Revalúo fiscal: la primera crisis del acuerdo con el FMI

El revalúo inmobiliario pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría ser el primer capítulo del Facilidades Extendidas presentado en sociedad el viernes pasado, que podría no cumplirse. Y que obligaría a Martín Guzmán a renegociarlo antes que termine este ejercicio. Varios gobernadores podrían aceptar el cambio del revalúo aumentando la masa imponible, pero no aplicarlos este ejercicio sino el próximo año. En general, incluso los opositores responsables de administraciones provinciales, avalarían la acción de incrementar la recaudación vía suba de los valores de las viviendas sobras las que se aplican las alícuotas; pero no este año, donde, para muchos, ya estaría cerrado el año fiscal. Especialmente en lo que respecta a aumentar la presión sobre los contribuyentes.

El acuerdo firmado entre el Gobierno y el FMI no tiene grises. En el primer anexo del proyecto de ley, derivado del artículo 2, que ya está en consideración de Diputados, se menciona lo siguiente: "a tales efectos, en estrecha coordinación con los Gobiernos provinciales, concluiremos el proceso de actualización de los valores de las propiedades a nivel federal a más tardar a finales de septiembre (parámetro de referencia estructural), de forma que puedan empezar a entrar en vigor para el ejercicio fiscal 2022. Los rendimientos de esta iniciativa, descontada la coparticipación, podrían ascender a 0,1% del PIB en el ejercicio fiscal 2022 y a un 0,2% del PIB adicional en los próximos años. Esperamos que este proceso pueda alcanzar 400,000 contribuyentes, o cerca de 597,000 propiedades urbanas sujetas al impuesto anual sobre los bienes personales".

El texto habla de dos conceptos tributarios claros. Menciona que el Gobierno se comprometió ante el Fondo a avanzar ya este año, antes de septiembre, en la aplicación de la actualización (obviamente a la suba) de los valores de las viviendas de todo el país (desapareció la limitación de 9 regiones); según lo pactado en diciembre del año pasado con la mayoría de los gobernadores. Sólo la Capital Federal afirmó públicamente que no aplicaría el revalúo y que no firmaría el acuerdo, lo que hasta hoy cumplió Horacio Rodríguez Larreta. El segundo concepto claro que se desprende del texto firmado con el FMI, es que parte del cumplimiento de las metas de este año, dependen del cumplimiento de la promesa de aplicar el incremento en los pagos de la valuación de las viviendas, a partir de un incremento en la recaudación en Bienes Personales.

Puntualmente habla el acuerdo de unos 400.000 contribuyentes más que pagarían un incremento en la presión del tributo. Lo planificado por el Gobierno implicaría una suba en la recaudación del 0,1%, que treparía a los $65.000 millones, fruto de la aplicación desde este año del revalúo inmobiliario en todo el país. Para el 2023 el incremento en los ingresos se duplicaría y alcanzaría los 130.000 millones de pesos. En ambos casos fruto de los efectos que la medida tendría en el impuesto a los Bienes Personales y el incremento que impactaría en el mínimo no imponible del tributo y el alza de los activos sobre los que cae en tributo. Pero, además, el alza en el impuesto que se paga en las provincias y municipios también debería aportar un porcentaje de los ingresos, de manera directa o indirecta a través de la firma de un pacto fiscal.

Según el Ejecutivo, no se trata de un incremento tributario, ni mucho menos, un nuevo impuesto. Sino el incremento de la base imponible de un objeto sobre el que cae una legislación vigente. Con esta tenue explicación, se refutaría el argumento que hay un nuevo impuesto y una mayor presión fiscal. Esto, creen en Buenos Aires, se liberaría el corset explicativo que los gobernadores temen al explicarles a sus contribuyentes la situación. El Gobierno mantendría así su máxima sobre que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no trae dentro de él ninguna propuesta de incrementos impositivos , nuevos tributos o alzas en las alícuotas; sino que, en este caso, sería una corrección sobre el activo donde se calcula el pago. Sutil diferencia, pero, afirman en el Ejecutivo, legalmente salvable. Sin embargo, internamente, el Gobierno no ve con malos ojos el avance sobre los impuestos inmobiliarios a partir de un incremento en las valuaciones fiscales, al punto de comprometerse ante el FMI para acelerar los revalúos a nivel federal.

El problema de avanzar en este esquema es otro. Como se trata de impuestos aplicados en las provincias a nivel regional y no de un tributo Nacional, debería haber acuerdos con los gobernadores para avanzar en esta política, ya que son las administraciones provinciales las que tendrán que avanzar en el proyecto para que pueda ver la realidad. Será responsabilidad de gobernadores e intendentes, y no de la Nación.

Más allá del ministerio de Economía saben desde la Casa Rosada, que las posibilidades políticas de presión desde el Gobierno nacional sobre los jefes regionales para incrementar presiones impositivas es mínima. Por no decir nula. Para peor, el más rebelde es Rodríguez Larreta, que podría quedar como el adalid del congelamiento en la presión impositiva. Si se tiene en cuenta la interna que tiene el jefe de Gobierno porteño con, por ejemplo, referentes radicales de Mendoza, Jujuy y la provincia de Buenos Aires; es difícil  que esas provincias acepten el convite a presionar por mas recaudación a sus contribuyentes/ votantes.