Un proyecto de Alfredo Cornejo podría desarmar una histórica caja política

A través de un proyecto de ley, el senador nacional Alfredo Cornejo pretende terminar con uno de los históricos negocios de la dirigencia política: el sistema de Registro Automotor. En la actualidad, los mismos son regenteados por privados que en muchos casos tienen vinculación con dirigentes de diferentes partidos. Por ese motivo, los autores de la iniciativa aseguran que si se aprueba esta ley "el negocio de unos pocos se transformará en un verdadero servicio público para los usuarios".

La iniciativa lleva la firma de la diputada nacional Jimena Latorre ya que ha sido presentado en ambas cámaras con el título "Nuevo Régimen de Registración de Automotores y Prendas”. Esta iniciativa la acompañan la senadora Mariana Juri, en la Cámara alta y los diputados Pamela Verasay, Lisandro Nieri y Alejandro Cacace, en  la Cámara baja.

El objetivo del proyecto es reestructurar el régimen actual, que tiene más de 60 años de vigencia, a través de la modernización del sistema incluyendo tecnologías que permitan simplificar, unificar, acelerar y coordinar los trámites. Con el fin de brindar un servicio eficaz a los contribuyentes y de esa manera lograr un mayor control y transparencia sobre los procesos que forman parte de la actividad de los registros de la propiedad del automotor.

“Cuando los servicios públicos dejan de ser eficientes y se convierten en cajas de unos pocos, la forma más efectiva para transformarlos en negocios poco atractivos es llevando transparencia y control al funcionamiento del sistema”, explicó Cornejo.  “Si los Encargados de Registro tienen vocación pública continuarán en sus funciones como calificadores virtuales a cambio de un sueldo; sino dejarán los registros”, adhirió.

“En nuestro país el servicio registral es un servicio público de gestión privada; una gestión privada que ha invertido poco en modernización y eficiencia y ha recaudado muchísimo, a lo largo de décadas ha generado una serie de negocios paralelos que sólo incrementaron los costos de los trámites en beneficio de algunos sectores sin brindarle mejores servicios a los usuarios. Debe ser política de Estado incorporar todas las herramientas que posibilita la tecnología para que la gestión esté al servicio de la ciudadanía y no al revés; terminar de una vez por todas con las ‘cajas’ que reparte la política”, agregó por su parte la diputada Jimena Latorre.

Según sostienen "la digitalización y virtualización completa del proceso de registración disminuirá los costos operativos y ello significará menores tasas para los usuarios". Para ello, se creará una Plataforma Única Registral del Automotor- PURA- donde se generarán los documentos y expedientes electrónicos. La virtualización facilitará la gestión de documentos, el acceso y la perdurabilidad de la información, se reducirán los plazos en las tramitaciones y se mejorará el seguimiento público de cada expediente.

Por otro lado, ponen la lupa en la figura de los Encargados de registro. Estos encargados perciben un porcentaje de los aranceles cobrados a los usuarios por los servicios prestados para financiar las actividades que llevan a cabo (contratación de personal, infraestructura y bienes materiales, etc.). Este proyecto viene a traer claridad y seguridad jurídica sobre un servicio del Estado que se encuentra delegado. La tarea registral es un servicio público a cargo del Estado, por ello debe brindarse a través de funcionarios públicos con funciones y obligaciones claramente definidas y remuneradas por un sueldo.

Por otra parte, del total de los aranceles que se abonan actualmente en los registros sólo el 40% es para el Estado. Esta propuesta de ley modifica el modo de recaudación para pasar del cobro de aranceles a una tasa retributiva, como es habitual en todo servicio público, y que será del 1% del valor que arroje la operación.

La recaudación entonces se dividirá en un 40% para Jurisdicciones de origen, 40% para la DNRPA para la creación y financiamiento de la plataforma PURA y sueldos, y el 20% restante para la creación del Fondo para la Recuperación de los Caminos (FRC) y para infraestructura vial Federal.