La pelea de fondo con un grupo de médicos a los que el Gobierno denuncia por extorsión

La declaración de la emergencia en anestesiología en un hecho trascendente para el Gobierno y supone un quiebre con uno de los sectores más complejos del sistema de salud. Desde el Ministerio de Salud hacen oficial algo que se cuece desde hace tiempo y por eso acusan a los anestesiólogos de "extorsionar" y de intentar privatizar una parte de la salud pública.

La ofensiva incluye una medida que puede tener repercusión nacional, pues es la misma tensión que existe en todo el país: quitarle el manejo estricto de los ingresos y contrataciones de la especialidad. Por eso convocan hasta a los anestesiólogos jubilados y a otros médicos que puedan ejercer. Además, habilitarán más residencias, pues según datos del Ministerio de Salud hay menos de 300 anestesiólogos en toda la provincia y más de 700 residentes que no pueden ejercer por el "cepo" que hay. 

Por eso entre las medidas que se piensa ejecutar con la emergencia está la convocatoria a anestesistas nuevos, jubilados o incluso a otros médicos y también la apertura de residencias. Los anestesistas que renuncien, no podrían trabajar para el Estado por al menos 5 años. 

Tensiones

Esa especialidad se ha convertido en una de las que más ingresos le garantiza a los médicos que la siguen, justamente producto del cerrojo para el ingreso (entre otras cosas). En toda la provincia hay 229 especialistas y 120 trabajan para el sector público y solo 61 tienen cargos de planta. Allí hay una particularidad: pocos acceden a los ofrecimientos para estar en blanco porque optan por la modalidad de prestaciones. Justamente el "costo" de esas prestaciones es lo que está en discusión y quién lo administra. Desde la asociación que los nuclean tensionan para tener el control y pidieron una suba del 50%  este año. 

En cuanto a la restricción para el ingreso, los números son indicativos. Desde Salud informaron que hay "768 anestesistas residentes que no pueden completar sus estudios debido a esta situación". Por eso la en el marco de la emergencia le quitarían la potestad de poner cupos y aranceles altos a la "corporación" de los anestesiólogos, como lo mencionan en el Ejecutivo. 

Esa situación fue parte de los debates internos del Gobierno también y había dudas sobre qué camino seguir: ceder para descomprimir o ponerse duros para blanquear lo que consideran es "una extorsión" permanente. Desde los números, aseguran, las pretensiones de esos médicos generaría un desequilibrio en las cuentas y una situación de inequidad con el resto. Pero desde lo político, entienden, era claudicar con las propias potestades del Ministerio de Salud para "privatizar" un tipo de prestaciones. 

Por las renuncias y las medidas de fuerza las cirugías en los hospitales públicos están resentidas y se alargan las listas de espera. La emergencia que busca ejecutarse podría tensar más la relación. Para el Gobierno, la actitud de esos médicos atenta contra la salud pública. “Frente a esta actitud corporativa, las cirugías programadas se han reducido 40% frente a los períodos normales”, explicó la ministra de Salud Ana María Nadal. 

El oficialismo tiene mayoría en la Legislatura para declarar la emergencia. Pero buscan que haya apoyo de la oposición.