El plan de Rodolfo Suarez para profundizar las reformas de la Justicia mendocina
Luego de una primera parte de su gestión sin cambios trascendentales en materia judicial, el gobernador Rodolfo Suarez ha decidido encarar la segunda etapa de su mandato impulsando una serie de reformas dirigidas a transformar el funcionamiento del Poder Judicial provincial. Tras presentar la semana pasada un proyecto de ampliación de los Juicios por Jurados, este martes envió a la Legislatura una propuesta para crear la Oficina de Conciliación Civil y Comercial, mientras se aguarda el avance de otras iniciativas en carpeta.
Con la nueva oficina orientada al fuero Civil el Gobierno de Mendoza apunta a agilizar los numerosos conflictos que terminan agolpándose en Tribunales, implementando una instancia previa para que las partes en disputa puedan llegar a una conciliación antes del inicio de un proceso judicial.
El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados y la intención del oficialismo es que se inicie el tratamiento lo antes posible, en paralelo con el debate del proyecto de ampliación de los Juicios por Jurados que ya circula en las comisiones del Senado.
El ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez, explicó este martes que la Oficina de Conciliación Civil es el resultado de un análisis de “los beneficios que tiene la Oficina de Conciliación Laboral que existe actualmente y en donde se concilian, previo a una instancia judicial, los conflictos laborales, disminuyendo fuertemente el porcentaje de judicialización de los casos”.
Principalmente se apunta a los casos donde existan posibles daños y perjuicios, accidentes de tránsito e incumplimientos contractuales, mientras que se excluyen sucesiones o cuestiones constitucionales. La ley que eventualmente se sancione establecerá una instancia de conciliación obligatoria. Si se llega a un acuerdo entre las partes, se da por cerrado el conflicto y se homologa el proceso, mientras que si no hay conciliación, se labra un acta de fracaso que será solicitada por el tribunal, al momento de interponer la demanda.
Según señalan desde el Ejecutivo provincial, los casos que llegarán a la oficina representan alrededor del 70% de los conflictos civiles. “Para el sistema judicial disminuye fuertemente la cantidad de causas, pero para la ciudadanía es una solución en un corto tiempo de un conflicto que pueden requerir de muchos años”, aseguró el ministro.
Todo el proceso tendrá que realizarse en un plazo máximo de 30 días, con la posibilidad de prorrogarlo por un mes más en caso de necesitarse para la presentación de pruebas, por ejemplo.
La oficina funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Justicia y estará compuesta por abogados que rindan un concurso para ser parte del cuerpo de conciliadores civiles.
En la elaboración del proyecto participaron representantes de la Asociación de Magistrados Judiciales de Mendoza y los colegios de Abogados y Procuradores de todas las circunscripciones judiciales, quienes ponderaron la necesidad de su implementación.
Continuidad reformista
Por otra parte, Ibáñez destacó que “este proyecto se enmarca dentro de un proceso de reformas del sistema judicial que comenzó con el gobierno de Alfredo Cornejo y que hemos continuado”.
Si bien durante la primera gestión de Cambia Mendoza hubo una constante batería de reformas judiciales, en los primeros dos años de la administración de Suarez se bajó la intensidad de los grandes cambios en esta materia.
No obstante, en los últimos días el actual mandatario provincial ha dado señales importantes de que buscará retomar este proceso de transformación del Poder Judicial. A la reciente propuesta apuntada al ámbito civil, se le suma la presentada la semana pasada que plantea la ampliación de los Juicios por Jurados
El objetivo de esa iniciativa es que los jurados populares intervengan también en delitos como abuso sexual seguido de muerte (artículo 124 del Código Penal, que prevé pena de prisión perpetua), homicidio en ocasión o con motivo de un robo (artículo 165 del Código Penal, que tiene penas de 10 a 25 años) y el homicidio agravado por el uso de arma de fuego (artículo 79 del Código Penal, en función del artículo 41 bis, que eleva en un tercio el mínimo y máximo de la escala penal).
De todas maneras, el espíritu reformista judicial de la actual gestión no se quedaría solamente en estas dos propuestas, ya que se viene avanzando con otros proyectos que por ahora no cuentan con una redacción definitiva.
Por una parte, se trabaja desde hace tiempo en la elaboración de un texto que organice todas las reformas al Código Procesal Civil y al Código Procesal Penal que fueron impulsadas durante la gestión de Cornejo y que se fueron haciéndose paulatinamente y en diferentes periodos de tiempo.
Pero hay otro cambio trascendental que tiene en carpeta el Ejecutivo provincial y que viene desarrollando en conjunto con la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Se trata de una modificación de la Ley 4.969 de composición del máximo tribunal provincial que transformaría el funcionamiento interno que posee actualmente el cuerpo.
Uno de los cambios que se analiza tiene que ver con las salas que se hacen cargo de las acciones procesales administrativas y de inconstitucionalidad que llegan a la Corte. En la actualidad, la intervención de la Sala 1 (Civil y Comercial) y de la 2 (Penal y Laboral) se determina según cuál de ellas se encuentre de turno en determinada época del mes.
La intención tanto del Gobierno como de algunos magistrados supremos es que a partir de la reforma se sortee la adjudicación de los casos, para evitar suspicacias políticas a la hora de presentar una demanda, teniendo en cuenta que actualmente en la sala primera hay una mayoría del “ala radical” de los jueces y en la segunda una mayoría del “ala peronista”.