La justicia investiga la adquisición de aviones con sobreprecios durante la pandemia

En el mes de enero, el sitio Border Periodismo reveló la compra de un avión para la provincia de Buenos Aires. Según la nota, a través de una resolución firmada por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en diciembre de 2021 se le adjudicó a la firma “RSLINK LLC” la provisión de un “avión bimotor” para el Ministerio de Seguridad cuyo valor asciende a siete millones ciento noventa y cinco mil doscientos catorce dólares (U$S 7.195.214,00), aunque el valor real era de 5,9 millones de dólares.

A raíz de esa diferencia de precios, el fiscal Guillermo Marijuan inició una investigación preliminar que dio a conocer el periodista Nicolás Pizzi y solicitó al Registro Nacional de Aeronaves “con carácter de urgente" un listado completo con la totalidad de unidades que hayan sido inscriptas y/o matriculadas desde el inicio del 2020 hasta la fecha. Según refirió el periodista, la aeronave no forma parte del expediente porque no se había matriculado ni llegó al país. Pero la investigación avanzó hacia otras compras.

En ese sentido, el fiscal requirió un informe “que dé cuenta de sus propietarios, titulares, identificación (matrícula y nombre de la aeronave), y demás información con la cual pudiera contar ese organismo”.

Por otra parte, le pidió al presidente del Banco Central de la República Argentina ( BCRA), Miguel Pesce, la documentación respecto a las autorizaciones y el movimiento de los 202 millones de dólares que se habrían girado para las operaciones de compra de aviones y helicópteros a valor oficial. 

Según la información que recabó la justicia, desde 2020 a la fecha se matricularon 289 aeronaves en el país, de los cuales en 159 de esos casos los compradores solicitaron al BCRA la autorización para adquirir dólar oficial y pagarlas. Curiosamente no figura el valor declarado ni tampoco el valor real. La sospecha es que las operaciones se hicieron con sobreprecios para obtener una ganancia espuria generando un perjuicio al Estado.

Del total, cinco de esas aeronaves  tuvieron como destinatario el Estado nacional para uso oficial, con tres aviones comprados por Gendarmería, otro avión para el gobierno de La Pampa y un helicóptero registrado bajo propiedad de la provincia de Buenos Aires. El resto de las operaciones fueron a través de empresas privadas mayormente de taxis aéreos.

Mientras la investigación preliminar del fiscal Marijuan avanzaba, se presentó una denuncia formal en los tribunales de Comodoro Py y, tras el impulso del fiscal Eduardo Taiano, el juez Ariel Lijo requirió en los últimos días para avanzar con la investigación, la documentación a distintos organismos públicos: Inspección General de Justicia, Banco Central de la República Argentina y Administración Federal de Ingresos Públicos.

Por otra parte, ordenó que las empresas compradoras de aeronaves entregaran la documentación que tuvieran relativa a la importación de los aviones.

No es la primera vez que la justicia investiga la compra de aviones con presuntos sobreprecios. Ya en 2010 el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se defendía de una denuncia de 2009 que aseguraba que que se habían pagado sobreprecios en la compra de 20 aviones a la fábrica brasileña Embraer. Por entonces decía en relación a la causa que llevaba adelante el juez Federal Sergio Torres: "Se pagó lo que valía más los agregados adicionales". Junto a él estaba imputado Ricardo Jaime.