Afiches contra Cristina: el fiscal Leonel Gómez Barbella reiteró el pedido de detención de uno de los implicados

En el marco de uno de los expedientes que investiga los carteles con frases ofensivas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el fiscal Leonel Gómez Barbella le imputó días atrás a Francisco Serrano haber participado de la maniobra investigada ya que habría sido quien le reconoció a Julio César Franchino, en su carácter de presidente de la firma Vía Graphic, haber sido el encargado de imprimir los carteles. Esto según consta en la declaración testimonial. 

Además, aportó entonces documental donde consta que había que abonar a Serrano la suma de 282.000 pesos por el 60% del trabajo y el restante 40% la suma de 188.000 pesos. Asimismo se afirmó que había gestionado el trabajo con el detalle de diferentes lugares de la ciudad donde los pegarían. 

Esto último es coincidente con la denuncia que dio origen a esta causa, presentada por Juan Albistur en representación de la empresa Al Sur, que tiene la concesión de espacios públicos para cartelería y que consideró que los sucesos ocurridos le generan un perjuicio.

El fiscal, al reiterar el pedido, refirió además que la declaración de Darío Méndez en sede policial colocaba a Serrano en ese rol al describir cómo su hijo llevó a cabo las colocaciones de los carteles a pedido del imputado a cambio de 90 mil pesos.

En ese sentido, manifestó Gómez Barbella que el viernes pasado una persona que dijo ser Serrano se comunicó con la fiscalía avisando que se presentaría en sede judicial, algo que no ocurrió ayer lunes. Es por esta razón que reiteró hacer efectiva la detención que no pudo llevarse adelante la semana pasada a fin de recibirle declaración indagatoria “ya que existen serios y fundados indicios de que el nombrado claramente podrá entorpecer la investigación y darse a la fuga”.

Por otra parte, y a través de otro escrito, el representante del Ministerio Público Fiscal le solicitó al juez Manuel de Campos que requiera a la Justicia de la Ciudad que decline la competencia y se inhiba de seguir investigando debido a que en “esta jurisdicción se investigan delitos que exceden la competencia local”. Además, aseguró Gómez Barbella que tener los expedientes por separado podría afectar contra la los principios básicos de economía procesal y de una mejor y pronta administración de Justicia.