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Dos funcionarios a juicio por omitir controles en fumigación con agroquímicos

Se trata de dos funcionarios de la municipalidad de Pergamino y están acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público
Foto: SLS
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El fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello, solicitó la elevación a juicio de Guillermo Nicolás Naranjo y Mario Daniel Tocalini, titular y auditor de la Dirección de Ambiente Rural de la Municipalidad de Pergamino, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, dado que -según la acusación a la que tuvo acceso MDZ- “omitieron actuar y por lo tanto incumplieron con lo estipulado por los artículos 6, 16 y 17 de la ordenanza Municipal N° 8126/14, permitiendo desde el año 2015 que se realicen fumigaciones con agroquímicos sin los debidos controles en campos lindantes a la zona urbana”.

El representante del ministerio público fiscal también les atribuye haber omitido actuar en su carácter de funcionarios municipales, ambos de la Dirección de Ambiente Rural de la Municipalidad de Pergamino, en el cumplimiento de las disposiciones emanadas de la Ordenanza Municipal en el monitoreo y control, respecto de las aplicaciones con agroquímicos acaecidas a fines del año 2018 y el 21 de enero de 2019 en el citado predio propiedad de Tiribó, y el 20 de agosto de 2018 en el campo de Roces, “permitiendo que dichas fumigaciones se realicen en zonas prohibidas; haber omitido actuar como funcionarios públicos y responsables del área aludida, en el monitoreo o control a las aplicaciones con agroquímicos y/o fitosanitarios en el campo ubicado en la localidad de Juan Andrés de la Peña, partido de Pergamino, ubicado en la calle Ricardo Guiraldes esquina Leopoldo Lugones, propiedad de la familia Acervo, desde al año 2015, contribuyendo los hechos mencionados precedentemente a contaminar el medio ambiente.”

La investigación se inició como un desprendimiento de la causa que se tramita en el Juzgado Federal de San Nicolás, donde se investiga a los propietarias de los campos fumigados por contaminación ambiental de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos, como es el caso del glifosato.

De acuerdo con la denuncia de distintas vecinas y vecinos de Pergamino, entre los años 2015 y 2019 las autoridades municipales, a través de la Dirección de Ambiente Rural, no controlaron las sustancias con las que se fumigaban los campos próximos a la zona urbana, ni la forma en que se hacía, lo que implicó una violación al Decreto Municipal que regula el uso y aplicación de sustancias fitosanitarias.

También denunciaron que el ingeniero agrónomo Naranjo y el veterinario Tocalini -en sus calidades de auditor y titular de la Dirección de Ambiente Rural, respectivamente- fueron advertidos de lo que ocurría, pero no brindaron ninguna solución, se excusaban y justificaban el accionar de los propietarios de los predios, al tiempo que nunca exhibieron las autorizaciones o documentación que habilitara las fumigaciones cuestionadas.

Para Di Lello, Tocalini y Naranjo no controlaron las fumigaciones, algunas en la zona del casco urbano de Pergamino, en incumplimiento con el margen de 100 metros de exclusión dispuesto por la normativa municipal vigente. “Esta omisión por parte de los funcionarios permitió espacios de discrecionalidad indebidos en una actividad que por su enorme riesgo -teniendo en cuenta que aquellas aplicaciones se realizaron a escasos metros de la zona urbana, sin receta agronómica, sin número de registro del aplicador, sin tener en cuenta las condiciones climáticas y vertido glifosato combinado con 2-4-D (producto recientemente prohibido por el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires)- debía ser objeto de un efectivo control”.

De este modo el fiscal solicitó al magistrado la elevación a juicio de los funcionarios al entender que ha quedado demostrado “que Naranjo y Tocalini, omitieron dar cumplimiento a sus deberes conforme fue desarrollado a lo largo de este extenso dictamen, quedando acreditado de qué manera participaron personalmente en los hechos de los que se los acusa”.

En cuanto a la participación de los imputados en el hecho, Di Lello entendió que que deben responder en carácter de autor.