El Gobierno frena ola de renuncias y aplaza el conflicto con anestesiólogos

El Gobierno frena ola de renuncias y aplaza el conflicto con anestesiólogos

La Legislatura de Mendoza sancionó este martes la declaración de la emergencia en la especialidad de anestesiología por 4 meses. La iniciativa impulsada por el Ejecutivo obtuvo un amplio respaldo de la oposición, con quienes se consensuaron modificaciones a la propuesta original.

Gianni Pierobon

Gianni Pierobon

El Gobierno de Mendoza consiguió este martes que la Legislatura sancione la ley que declara la emergencia en la especialidad de anestesiología en la provincia. De esta manera, consiguió mitigar la crisis que atraviesa este sector clave del sistema de salud y frenar la ola de renuncias de anestesistas. El oficialismo consensuó la redacción de la norma con el Frente de Todos y obtuvo un amplio apoyo opositor para su aprobación.

En un tratamiento legislativo exprés y en una doble jornada de sesiones, el Senado y la Cámara de Diputados avalaron el proyecto impulsado por el gobernador Rodolfo Suarez y presentado el viernes pasado por la ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal.

Tras horas de negociaciones entre lunes y martes, el Frente Cambia Mendoza y el Frente de Todos alcanzaron un acuerdo político para sancionar esta norma. El oficialismo hizo lugar a algunos de los planteos opositores y de la Asociación Mendocina de Anestesiología (AMA) y se incorporaron modificaciones a la redacción original de la propuesta.

Gracias a este consenso la emergencia obtuvo un amplio respaldo legislativo. En el Senado se aprobó por 36 votos a favor y 2 en contra. El rechazo vino de parte de los senadores peronistas Rafael Moyano y Bartolomé Robles, quienes en el último tiempo han hecho públicas sus disidencias con la actual conducción del Partido Justicialista (PJ). Mientras que en la Cámara Baja el aval logró casi unanimidad, ya que solo la diputada del Partido Demócrata, Mercesdes Llano, se opuso.

En concreto, la ley declara la emergencia en la especialidad de anestesiología, en todos los servicios y/o unidades y/o divisiones y/o secciones de los establecimientos sanitarios del subsector público de la Provincia de Mendoza, por el plazo de 120 días. Se aclara que este plazo será prorrogable por otro periodo igual por única vez, por Decreto del Poder Ejecutivo, el que entrará en plena vigencia luego de su ratificación legislativa.

A partir de esta norma, las renuncias de los profesionales que presten servicios y/o cumplan funciones en los servicios de anestesiología de los establecimientos de salud del subsector público, se harán efectivas una vez notificada su aceptación o transcurrido el plazo de 120 días corridos de presentada la misma.

Determina que durante este periodo, el profesional que haya presentado su renuncia deberá cumplir con las exigencias y necesidades de su servicio y/o funciones profesionales. “En caso de incumplimiento, será de aplicación la sanción de suspensión en el ejercicio profesional de un mes a 5 años, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley Nº 2636 y su decreto reglamentario, sin perjuicio de las acciones penales y civiles que pudieran corresponder”, se detalla en el texto. El oficialismo accedió a eliminar del borrador la sanción que establecía que quienes renuncien, no podrían volver a ser contratados por la administración pública en los próximos 5 años.

De esta manera, el Gobierno provincial busca frenar la ola de renuncias de anestesiólogos, disconformes con el pago de las prestaciones. Según el Ministerio de Salud, en el año 2022, 68 profesionales han comunicado su voluntad de no renovar los contratos de prestación de servicios que mantenían vigente en el subsector público. En tanto, advierten que existen en la provincia 229 anestesiólogos con matrícula activa, de los cuales solo 61 poseen cargos de planta.

La senadora radical Natacha Eisenchlas fue una de las voceras del oficialismo durante el debate y fue contundente en apuntar contra la organización que nuclea a los anestesiólogos que han puesto en jaque miles de cirugías programadas en Mendoza con este reclamo. “Nos hemos puesto de acuerdo en una situación que había que solucionar. Le estamos diciendo a la gente que el Estado está presente. Lo que estamos haciendo es poner límites a ciertas prácticas monopólicas. Las organizaciones tienen el derecho de defender sus intereses. El problema es cuando vulneran los derechos de los mendocinos. Ojala que con la mesa de dialogo que propuso la oposición se construya otra instancia”, expresó la presidenta provisional del Senado.

Por su parte, el presidente del bloque de senadores del Frente de Todos, Lucas Ilardo, aprovechó para cuestionar la política sanitaria del Gobierno provincial, pese al consenso para sancionar esta ley. “El tiempo termina demostrando que mucho de lo que decíamos con respecto a la salud, viene pasando. Esto ocurre no solo con los anestesistas, sino también con todos los médicos. El agua les llegó al cuello, y si no debatíamos este proyecto, estaba en jaque el sistema de salud en la provincia de Mendoza. El Gobierno tiene 120 días pare resolver este conflicto”, indicó.

No obstante, la postura del peronismo no fue unánime en la votación y dos de los integrantes de la bancada votaron en contra. Se trató de los senadores Moyano y Robles, quienes en las últimas semanas han hecho públicas sus diferencias con La Cámpora. Al momento de justificar su voto en contra, el segundo de esos legisladores calificó esta ley como un “mamarracho jurídico” y resaltó que es inconstitucional.

En cuanto a la discusión en la Cámara de Diputados, el consenso fue más amplio y solo la legisladora demócrata Mercedes Llano votó en contra. “Esperemos que se busquen soluciones definitivas estables y sostenibles en el tiempo. La solución no pasa por la fuerza y mucho menos por demonizar a ciertos sectores. Necesitamos en el sector público devolverles el prestigio perdido a los empleados”, manifestó la dirigente opositora.

Si bien es una buena noticia para el Ejecutivo provincial la sanción de esta norma, con ella no resuelve la cuestión de fondo que es el conflicto con los anestesiólogos. La gestión de Suarez simplemente ganó tiempo para trabajar en una solución a largo plazo de la problemática.

Según destacan en el oficialismo, la pelea con este sector de la salud se terminaría resolviendo a través de un acuerdo que involucre un aumento en las remuneraciones para los anestesiólogos, entre otros puntos a convenir.

En ese sentido, la ley establece que el Ministerio de Salud convocará a una Mesa de Dialogo con la participación de los sectores involucrados, la cual contará también con representación legislativa. Las reuniones se realizarán una vez por mes, mientras esté vigente la emergencia.

A su vez, la cartera sanitaria también podrá arbitrar los medios tendientes a implementar la formación y capacitación en prácticas anestésicas de profesionales médicos y técnicos anestesistas, como así también la formación de los profesionales residentes en la especialidad de anestesiología.

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