Curioso: el kirchnerismo propone perseguir evasores con una norma de Macri

De aplicarse, el "Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el FMI", por el cual el gobierno quiere recaudar unos U$S 70.000 millones, se apoyaría en una norma reglamentada durante el gobierno de Mauricio Macri; y que sirvió en su momento (2016), para apoyar el blanqueo lanzado por el gobierno de Cambiemos.

El proyecto presentado ayer por los senadores oficialistas implica la ubicación de los potenciales evasores y lavadores de divisas con sus posiciones líquidas o no en el exterior, como movimiento anterior a su aplicación. Con lo que el estado necesitaría la aceleración de normas que permitan la detección. Y, en este sentido, la más importante es la posibilidad que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pueda acceder a la información de argentinos y residentes locales en otros sistemas financieros y tributarios.

La única manera de hacerlo posible es utilizar los acuerdos firmados con los organismos recaudadores de 50 países, en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); pacto firmado por el país en septiembre del 2017 y que se puso en funcionamiento a fin de ese año. Entre los países con los que puede haber intercambio de información figuran España, Suiza, Francia, Brasil, Rusia, Reino Unido, Noruega, Italia, Islandia junto con la mayoría de los países europeos; además de Uruguay y la mayoría de los países latinoamericanos.

La decisión de abrir los datos de los inversores extranjeros en la Argentina a los estados con los que el país tiene acuerdos de intercambio de información financiera tributaria, se tomó en mayo del2017; a través de la firma de la Resolución General 4056 publicada por el organismo que dirigía en ese momento Alberto Abad; y que seguía disposiciones anteriores y habilitaciones provenientes del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según la norma, todos los bancos (nacionales y extranjeros, públicos y privados), compañías financieras, aseguradoras y administradoras de fondos en general; tuvieron hasta el 30 de junio para enviar los datos a la AFIP vía informática y de manera obligatoria. Esa información está organizada en "celdas" por países, para luego enviarlos de manera oficial a la OCDE.

Finalmente, desde el viernes primero de septiembre la AFIP comenzó a enviarlos a una gran base central de los 50 países, para que cualquiera de los firmantes pueda verificarlos de manera automática. Esto implica que los datos de los contribuyentes locales (argentinos y extranjeros), están ya a disposición de los otros 50 países que vayan enviando la misma información. Cuando los datos llegan, la AFIP puede verificar sin consultar a jueces extranjeros o a los organismos recaudadores (o la repartición pública que corresponda), si un residente argentino tiene cuentas con dinero por más de U$S 250.000 (según la norma internacional)en el sistema financiero de alguno de esos 50 países; y tomar esa información como oficial para luego controlar si ese dinero está declarado en tiempo, cantidad y forma. Si no lo está, podrá pedir la información de manera oficial, y presentar la documentación como datos reales y judiciables para acusar al contribuyente de evasión. Por el monto, de confirmarse la acusación, le correspondería al contribuyente acusado la aplicación de la Ley Penal Tributaria que impone prisión efectiva por parte de la Justicia.

Sobre la Base Central de la OCDE, a la cual le transferirá la totalidad de la información sobre los contribuyentes extranjeros que tengan dinero depositado en las entidades financieras del país (y que se mantendrá actualizado una vez por mes cada junio); se afirma que el organismo internacional será quien garantizará la transmisión de los datos a los estados firmantes, garantizando la confidencialidad y el resguardo de la información.

Argentina está obligada a entregar esta información, ya que fue uno de los firmantes en octubre de 2014, del Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes; por el cual se obliga a cumplir con el estándar para el Intercambio Automático de Cuentas Financieras de No Residentes, como país miembro del G20 y asociado a la OCDE.

Los datos de los extranjeros que se giran a los bancos locales y que en septiembre la AFIP pondrá a disposición de la OCDE (y luego de los países firmantes), incluye el nombre y apellido de los extranjeros no residentes con dinero en Argentina, su razón social o denominación legal, su dirección, residencia fiscal y datos de nacimiento; siempre que se trata de una persona humana. Si es una persona jurídica, se incluye la denominación legal, dirección, residencia fiscal y la identificación fiscal.

Luego se incorporará el capítulo financiero, con la entidad donde se haya realizado la operación, el número de cuenta, la identificación bancaria, el saldo de la cuenta y en el caso de la contratación de un seguro el dinero depositado en cuentas o el valor de rescate contratado o liquidado junto con las anualidades. En todos los casos se deberá declarar el dinero en la moneda en que esté depositado.

En el caso del dinero en que esté implicado el mercado financiero o de bienes registrables en los Estados Unidos, el acuerdo que se aplicaría sería otro. Se trata del firmado en febrero del año pasado entre la AFIP y la Internal Revenue Services (IRS), por el cual los dos organismos recaudadores se comprometen a intercambiar información sobre potenciales evasores y lavadores de dinero. Es sobre este acuerdo que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió ayer en el Senado con el embajador de los Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, al que le pidió apoyo para avanzar en la detección de "fugadores" en ese país. El diplomático, prometió colaborar