La "rentabilidad inesperada", la realidad y el fracasado antecedente radical

Según aclara el propio oficialismo, el proyecto en su composición y contenido aún está verde. En concreto, de la "renta inesperada", sólo se sabe que gravará en un 15% más el Impuesto a las Ganancias, con lo que la presión del tributo alcanzaría al 50%. Que en la mira habría unas 2.000 empresas (no personas) que se distribuirían en sectores como petroleras y energéticas, químicas, alimenticias y, fundamentalmente, el campo en casi todas sus variedades. Se supone que las empresas que inviertan o tomen personal no deberían pagarlo, o liquidarían menos. Finalmente se considera en el Gobierno que habrá algún tipo de diálogo y negociación con los propios empresarios, para que se encuentre un punto intermedio que facilite la redacción, presentación, aprobación y aplicación del tributo. Difícil.

Sobre su aprobación hay aún más dudas. Se sabe que Juntos por el Cambio (JxC) votará en contra, lo mismo que el puñado de legisladores que responden al gobernador cordobés Juan Schiaretti; con lo que todo dependerá del bloque Federal de Graciela Caamaño y Florencio Randazzo. Se sabe también que los sojeros y los aceiteros están casi en pie de guerra, y que incluso avanzan en la alternativa de protestas abiertas y públicas en contra de un impuesto al que relacionan con un incremento en las retenciones.

Políticamente hablando, sorprendió en el Ejecutivo que desde el kirchnerismo no haya habido un apoyo explícito y público a la idea, y que ayer la falta de contundencia del presidente en la condena ante el conflicto por el Consejo de la Magistratura haya sido el objeto de las críticas desde el bando opositor oficialista.

Lo cierto es que el impuesto a la "renta inesperada" tiene un antecedente histórico; que, curiosamente, no proviene de un gobierno justicialista sino radical. Se trata del tributo al "ahorro forzoso" aplicado por Raúl Alfonsín a fines de 1987, bajo recomendación directa del Fondo Monetario Internacional (FMI). Eran tiempos de comienzos del fracaso del Plan Austral y de creciente inflación y déficit fiscal, lo que derivó en una idea del equipo de Juan Vital Sourrouille para crear un esquema que terminó en la ley de Ahorro Obligatorio.

No fue más que un impuesto sobre la renta que recayó en unos 300.000 contribuyentes, con devolución a los 60 meses, con una tasa de interés fija de 3% mensual; un nivel que finalmente terminó licuado ante una inflación que triplicó ese nivel. Finalmente en abril de 1988, el país entró en moratoria del pago de su deuda externa; en mayo se aplicó una devaluación de 150%, y la inflación pasó del 160 al 5.000 anual en 1989.  

Todo terminó de una manera bizarra. En junio de 2001, a meses del estallido del fin de la convertibilidad, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) terminó de devolver el impuesto; con pérdidas para los contribuyentes que liquidaron el tributo de hasta 93%.

La fecha de devolución comenzó a fines del '89; en un cronograma de cinco años que luego se extendió a partir de la propia AFIP hasta el 2001. En el medio, estallaron las dos hiperinflaciones, y si bien de alguna manera el interés fue creciendo, nunca se acercó a lo que los argentinos perdieron por haberle prestado australes al Gobierno de Alfonsín. Por ejemplo, un contribuyente al que se le liquidaron 300.000 australes en el '88 como ahorro «forzoso» (el promedio que aportaron los grandes contribuyentes nacionales y de agencia) podría haber comprado 25.000 dólares. Si el "ahorrista" no hubiera hecho ninguna operación y directamente ese dinero lo dejaba "en el colchón", hubiera hecho un negocio formidable, ya que lo que el Estado le devolvió se acercó a los $5.000 pesos o dólares. Es más, ese dinero, actualizado a la tasa de plazo fijo en dólares, hoy sumaría en 75 mil dólares. Por lo tanto, el Estado devolvió 8% de lo que tomó.

Según uno de los encargados que designó la AFIP para liquidar este impuesto, los únicos interesados en reclamar el tributo serían las empresas, ya que, "por motivos contables, un peso es un peso y está dentro de los balances de las compañías para liquidar como activo".

Sin embargo, la mayoría de las empresas que están dentro de los 1.500 mayores contribuyentes del sistema tomó los fondos del "ahorro obligatorio" como crédito fiscal; con lo cual, no serán de la partida entre los que circulen por las agencias de la AFIP. Se recuerda como ejemplo que hace unos años, una siderúrgica contabilizó casi $20 millones por esta vía. Solamente quedarían algunos remanentes en compañías petroleras, agrícolas y siderúrgicas, que por cuestiones contables prefirieron mantener como activo el líquido en las cuentas de la AFIP.

La AFIP heredó la obligación de liquidar el "ahorro obligatorio" como condición para la privatización de la caja en la segunda mitad de los '90. El impuesto fue ideado por Mario Brodersohn cuando se manejaba como secretario de Hacienda en la gestión en el Ministerio de Economía de Juan Vital Sourrouille. Juan Carlos Pugliese y Jesús Rodríguez, sucesores de Sourrouille, continuaron con el "régimen" sin alterarlo. Carlos Menem dejó el sistema sin efecto, cuando ahorrar en australes era una ironía.