Los próximos pasos del Gobierno para contener una crisis latente en Salud

El Gobierno de Mendoza obtuvo el aval legislativo para declarar la emergencia en anestesiología en toda la provincia y logró mitigar una crisis en un sector clave del sistema de salud. Lo hizo a través de un acuerdo político con la oposición, algo inusual para la dinámica política de los últimos años, fruto de la urgencia de encontrarle un “parche” al conflicto por las renuncias de anestesiólogos. En este sentido, el problema de fondo todavía sigue latente y el Ministerio de Salud tiene plazo de gracia de 4 meses para trabajar en una solución.

En relación a esto, la ley sancionada este martes establece que la ministra de Salud, Ana María Nadal, debe convocar a una Mesa de Dialogo con la participación de los sectores involucrados y con representación legislativa de las dos cámaras. Allí se comenzaría a delinear una posible salida, la cual reconocen en el oficialismo que tendrá que ver con alguna mejora salarial, pero además estudian la posibilidad de buscar alternativas para quitarle a la Asociación Mendocina de Anestesiología (AMA) el “monopolio” de la formación de profesionales.

Este sector viene reclamando desde hace tiempo un aumento en los honorarios para los anestesistas y a modo de protesta varios de ellos han tomado la decisión de renunciar. Según advirtieron desde la cartera sanitaria, en el año 2022 ya hubo 68 profesionales que han comunicado su voluntad de no renovar los contratos de prestación de servicios que mantenían vigente en el subsector público. Esto afecta directamente la prestación de un servicio esencial ya que hay 229 anestesiólogos con matrícula vigente en la provincia, de los cuales 150 trabajan en el Estado.

Esto repercute en que solo se está dando anestesia para las emergencias y en los hospitales grandes, y hay más de 1000 cirugías programadas en riesgo.

A partir de la emergencia declara el martes, el gobierno de Rodolfo Suarez consiguió frenar la ola de renuncias, ya que durante los próximos 120 días los anestesiólogos no se pueden negar a prestar el servicio, bajo la posibilidad de ser suspendidos en el ejercicio profesional de un mes a 5 años.

Originalmente se había pensado en sumar también como sanción que los renunciantes no podrían volver a ser contratados por la Administración Pública en los próximos 5 años, apartado que fue eliminado en la redacción final de la norma por pedido del Frente de Todos. Ese punto incluso era resistido en el mismo oficialismo. “Nos perjudicaba a nosotros mismos, porque son re pocos y no íbamos a poder contratarlos. Era una locura”, reconoció una figura del radicalismo en la Legislatura.

De esta manera, durante los próximos cuatro meses los profesionales de la especialidad de anestesiología no podrán renunciar y está la posibilidad de que ese plazo de excepción se prorrogue por cuatro meses más.

En este periodo el Ministerio de Salud podrá convocar a ex residentes o ex jefes de residentes de la especialidad de anestesiología o a profesionales anestesiólogos que hayan prestado servicios en el Estado en los últimos cinco años para sumarse al sistema de salud, además de poder trasladar, reasignar funciones y horarios de los profesionales que se encuentran actualmente trabajando.

No obstante, esto es un parche temporal a esta crisis ya que la emergencia no se puede extender de manera indefinida. Es por esto que la cartera dirigida por la ministra Nadal deberá encontrar una solución.

En el radicalismo aseguran que destrabar el conflicto será complicado y que seguramente ambas partes van a tener que ceder. Reconocen que si bien el Gobierno no puede pagar los honorarios que exige la AMA, deberán otorgar algún aumento.

“No se puede pagar lo que piden, porque además tenés que pagarles a todos, esto es una cadena. Podría ser un ítem de especialidad crítica que además debería abarcar a los neonatólogos, terapistas y otros más”, indican.

Sin embargo, en el Ejecutivo hay un gran malestar con la asociación a las que ponen el mote de “corporación” y destacan que no tiene personería gremial por lo que no deberían discutir salarios con ellos.

Asimismo, denuncian que AMA quiere tercerizar el servicio de anestesiología y que el Estado los contrate y les dé la responsabilidad de dar la anestesia a cada hospital. En el Gobierno resaltan que se trata de una facultad indelegable del Estado y no se puede tercerizar una especialidad así porque además los hospitales son estatales.

Otro punto de discordia entre los dos bandos tiene que ver con la formación de nuevos anestesiólogos. En este sentido, la ley de emergencia plantea que el Ministerio de Salud podrá arbitrar los medios tendientes a implementar la “formación y capacitación en prácticas anestésicas de profesionales médicos y técnicos anestesistas, como así también la formación de los profesionales residentes en la especialidad de anestesiología”.

Según explicaron desde el oficialismo, esto habilita a la cartera sanitaria a firmar convenios con otras instituciones nacionales para formar a estos especialistas.

Actualmente el cupo para los residentes en anestesiología lo fija el Ministerio pero desde AMA ponen un límite a cuántos pueden formar, ya que los encargados de hacerlo son los médicos que están nucleados en esa asociación y que se encuentran prestando servicios.

La provincia venía con un promedio de 10 nuevos profesionales por año pero en 2021 se negoció que solo fueran 6. Por eso en el gabinete provincial estudian la posibilidad de firmar un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) para la formación.

“Está ya por certificar con la CONEAU para formar la UNC. Entonces vos podés hacer un convenio y amplías el número de cupo de residentes. Así no quedás preso de la AMA, que es lo que ellos quieren y por eso manejan la cantidad de residentes”, expresó una voz del radicalismo al respecto.