Más inflación y pobreza, el duro pronóstico de la economista de Cristina Fernández de Kirchner
Fernanda Vallejos, una de las economistas estrella de Cristina Fernández de Kirchner, emitió un duro informe sobre la política de reducción de subsidios que impulsa Alberto Fernández para cerrar el acuerdo con el FMI. De acuerdo a un informe de Proyecto Económico, “la suba de tarifas implicaría un aumento de la tasa de inflación, produciendo una baja del salario real promedio y una suba de la pobreza”, lo que traería aparejado “una transferencia de ingresos del conjunto de los asalariados hacia las empresas prestadoras y llevaría a un empeoramiento de la distribución funcional del ingreso”.
Se trata de la misma economista que fue elegida por Cristina Fernández de Kirchner para acompañarle en la boleta de Unidad Ciudadana en las legislativas del 2017 y que el año pasado sacudió al Gobierno nacional a partir de la filtración de un audio donde insultaba en duros términos a Alberto Fernández. El informe advierte que “la decisión de avanzar en una reducción duradera de los subsidios a la energía, que impulsa el Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte sustantiva del preacuerdo de facilidades extendidas con el gobierno argentino tendría un importante impacto inflacionario, empeoraría la distribución funcional del ingreso de las familias, aumentaría la pobreza y afectaría la competitividad de las empresas por una suba en los costos”.
Estas son algunas de las conclusiones a las que arriba del apartado sobre “Tarifas, subsidios y distribución” del último informe de Proyecto Económico, de más de 90 páginas, intitulado “Tensión cambiaria e Inflación: un difícil equilibrio”, elaborado por el equipo que conduce la economista, Fernanda Vallejos. El vocero del FMI, Jerry Rice admitió la semana pasada durante una conferencia de prensa que el acuerdo con la Argentina implica una política de reducción de los subsidios energéticos “duradera”.
Según indica el trabajo de Proyecto Económico existen dos tendencias asociadas a los subsidios: “Por un lado, la reducción de los subsidios a los asalariados más “ricos" y (supongamos) la aplicación de una tarifa social a los más pobres, mejoraría la distribución personal (básicamente entre asalariados). Por otro lado, sin embargo, la suba de tarifas implicaría un aumento de la tasa de inflación, produciendo una baja del salario real promedio y una suba de la pobreza” puesto que “implicaría una transferencia de ingresos del conjunto de los asalariados hacia las empresas prestadoras y llevaría a un empeoramiento de la distribución funcional del ingreso. Así, asistiríamos al curioso proceso de una mayor igualdad distributiva intra-salarial, combinada con un empeoramiento de la distribución del ingreso entre empresarios y trabajadores”.
Rentabilidad de las empresas
El trabajo desmitifica además de forma tajante la idea de la escuela ortodoxa que asocia un incremento en la rentabilidad de las empresas de servicios públicos con un mayor incentivo a la inversión. Al respecto, el informe puntualiza que “en el área de servicios privatizados, como existe una férrea barrera a la entrada, ya que todo el sector deviene en un monopolio consagrado por el Estado que impide el funcionamiento de cualquier proceso competitivo. Al igual que en el sector “libre”, una tasa de ganancia mayor o menor no tiene por qué determinar un mayor volumen de inversión” y acto seguido acota: “Pero la diferencia crucial ahora es que, si las empresas del sector deciden no invertir, no habrá otros competidores que lo hagan, simplemente porque están impedidos institucionalmente de hacerlo. Por tanto, no existe ningún mecanismo económico (ni la tasa de beneficio ni la expansión de la demanda en el sector) que puede determinar la inversión como sí ocurre en el sector ¨libre”.
Proyecto Económico hace particular hincapié en que “aunque se aumentaran las tarifas en un porcentaje tal como para cubrir la inversión (además de los costos operativos), no existiría ninguna garantía de que las empresas fueran a invertir más”. Y pone como caso testigo lo acontecido durante la gestión del sector eléctrico en el período comprendido en el bienio 2016/17 en el que “pese a los reiterados (y formidables) aumentos tarifarios…la inversión real en el sector resultó menor que en 2015. Hasta tal punto eso es una regularidad empírica, que en 2014 el Estado ya había quitado el manejo de los fondos de inversión a las prestadoras del servicio eléctrico, haciéndose cargo el gobierno del manejo de esos fondos”.
“De modo que, si se pretende que exista una mejora real en el sistema de servicios públicos, por ejemplo, en el área de electricidad (sea en generación o en distribución) las inversiones deberían correr por cuenta del Estado, como parte de su paquete de inversión en infraestructura y, por supuesto, esta inversión debería estar desvinculada de la tarifa que se cobre a los usuarios, la que solo debería cubrir los costos de gestión y administración del sistema más una ganancia razonable”, precisa el trabajo de PE.
Otro mito que relativiza Proyecto Económico es que la reducción sustantiva o eliminación de los subsidios haría más equitativa la distribución porque el incremento tarifario afectaría esencialmente a los sectores de mayores ingresos. “Si el problema fuera exclusivamente el carácter “pro rico” habría dos mecanismos para remediarlo sin necesariamente aumentar las tarifas. Por un lado, se podría aumentar el impuesto a las personas más ricas, corrigiendo el sesgo de los subsidios. Por otro, podría aumentarse el subsidio a los sectores de menores ingreso relativos”, subraya el trabajo. En esta misma línea de razonamiento, el informe encabezado por Vallejos, considera además que “el sesgo de los subsidios es un argumento a favor del ajuste del gasto, que es el objetivo fundamental. Obsérvese que este ajuste del gasto, junto con su contrapartida en el aumento de tarifas, están vinculados a una serie de hipótesis respecto del supuesto impacto del aumento de tarifas en las decisiones de inversión de las empresas”.