Tras el freno a Portezuelo

Rebelión del Sur para exigir obras en esa zona con la caja de U$S 1.023 millones

Los sectores políticos y empresarios de los departamentos de Malargüe, San Rafael y General Alvear comenzaron a moverse para exigir que los fondos previstos originalmente para Portezuelo del Viento se terminen destinando a inversiones en la región sureña.

Gianni Pierobon
Gianni Pierobon jueves, 12 de mayo de 2022 · 15:10 hs
Rebelión del Sur para exigir obras en esa zona con la caja de U$S 1.023 millones
Marcolini se une a sus pares del Sur para reclamar por los fondos de Portezuelo. Foto: Gentileza

Los departamentos de Malargüe, San Rafael y General Alvear se preparan para confluir en un frente común para exigir que los U$S 1.023 millones previstos originalmente para Portezuelo del Viento se terminen destinando a obras en el sur de Mendoza. Luego de que el presidente Alberto Fernández frenara el proyecto hidroeléctrico, comenzó a gestarse una rebelión sureña para que las inversiones en infraestructura se queden en la región.

Los sectores políticos y empresarios de estas tres comunas organizaron encuentros para discutir qué ocurrirán con los recursos que enviará la Nación a Mendoza, de los cuales ya llegaron a la provincia US$ 422 millones que se encuentran retenidos en un fideicomiso.

Desde el Gobierno de Mendoza siguen apostando a la cautela y resaltan que hay que esperar a que se oficialice el laudo a través del cual Fernández pedirá nuevos estudios de impacto ambiental para avanzar con la represa proyectada sobre el Río Grande, en Malargüe, lo que trabará indefinidamente la obra.

Suarez dijo que van a esperar la letra del Laudo para decidir qué camino seguir. 

Espera 

Ayer el gobernador Rodolfo Suarez dijo que hay que esperar el aludo porque hoy la provincia no puede disponer libremente de esos recursos, ya que el convenio firmado en 2019 entre los por entonces presidente Mauricio Macri y gobernador Alfredo Cornejo estableció que los U$S1023 millones debían utilizarse a obras hídricas destinadas a la generación de energía. El Ejecutivo mendocino espera que se libere ese dinero para obras hídricas específicas y energéticas, además de productivas.

No obstante, el Gobierno no tiene definido a qué obras alternativas estarían destinados esos fondos. “Hay que consultar a toda la ciudadanía, a las universidades, a los intendentes, a los partidos políticos, a las cámaras, a los productores, al mendocino de a pie”, manifestó el mandatario provincial.

En este contexto de incertidumbre, en el sur mendocino no quieren perder tiempo y empezaron a presionar para que la inversión se quede en la región.

Esta semana tuvo lugar una cumbre de dirigentes políticos y representantes de cámaras empresarias en San Rafael y también ocurrió lo mismo en Alvear. El objetivo fue discutir el destino de los fondos que ya no se usarán para Portezuelo. A su vez, este jueves por la noche se realizará un encuentro de similares características en Malargüe.

En tanto, está previsto que la semana que viene haya una reunión con representantes de los tres departamentos para definir una postura común a nivel regional sobre el destino de los U$S 1023 millones.

El sur se rebela

Los tres departamentos del sur comenzaron a moverse y planificarán una estrategia conjunta para que la región no quede postergada en el eventual "Plan B" de obras y que termine recibiendo inversiones en materia hídrica y energética.

El intendente malargüino Juan Manuel Ojeda ya había adelantado que ante un laudo desfavorable sobre Portezuelo del Viento exigiría que su comuna sea compensada con parte de esos recursos. En línea con esto, hoy a las 20 habrá una reunión en la Cámara de Comercio de Malargüe a la que se ha convocado a todo el arco político del departamento, a los representantes del sector empresario y a las instituciones intermedias.

“El objetivo es generar un documento para luego volcarlo en conjunto a trabajar con el resto de los otros dos departamentos”, manifestó a MDZ el titular de la cámara malargüina, Gustavo Miras. Remarcó que tienen como premisa que la estrategia parta de Malargüe ya que es el territorio en el que se iba a emplazar la obra Portezuelo del Viento. “La idea es que sea el conjunto de los representantes de la sociedad malargüina los que manifiestan el interés en trabajar en conjunto con San Rafael y General Alvear”, sostuvo.

Días atrás un encuentro similar tuvo lugar en Alvear. El intendente radical Walther Marcolini también reunió legisladores provinciales de ese departamento y concejales de las distintas fuerzas políticas y a representantes del sector empresario para discutir qué debería ocurrir con los millonarios recursos.

“Concluimos en el Trasvase del Río Grande al Río Atuel como prioridad junto a la eficiencia hídrica con el revestimiento de canales y la mejora intrafinca. Es importante unificar una sola postura del departamento y una postura común a nivel regional con el Sur, que es lo que trataremos de hacer en los próximos días conversando con las entidades y con el poder político de San Rafael, lo mismo con el departamento de Malargüe”, manifestó el jefe comunal.

Por su parte, en San Rafael se había realizado una reunión de similares características en la Municipalidad. El concejal a cargo de la Intendencia Paulo Campi se reunió con los ex intendentes Vicente Emilio Russo y Omar Félix; con el actual presidente del Concejo Deliberante, Pablo Zapata. Mientras que el intendente Emir Félix, quien se encuentra de licencia médica, participó de forma virtual.

Además de las figuras políticas también dijeron presente representantes de la Cámara de Comercio, de Turismo, la Sociedad Rural y universidades regionales.

Los sanrafaelinos enarbolan la bandera de que el juicio por los perjuicios de la Promoción Industrial que terminó generando el convenio para el envío de los U$S 1023 millones nació de ese departamento. Argumentan que esta hecho legitima el reclamo para que los fondos queden en el sur provincial.

Días atrás, el actual diputado provincial Omar Félix expresó en declaraciones a MDZ Radio que “el origen de estos fondos no se lo debemos principalmente a la política sino que se originan por un juicio de la Cámara de Comercio de San Rafael al que luego se suma la Cámara de Comercio de General Alvear por los perjuicios generados por la Promoción Industrial. Posteriormente, en la época del gobernador Arturo Lafalla se hace parte el Gobierno de la provincia en el juicio”.

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