Campesinos de Lavalle niegan vínculos con Pérsico y reclaman su tierra
Títulos superpuestos, grandes extensiones de tierra y un potencial negocio millonario. En Jujuy el gobernador Gerardo Morales denunció la entrega de 23 mil hectáreas de tierras privadas a organizaciones políticas y campesinas vinculadas al Movimiento Evita. Como un efecto dominó, en Mendoza una familia asegura haber sido víctima de la misma práctica y apuntaron contra Emilio Pérsico y funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Tierras, pero sobre todo denuncian que la Unión de Trabajadores Sin Tierra (UST) se quedó con una ripiera que era de su propiedad con el objetivo de abastecer de áridos las obras de la doble vía a San Juan. "La asociación no explota la ripiera. Nadie la explota. La ripiera no está habilitada por minería", aclaró el responsable de la UST Diego Montón y legitimó el reclamo de los puesteros que desde hace décadas viven en ese territorio.
"Esto no tiene nada que ver con lo de Jujuy", afirmó a MDZ y dijo que la Asociación Campesina de Cuyo viene con gestiones a favor de los puesteros desde hace más de 15 años que constan en expedientes y en relevamientos productivos de forraje.
"Hay un informe del 2008 de irrigación y ubica a familias parcelas y puestos con nombre y apellido. Lo que plantea Pablo Rodríguez Peña es que vino un grupo de gente y a partir de una firma de Emilio Pérsico empezaron a tener derechos. No es así", adhirió.
En concreto, Rodríguez Peña asegura ser el propietario de miles de hectáreas en Lavalle y acusa que en 2015, con la firma de Emilio Pérsico como responsable, la Secretaría de Agricultura Familiar le entregó 93 mil hectáreas de su propiedad a la UST. "Cuando llegué no me los encontré arreando cabras ni haciendo agricultura familiar. Los encontré con máquinas sacando áridos de mi cantera para venderlos a la Municipalidad de Lavalle, de la cual fuimos proveedores durante años", remarcó.
Al respecto, Diego Montón negó de forma categórica que la UST o la Asociación Campesina de Cuyo hayan explotado esa ripiera y agregó que "la UST no tiene vínculo con el Movimiento Evita" de Emilio Pérsico. "No estamos dentro de la UTEP, estamos en la Mesa Agroalimentaria Argentina", manifestó para refutar las acusaciones de Rodríguez Peña.
La ripiera ubicada en esa propiedad es el foco del conflicto y si bien Diego Montón afirma que hoy no está siendo explotada, reconoció el interés por parte de terceros para hacerlo. Según la familia Rodríguez Peña, la trabajan desde1984 y, en 2016, se encontraron con personas que les impidieron ingresar aduciendo la posesión de la propiedad.
En los últimos años, con el avance del proceso licitatorio de la doble vía a San Juan la ripiera se convirtió en un negocio atractivo. Su ubicación le da un potencial único para proveer de áridos a Vialidad Nacional en la construcción de la ruta.
"En 2017 Pablo Rodríguez Peña vino de Rosario cuando se movió lo de la doble vía y como vio el negocio, porque tienen áridos, entraron armados y colocaron un conteiner. El juez les ordenó salir y está procesado por amenazar a los campesinos", manifestó Montón. Esa causa está elevada a juicio y Rodríguez Peña afirma que las armas están registradas y niega haber amenazado a nadie.
La ripiera de la discordia
La causa penal que tiene a Pablo Rodríguez Peña como imputado se inició por presuntas amenazas en el ingreso a la ripiera ubicada en la propiedad. Desde la Asociación de Campesinos de Cuyo admiten que han recibido consultas para explotarla pero niegan que hoy se esté extrayendo material.
"Hay una motivación económica porque un poco más al sur hay dos canteras que están abasteciendo la obra y ves los camiones y pensás en la plata que se está moviendo. Pero la Asociación es de la vida campesina de los que tienen vacas y cabras desde toda la vida", manifestó Diego Montón desmintiendo que la UST esté explotando la cantera.
"La ripiera es una olla muy antigua. Yo lo único que vi es que Vialidad sacó material hace 12 años aproximadamente. A los Rodríguez Peña los conocimos en 2016. No nos consta que antes sacaran material", manifestó.
"El ripio que llevaba Vialidad era para calles de Lavalle y la Asociación de Campesinos los dejaba pasar por la tranquera. Ese es el funcionamiento que vimos con Vialidad. Esa cantera está dentro de la mensura que hace la Asociación", reconoció.
Incluso, dijo que "en el medio vinieron muchos interesados en la cantera a hablar con la Asociación" pero no se pudo avanzar porque no estaban los permisos de la Dirección de Minería.
"Hoy nadie explota a la cantera. Económicamente no sabemos si hay acuerdo con Vialidad. No hay expediente de relación comercial con Vialidad o la Municipalidad", finalizó.
La Caja de Pandora
Más allá del conflicto por la ripiera, existen miles de hectáreas en Mendoza con títulos superpuestos y propietarios que reclaman su posesión. En ellos viven puesteros que pastorean en la zona y que -nucleados en agrupaciones como la Asociación de Campesinos de Cuyo- tramitan la titularización de esas tierras.
"La asociación tiene un campo delimitado por picadas y tiene una mensura aprobada por catastro, donde pastorean animales", manifestó Montón y dijo que en la zona de "El Quemado" donde Rodríguez Peña lleva adelante su reclamo "hay una mensura donde Irrigación reconoce a la Asociación como poseedora".
Sucesiones, litigios, informes técnicos. La maraña es tan compleja que incluso se dan situaciones llamativas como el hecho de que la misma funcionaria de la Secretaría de Agricultura Familiar que firmó el informe técnico a favor de la UST-de apellido Díaz Valentín- figura como una de las adjudicatarias de 600 hectáreas cedidas por Irrigación.
"Diaz Valentín vive en el lugar pero no es socia de la asociación y no figura como beneficiaria. No está en la UST", remarcó Diego Montón. "No es socia y no es beneficiaria. En persona jurídica está la Asociación de Campesinos con sus socios. Buscan embarrar con algo que no tiene semejanza con lo de Jujuy que tampoco es que hubo adjudicación de tierra. Es un relevamiento donde los técnicos relevan dónde están los puestos, cuántos animales tienen y donde pastorean", finalizó.
"No hay conexión con lo de Jujuy salvo por la firma de Emilio Pérsico que en 2014 era el Secretario de Agricultura Familiar y hoy esa dependencia es dirigida por alguien que le responde", concluyó.