La grieta se cuela en el debate de reforma del Consejo de la Magistratura

El Senado de la Nación discutirá este martes un tema trascendental para la vida institucional del país. Se trata del análisis de la reforma de la composición del Consejo de la Magistratura, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declarara la inconstitucionalidad de la Ley sancionada en 2006 y emplazara a sancionar una nueva norma. El debate del plenario de comisiones de hoy tendrá una destacada representación mendocina, ya que los senadores de la provincia defienden posturas antagónicas e iniciativas muy diferentes.

Los tiempos apremian al tratamiento legislativo del proyecto, debido a que el máximo tribunal nacional estableció un plazo de 120 días, que vence el 15 de abril, para que el Poder Legislativo sancione una nueva ley. De hecho, el gobierno de Alberto Fernández envió al Congreso en diciembre pasado una propuesta de reforma del órgano que se encarga de designar, controlar y sancionar a los jueces.

La iniciativa oficialista propone llevar de 13 a 17 los miembros del Consejo de la Magistratura y excluye de sus integrantes a la Corte Suprema. Este es el principal punto de conflicto con el proyecto presentado por la coalición opositora de Juntos por el Cambio, que plantea una composición de 20 consejeros y justamente presidida por el presidente de la Corte.

Desde las 16 de este martes un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, ambas presididas por el oficialismo, contará con al presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, quien expondrá el proyecto del Gobierno.

Se espera un agitado debate entre los legisladores del Frente de Todos y los de Juntos por el Cambio, ya que las propuestas impulsadas por los dos sectores de la grieta presentan características muy diferentes. El oficialismo busca un pronto dictamen para poder votar la propuesta este jueves, pero la oposición exige más tiempo de discusión.

En estas posturas contrapuestas tienen un rol destacado los representantes nacionales mendocinos en la Cámara alta. Por un lado, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti cuestionó semanas atrás el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la Ley del 2006. “Lo que hizo la Corte es inédito y roza el golpe institucional”, manifestó en esa oportunidad la vicepresidenta del bloque oficialista de senadores.

Desde su entorno, señalaron a MDZ que la presidenta del PJ mendocino no haría declaraciones antes del debate de este martes, donde se aguarda que tenga una importante participación en la defensa de la iniciativa del Gobierno.

Concretamente se propone ampliar de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo, sumando un juez, dos abogados y un académico y científico. De esta manera, el organismo estaría conformador por cuatro  jueces del Poder Judicial de la Nación; seis legisladores (tres senadores y tres diputados, dos de ellos por la mayoría y uno por la minoría de cada Cámara); cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal; un representante del Poder Ejecutivo; y dos de los ámbitos académico y científico. Asimismo, establece la paridad de género en la composición y en todas las comisiones.

Sin embargo, este proyecto ha despertado fuertes críticas de Juntos por el Cambio y desde la coalición opositora elaboraron una propuesta propia unificada, la cual se presentó este lunes en el Senado. Entre sus redactores se encuentran los senadores mendocinos de la UCR Alfredo Cornejo y Mariana Juri.

En diálogo con MDZ, Juri explicó que con la iniciativa “apuntamos a que haya un equilibrio realmente importante. Hemos tratado de recuperar el espíritu de los constituyentes de 1994. Proponemos llevar el Consejo a 20 miembros lo que ayuda a tener más equilibrio y se le suman más legisladores”.

En tanto, la legisladora radical cargó duramente contra el texto oficialista. “Es un embate más del Gobierno para disciplinar la Justicia. El proyecto oficialista sin dudas quita independencia a la Justicia para garantizar impunidad”, aseguró.

“No podemos pensar en tener un Consejo de la Magistratura sin la intervención de la Corte Suprema, este gobierno sigue abriendo grietas. La verdad que van a tener que cambiar sus formas, necesitamos lograr puntos de encuentro”, expresó la ex funcionaria provincial.

La propuesta opositora establece que el Consejo estará integrado por veinte miembros, presidiéndolo el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; cuatro jueces del Poder Judicial de la Nación, elegidos por sistema D'Hont, debiéndose garantizar la representación igualitaria de los jueces de cámara y de primera instancia y la presencia de magistrados, con competencia federal del interior de la República y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además se sumarán ocho legisladores nacionales, cuatro por cada Cámara. Para ello, los titulares de Senado y Diputados, a propuesta de los respectivos bloques, designarán cuatro legisladores/as por cada una de ellas, correspondiendo dos al bloque mayoritario, uno/a por la primera minoría y uno/a por la segunda minoría, debiendo garantizarse la representación igualitaria de género. Se entenderá por bloque, aquel reconocido por cada cámara y no a la sumatoria de ellos en el interbloque.

También integrarán el Consejo cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, inscriptos en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las Cámaras Federales del interior, designados por el voto directo de los profesionales que posean esa matrícula y por sistema D´Hont. Para la elección, el territorio nacional conformará un distrito único. Dos de los representantes titulares deberán tener domicilio electoral en cualquier punto del interior del país y dos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Poder Ejecutivo tendrá un representante, mientras que del ámbito académico y científico serán dos, que deberán ser abogados/as, profesores/as titulares regulares cuyo cargo haya sido ganado por concurso público de oposición y antecedentes de cátedras universitarias de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales Públicas y Privadas, con reconocida experiencia y trayectoria académica y/o científica, elegidos/as por el voto directo de sus pares. En el caso de las Universidades Privadas se requerirá además que la carrera se encuentre acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) y que la institución cuente con la recomendación favorable de dicho organismo para el otorgamiento del reconocimiento definitivo.

Juri explicó también que la iniciativa tiene un capítulo especial para la paridad de género no solamente en la composición sino también en la selección de jueces. Y también destacó que apunta a la modernización en los procesos de justicia, con concursos anticipados para la selección de jueces para ocupar vacantes en juzgados vacantes.

Además, se excluye la participación de magistrados en la Comisión de Acusación y Disciplina, que estará compuesta por tres abogados/as, dos Senadores/as, dos Diputados/as y los/las dos representantes del ámbito académico y científico.