Subsidios: centralismo y privilegios del Gobierno de Alberto Fernández
Por Jimena Latorre, Alfredo Cornejo y Lisandro Nieri / legisladores por Mendoza
El pacto fiscal de 2017, además de tender a la baja progresiva de impuestos para alivianar la carga impositiva sobre los contribuyentes y en forma equitativa en todo el país, implicaba otros compromisos asumidos por el Estado Nacional.
El presidente, Alberto Fernández, dejó atrás ese objetivo de baja de impuestos aumentado los existentes y creado nuevos, todos de recaudación de la administración central, no coparticipables. Pero también dejó atrás esos compromisos que perseguían una distribución igualitaria de los recursos a lo largo y ancho de nuestro país.
El Consenso de 2017 comprometía al Estado Nacional a “eliminar los subsidios diferenciales para el Área Metropolitana de Buenos Aires, en materia energética para el ejercicio 2019 y al transporte para el 2021”.
Las medidas centralistas de un Gobierno kirchnerista que se autodefine como federal, muestran en los números que ese compromiso de equidad está completamente fuera de la agenda y de las políticas del Frente de Todos. Nada dice el nuevo Consenso Fiscal al respecto, entendiéndose de las partidas presupuestarias centralizadas en el AMBA, un retroceso del federalismo real.
En materia de subsidios eléctricos, esas medidas implicaron que cómo primera medida, en 2019 con la Ley 27541 la iniciativa del Gobierno Nacional fuera suspender la aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 124 de la ley 27.467. Durante la vigencia de la emergencia declarada en esa ley, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) mantendría su competencia sobre el servicio público de distribución de energía de las concesionarias Empresa Distribuidora Norte S.A. (Edenor) Empresa Distribuidora Sur S.A. (Edesur).
La renovada emergencia, ha renovado también la suspensión de ese traspaso. Esto significa, ni más ni menos, que hasta la actualidad la distribución del servicio público eléctrico, en el AMBA es de jurisdicción nacional; y por ende los subsidios a esa distribución se sostienen con fondos del tesoro nacional con el esfuerzo de los contribuyentes del interior que pagan tarifas más caras.
Para ponerlo en números en 2021, los subsidios energéticos acumularon a diciembre de 2021 11 mil millones de dólares, un 137% más que en 2020. De esos fondos la mayor porción se destino a CAMMESA, la intermediaria del sistema a la que se destinaron transferencias por 7.300 millones de dólares, el 66% del total. Es desde allí de donde se subsidian las tarifas del AMBA, que el año pasado sólo aumentaron un 10%; mientras en el resto del interior la suba alcanzó un 30%, porque no tienen la misma asistencia que el AMBA.
Un dato no menor, es que las distribuidoras del AMBA acumulan una deuda con CAMMESA que a fines de 2021 llegó a 79 mil millones de pesos.
En el caso de los subsidios al transporte público de pasajeros se repite la misma escena. El Fondo Compensador del Transporte que debía equilibrar los subsidios para lograr tarifas equitativas en todo el país, sufrió el vaciamiento del gobierno de Fernández.
El presupuesto de 2021 destinaba $272.393 millones para transporte, de los cuales sólo $28.000 millones se distribuyeron entre las jurisdicciones del interior, mientras el resto se concentró en los servicios del AMBA. Esta inequidad tuvo un reconocimiento expreso por parte del Subsecretario de Transporte Automotor, quien sostuvo en defensa de igual inequidad proyectada para 2022, que la Nación no podía subsidiar al interior en la misma medida por falta de datos.
Al respecto, nada mejor que la realidad para desbaratar excusas que encubren la asistencia a la ineficiencia del Gobierno de la provincia gobernada por el amigo de la Casa Rosada, Axel Kicillof.
Mendoza es la segunda red de transporte más grande del país y se incorporó al sistema de pago SUBE en 2019. Esto quiere decir que el gobierno tiene absolutamente todos los datos del servicio bajo absolutamente todos los criterios de medición que a sus funcionares les gusta negar. La supuesta ignorancia de datos tiene como resultado que el transporte público de Mendoza sólo recibe un 16% de subsidios por parte del Gobierno, mientras que el ejecutivo provincial aporta un 67%.
Otro beneficio para el hijo prodigio del kirchnerismo son los subsidios para el sistema de agua y saneamiento bonaerense. El Plan de acción aprobado por el Ministerio de Economía de la Nación para Aysa, proyecta $131.000 millones de déficit. En este 2022 las transferencias de capital llegarán a $124.399 millones y, por subsidios, a $26.600 millones.
Los gobiernos provinciales hacen grandes esfuerzos para compensar los desequilibrios producidos por un Gobierno en contra de todos los ciudadanos del interior. El Ejecutivo nacional desde hace dos años, de manera discrecional y discriminatoria, elige seguir sosteniendo económicamente a la más ineficientes de las gestiones, que es la Provincia de Buenos Aires.