Salud

Declararán la emergencia en anestesiología para enfrentar la crisis en el sector

Los anestesiólogos presionan y hubo renuncias masivas. Ante esto, el Gobierno busca declarar la emergencia a través de una ley para facultar al Ministerio de Salud a controlar el servicio. Convocarán a más profesionales y buscan tener nuevas residencias. Una pelea de fondo.

Andrea Ginestar
Andrea Ginestar viernes, 13 de mayo de 2022 · 13:50 hs
Declararán la emergencia en anestesiología para enfrentar la crisis en el sector

El Gobierno tomó una drástica decisión con uno de los problemas más agudos del sistema de salud: envió un proyecto para declarar la emergencia en anestesiología para hacerle frente a la tensión que existe y que ha generado una crisis en la salud por las renuncias, las exigencias de parte de los anestesiólogos y la negativa a sumar más recursos humanos especializados. 

La falta de anestesiólogos y las exigencias de parte de ese sector han puesto en jaque la actividad de los quirófanos en la salud pública. En los últimos meses hubo renuncias, amenazas y medidas de fuerza. "Para llegar a este paso hemos tenido múltiples reuniones con las representantes para buscar acuerdos para mejorar la situación o acompañar la situación con las herramientas. Ante la negatividad de las propuestas hecha nos vemos obligados a tomar esta decisión porque estamos del lado de los mendocinos y esto atenta contra la calidad de la salud de los mendocinos. Esta situación corporativa y de manejo sectorial pone en riesgo la salud. Estamos obligados a resguardar la salud", dijo Ana María Nadal, ministra de Salud.  

Los quirófanos de Mendoza trabajan con problemas por las medidas de los anestesiólogos. 

En detalle

Desde el Gobierno aseguran que las instancias de negociación no se agotan, pero que requieren tomar medidas de fondo. Por eso buscan declarar la emergencia por 18 meses y facultar al Ministerio de Salud para que en ese período poder convocar a nuevos  anestesiólogos para trabajar en prácticas y guardias e incluso sumar médicos de otras especialidades para que hagan prácticas de anestesia.  También para formar nuevos profesionales. Allí está una de las claves, pues la puja por restringir el ingreso de nuevos anestesiólogos es una de las más duras: desde las asociaciones que nuclean al sector mantienen un cerrojo para las residencias; ahora desde el Estado buscan abrir más cupos. En el mismo proyecto se estiran los plazos para aceptar las renuncias de los anestesiólogos. "Nos otorgan herramientas para avanzar en la formación y tomar residentes y facultar a otros especialistas a realizar prácticas en anestesia", agregó la ministra. 

"No queremos que haya inequidades salariales entre los profesionales de la salud. Están exigiendo el doble de lo que actualmente está pagando la provincia de Mendoza. El pago de estas guardias de prestación son un argumento a llegar a un paso más allá que es la tercerización de los servicios de anestesia",  aseguró Nadal. 

La declaración de la emergencia responde a las renuncias masivas que se ejecutaron en varios hospitales públicos y a la negativa de aumentar la formación de recursos humanos. Además, hay una fuerte pelea por las condiciones de contratación: los anestesiólogos exigen condiciones excepcionales que, según el Gobierno, se salen de los márgenes de sustentabilidad del sistema y generarían privilegios respecto al resto de los médicos. 

La decisión también aborda una pelea de fondo con los especialistas y que ocurre en todo el país. Desde el 1 de abril pasado comenzó la estrategia de presión. En total 68 anestesiólogos de los 150 que tenía el sector público no renovaron sus contratos, con impacto enorme sobre el sistema. El Gobierno acusó que se trató de un método extorsivo para presionar. La situación de Mendoza es un tema común en otras provincias, en los debates de Cofesa hemos tratado este tema. Hay antecedentes de leyes y regulación en materia de anestesia", contextualizó Nadal.

En proyecto enviado a la Legislatura busca declara la emergencia "en la especialidad de anestesiología" por 18 meses. En ese sentido, exceptúa a ese sector del límite de contrataciones, se estiran los plazos para aceptar las renuncias y les pone una condición: si renuncian efectivamente, no podrán volver a ser contratados por 5 años. Además, se faculta al Ministerio de Salud para convocar a "ex residentes o profesionales que hayan prestado servicios en el Estado en los últimos 5 años" o incluso a personal jubilado para prestar servicios. La apertura de nuevas residencias es otra de las disposiciones más importantes. 

 

 

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