Las cláusulas del acuerdo que incomodan a Rodolfo Suarez y una a la que puede sacarle provecho
El presidente Alberto Fernández y el ministro de economía Martín Guzmán sacan cuentas. Primero, para ver si tienen los votos en el Congreso para aprobar el acuerdo con el FMI. Pero también hacia adelante, cuando el plan que incluya deba ejecutarse. Y no son los únicos. Las cláusulas que incluye el acuerdo preocupan a Rodolfo Suarez y a todos los gobernadores, pues Fernández no será el único observado. Auditorías a las cuentas provinciales, cambios en impuestos y tarifas son los temas que inquietan.
Pero hay algunas otras condiciones de las que las provincias pueden sacar provecho indirecto. El Gobierno provincial asegura que no aumentarán impuestos, cosa que es técnicamente verdad. Pero hay altas chances de que en 2023 se pague mucho más por el impuesto inmobiliario y que el Ejecutivo pueda cargar los costos de esa medida al FMI y al Pacto Fiscal, aunque goce de los beneficios. Tal como adelantó MDZ, es un tema clave dentro del paquete de medidas que incluye el acuerdo.
Es que el acuerdo incluye un plan de revaluación de los inmuebles para el cálculo del impuesto a los bienes personales. Pues en Hacienda se frotan las manos porque podrán usar el mismos sistema para calcular el inmobiliario, que es provincial. Salvando las diferencias es lo que ocurre con el Impuesto Automotor. Las alícuotas no se modifican, pero se usa una tabla nacional para tomar el valor de los vehículos y por eso cada año hay una actualización brutal. "A tales efectos, en estrecha coordinación con los gobiernos provinciales, concluiremos el proceso de actualización de los valores de las propiedades a nivel federal a más tardar a finales de septiembre (parámetro de referencia estructural), de forma que puedan empezar a entrar en vigor para el ejercicio fiscal 2022", dice el texto. Los objetivos están puestos en el tributo nacional (bienes personales) pero el impacto vendría también para las provincias por el inmobiliario.
Más control
Mendoza ya está atrapado por las condiciones impuestas en el Pacto Fiscal que firmó Suarez y se sumará el rigor del FMI. Por eso además de auditar las cuentas nacionales, el Fondo y el Ministerio de Economía de la Nación auditarán los números de la provincia. Gasto público, recaudación, inversión, recaudación, son solo algunos de los indicadores que se tendrán en cuenta y que ya eran parte del Pacto. Incluso podría condicionar la búsqueda de financiamiento por parte de la provincia. Cuando se buscan recursos afuera, siempre es necesario que haya autorización de la Nación.
Tras la firma de la renegociación con el FMI habrá un tamiz más fino. "En adelante, con la asistencia del FMI, estudiaremos opciones para reformar el Régimen de Responsabilidad Fiscal, para evaluar la función del Consejo Fiscal y para limitar futuros endeudamientos en moneda extranjera por parte de los gobiernos provinciales. Para este fin, reforzaremos los acuerdos de intercambio de información entre el gobierno federal y las provincias para lograr que todas las provincias compartan en tiempo y forma los informes fiscales trimestrales", dice el texto del acuerdo. Habrá controles temporales (trimestrales y semestrales), e incluso en algunos casos diarios.
La quita de subsidios es otro de los temas que generará cambios. Las provincias deberían sentirlo menos porque en realidad ya ocurrió: hay una enorme inequidad entre lo que se paga en el AMBA por los servicios, sobre todo de electricidad y transporte, que en el resto del país. Este mes, por ejemplo, aumentó 20% la electricidad por la "parte nacional" (generación y transporte) y en enero había aumentado en la parte local de la tarifa (VAD). Si se quitan los subsidios, en la Ciudad de Buenos Aires aumentarían las tarifas más de un 300%, pero en Mendoza cerca del 80%. La diferencia está en que acá y en el resto de las provincias ya se paga más caro todo. Sin embargo se esperan detalles del plan de segmentación.
El otro control que promete ser estricto es el del gasto, particularmente las transferencias discrecionales. Allí Mendoza no debería "sufrir" mucho, pues ya tiene restricciones políticas para acceder a esos fondos. Sin embargo hay una máxima a la que le temen: el Gobierno nacional suele "sociabilizar" los recortes, mucho más que los recursos.