El poderoso enemigo al que el Gobierno evita en su "guerra" contra la inflación

En la batalla de la coalición gobernante por diseñar un paquete de medidas antiinflacionarias, popularmente conocida como "guerra" por ahora, un ala racional viene prevaleciendo ante una de las embestidas que más busca el ala dura del oficialismo. El ministro de Agricultura Julián Dominguez y otros integrantes del ala política del casi flamante "albertismo", se impusieron en la decisión de no avanzar en un aumento sólido y directo en las retenciones contra commodities clave como la soja, el trigo, el maíz, girasol y la carne; y concentrar los esfuerzos en incrementar la carga sobre las exportaciones de harina y aceite de soja unos dos puntos, llevando la presión del 31% actual a un 33% (el máximo permitido por la ley). Lo que se obtenga de ese dinero, entre 400 y 500 millones de dólares, irían a la formación de un fideicomiso para el trigo, con el fin de obtener dinero para subsidiar a los productores para que no se incrementen los bienes derivados, y que alimentos que tienen ese commodities como insumo, no aumenten los precios.

Esto implica, según el diseño de la medida que salió del Ministerio que maneja Domínguez, que los fondos recaudados de la suba de las retenciones no irán a las cuentas fiscales, mucho menos a más cargas en planes sociales; sino a una medida indirecta para enfrentar la inflación en el trigo y derivados. En definitiva, una medida intervencionista, pero no políticamente sospechada de ideología anticampo. Además, y fundamental para los anuncios de hoy dentro de la "guerra contra la inflación", se la presentará como una cuestión "temporal" y vinculada con la invasión de Rusia a Ucrania, con lo que cuando la agresión de Vladimir Putin culmina, también será el fin de la suba de las retenciones a las exportaciones de harina y aceite de soja.

Alberto Fernández tomó el proyecto de Domínguez, avalado además por los gobernadores justicialistas (especialmente por el santafesino Omar Perotti), y lo convertirá en uno de los principales anuncios de hoy; con lo que la alternativa de subir retenciones de otros productos quedará archivada. Lo que no sólo pondrá de malhumor al kirchnerismo puro y duro que viene militando la suba de retenciones desde que el primer soldado ruso entró en territorio ucraniano (aún antes que suban los precios de los commodities); sino que además va en contra de lo que recomendó el propio palacio de Hacienda, que (tal como adelantó este medio) no venía con malos ojos subir algunos puntos la carga tributaria a las exportaciones sojeras y trigueras.

Obviamente los motivos que impulsaban al kirchnerismo eran diferentes a los de Martín Guzmán. Los primeros, especialmente el ala más combativa, creen que es el momento políticamente exacto para avanzar sobre el campo, subir retenciones y que el Ejecutivo demuestre, en serio, que "el ajuste pactado con el FMI no caerá sobre el pueblo". Un eufemismo semipopulista para reclamarle a Alberto Fernández que debe tomar al menos una medida pos acuerdo con el FMI que tenga que ver con el kirchnerismo y su visión del mundo. La posición ya es conocida y fue hecha pública por el diputado nacional de origen radical Leopoldo Moreau; como reclamo del ala dura del kirchnerismo como compensación por la aceptación del tratamiento (obviamente no el voto a favor) del Facilidades Extendidas en el Congreso.

Hay quien afirma dentro del ala dura (durísima) del oficialismo, que no hay tiempo que perder, y que si no se quiere romper definitivamente la relación entre el presidente y Cristina Fernández de Kirchner, es hoy y ahora el momento de avanzar en un esquema de incremento de retenciones a las exportaciones. O algo políticamente más complicado: volver a un esquema similar al que iba a establecer de manera semipermanente la Resolución General 125 de 2008. Aquella medida, de triste memoria, consagraba las retenciones móviles, por las cuales a medida que subían los precios internacionales, mayor porcentual de impuesto se debía liquidar. Si se hubiera establecido ese esquema que derivó en la "guerra contra el Campo" que culminó con el voto no positivo de Julio Cesar Cleto Cobos del 17 de julio del 2008  y la caída de la iniciativa y la mayor derrota legislativa de toda la historia del kirchnerismo en el poder. Y la caída en desgracia del mendocino dentro del oficialismo de entonces.

El neo albertismo descarta de plano esta visión, y rechaza cualquier alternativa de entrar en una batalla contra el campo. No sólo es la posición de Domínguez (quién habló en términos más que cordiales con los productores agropecuarios en la Expoagro de la semana pasada), sino de los gobernadores justicialistas y de muchos dirigentes del interiores; quienes serían los primeros perjudicados en acelerar un conflicto con el sector primario. Si bien algún político albertista consideró que podría avanzarse en la suba de retenciones (fundamentalmente bajo el argumento que había que renegociar la alianza oficialista con alguna concesión al ala dura kirchnerista), el quiebre en las relaciones con el kirchnerismo de las últimas horas terminó por demoler esta posición. El argumento para no avanzar en el tema se basa en el voto no positivo del ala dura en Diputados y el Senado. Se supone, que si la posición hubiera sido una abstención, la situación sería diferente. Pero no.

Guzmán también justificaba la suba de retenciones. Pero de manera más leve y tenue, y con otras justificaciones, las que, curiosamente, son compartidas por el FMI. El funcionario y el organismo hablan desde hace casi un año sobre la necesidad de priorizar la meta de un déficit fiscal de 2,5%; con el resto de las metas apuntando a este objetivo. Una vez estallado el conflicto en Ucrania, el debate se transformó en discusión, con un reclamo del Fondo de aumentar las presiones fiscales para equilibrar la segura salida de divisas que traería la suba de precios en el petróleo y el gas. El organismo lo dijo explícitamente: el país debería resignar unos US$1.000 millones más en la importación de combustibles, con lo que la meta fiscal se complicaría.

Salvo que crecieran exponencialmente las taridas de servicios públicos, algo que el Gobierno no estaba dispuesto a decidir. Guzmán pensó en ese momento del debate en que la suba de retenciones podría servir para culminar el conflicto con Washington, y pasar de pantalla a otro capítulo de la negociación. Sin embargo, otra vez, la política frenó al ministro. En este caso dentro del Ejecutivo, llevando al funcionario al mismo terreno del kirchnerismo. Guzmán volvió a negociar con el FMI y logró un empate técnico: el resultado final entre entradas y salidas de divisas debe equilibrarse. Y terminar el 2022 en empate. En el momento de las discusiones finales (hace aproximadamente 15 días, a horas de cerrar el acuerdo) se acordó que el Cisne Negro que generó el conflicto en Ucrania, tenga su evaluación fiscal final hacia el último trimestre del año; pero siempre mirando que el 2,5% de déficit fiscal era inamovible.