno derogó el convenio.