Una crisis que genera incertidumbre sobre temas clave

Si algo domina hoy dentro del ánimo del gobierno de Mendoza es la incertidumbre, sobre todo, en asuntos de gestión y en aquellos vinculados a la política que son clave. Rodolfo Suarez no oculta demasiado en público sus críticas por el grave conflicto entre Alberto Fernández y el kirchnerismo que mantiene por estas horas al ministro de Economía, Martín Guzmán, en vilo otra vez y los tilda de “irresponsables” por arrastrar al país a una crisis cuyas derivaciones son insospechables.

Por estas horas, la secretaría de Servicios Públicos está esperando las definiciones nacionales para determinar cuáles serán en definitiva los aumentos en las tarifas de los servicios en Mendoza, luego de que tras el acuerdo con el Fondo Monetaria Internacional se definiera una quita de subsidios para la luz y el gas.

Faltan solo un par de semanas para que las empresas comiencen a emitir las boletas y ni la Secretaría de Energía de la Nación ni los organismos reguladores definen de qué manera se producirán las subas que ya fueron anunciadas. Hasta aquí, solo está confirmado que tanto el gas como el componente nacional que constituye la tarifa de luz subirán un 20%, aunque no se sabe nada acerca de cómo se aplicará el escalonamiento para la reducción de los subsidios. Un punto aparece aquí como problemático: la Nación definiría las reducciones de aportes nacionales en los servicios por el nivel de ingresos, lo que generaría una desigualdad ante igual consumo y lugar de residencia. Una ventaja podría tener la provincia ante estos aumentos. La ley de Zona Fría aprobada por el Congreso el año pasado terminaría definiendo una rebaja del 30% en la suba de gas y para aquellos que viven en zonas vulnerables las rebajas llegarán al 50%, pero el resto sufrirá este invierno incrementos fuertes sin que se sepa todavía de cuánto serán.

El acuerdo con el Fondo que se aprobó, trajo además otro compromiso asumido por la Nación del cuál no se sabe cómo se aplicará aquí. Algo de esto ya padeció Horacio Rodríguez Larreta quien está objetando un revalúo de los inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires luego de que la AFIP decidiera un nuevo cálculo para el Impuesto sobre los Bienes Personales. ¿ATM deberá recalcular el Inmobiliario este año? La decisión política de Suarez es que no, amparado básicamente en que el impuesto ya se emitió para 2022 y la gente que ya lo pagó está liberada por este año y además el impuesto anual que se devengó lo hizo sobre las bases imponibles actuales.

¿Qué sucederá el año que viene? Dependerá de muchos factores. El ministerio de Hacienda evaluará qué inmuebles tendrán que ajustar su base y además está claro que para las autoridades económicas de la provincia hay muchas propiedades que están subvaluadas y algo de eso ya se está trabajando desde hace un tiempo con un equipo del BID con un estudio que se está confeccionando de a poco. ¿Podría afectar a los dueños de propiedades en Mendoza una decisión de la AFIP sobre Bienes Personales? Todo indicaría que no. CABA toma una valuación para el Inmobiliario superior a la de Bienes Personales, mientras que en la mayoría de las provincias, la nuestra incluida, la base imponible es la misma para ambos impuestos.

Ahora bien. El grado más alto de incertidumbre en la gestión está centrado en el futuro de Portezuelo del Viento. El gobernador mendocino cumplió a principios de semana con el papelerío que le demanda el laudo que se espera por parte de Alberto Fernández para definir si la obra se hará o no y la provincia volvió sobre los mismos argumentos de por qué entiende que el dique debe concretarse.

Nadie sabe qué decidirá el presidente ni cuándo. Pero ya existe una presunción: el gobierno mendocino avizora que Alberto no le dirá que no la obra, pero que podría terminar resolviendo la obligación de realizar nuevos estudios de impacto ambiental. Si así lo definiera, para Suárez ese laudo será el equivalente a un no. Hacer esos estudios demandará no sólo un período de dos años, sino que además la imposición de que terminen aprobados por la totalidad de los gobernadores que integran el Coirco. La Pampa y las otras cuatro provincias hoy se oponen y nada hace prever que al final del nuevo camino que podría imponer el presidente vayan a cambiar de opinión.

Y aquí se abre el otro episodio de las dudas. ¿Qué hará el gobierno con los mil millones de dólares que tendrá disponibles en caso de que se caiga la licitación de Portezuelo?  El gobernador prometió ante el Consejo Económico y Social un paquete de obras vinculadas al agua que tengan su correlato además en la generación de ejemplo y en el desarrollo económico. Ese paquete es por ahora tan amplio, que es muy difícil tener los detalles. Y la sombra de la grieta ya lo comenzó a cubrir, asimismo. El peronismo ya planteó sus diferencias y reclamó que se tomen antiguos proyectos hidroeléctricos más avanzados antes de desarrollar nuevos.

Desde lo político, otro mar de incertidumbre. La carrera por el 2023 ya se largó a pesar de que Suarez ya manifestó su intención de pararla hasta comienzos del año que viene. Es inevitable para una provincia en la que no existe la reelección del gobernador, que en el tercer año de gestión ya comiencen los primeros movimientos de quienes quieren suceder al que está en el poder.

Dentro de Cambia Mendoza existe hoy una pregunta por responder. Y no es si Omar De Marchi será o no candidato. El asunto es: ¿Competirá por dentro o por fuera de la coalición oficialista? Suarez y Alfredo Cornejo lo miran todo el tiempo. Y lo fustigan también.  Entienden que el referente mendocino del PRO debería pelear por una candidatura en una PASO, temerosos del daño que provocaría si rompiera. De Marchi no da señales concretas y solo espera las definiciones en el tablero político nacional para tomar una determinación.

Pero sí algo carcome al entorno del gobernador, es saber qué hará Cornejo finalmente en el 2023. Si el senador decidiera volver a pelear por la gobernación, el escenario para Suarez sería de gloria. Despejará toda disputa interna por las candidaturas y además se garantiza cuatro años de trabajo en el Congreso. Entre ellos no hablaron del tema todavía y, conociendo la lógica de funcionamiento político del ex, es probable que no muestre esa carta hasta finales de este año al menos.