Obra pública: Cristina Fernández de Kirchner, su primer juicio y un país en vilo

Este martes el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer el veredicto en el juicio donde se juzga el presunto direccionamiento de obra pública en favor de Lázaro Báez y que tiene como principal imputada a Cristina Fernández de Kirchner donde se escucharon cientos de testigos, pudieron hablar los 13 imputados y decirle al tribunal sus últimas palabras. El debate duró más de 3 años y medio. 

Será la primera vez que una vicepresidenta en ejercicio escuche un veredicto que puede ser absolutorio o condenatorio. Todas las partes estarán conectadas por Zoom para escuchar la lectura. Y como todo en este país forma parte de la grieta, aquí no hay excepción. Están quienes esperan una condena y quienes, a pesar de decir que la misma ya está escrita, esperan una absolución. 

Es que la fiscalía pidió para Cristina Fernández de Kirchner una condena a 12 años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por el delito de asociación ilícita en calidad de jefa por defraudar al Estado en el otorgamiento de obra pública que habría beneficiado a las empresas de Lázaro Báez, para quien solicitaron la misma condena. En tanto sus defensas pidieron la absolución.

En agosto pasado, al solicitar las penas y referirse a los hechos traídos a debate, el fiscal Diego Luciani señaló que “se trató de actos de corrupción sistemáticos promovidos y mantenidos por los máximos responsables políticos del país, que arrasaron con todos los principios de contratación pública y que provocaron un gravísimo perjuicio a las arcas del Estado”. 

Asimismo afirmó que, “nadie estaría de acuerdo en que la Justicia mirara hacia otro lado cuando los funcionarios persiguen finalidades alejadas de la misión que se les encomendó”. En tal sentido, sostuvo que “la sociedad, indefensa ante semejantes arbitrariedades y abusos de poder, mira hoy a los fiscales y a los jueces, como la última alternativa, la última esperanza frente a estos atropellos. Y en particular, el fiscal defiende los intereses de la ciudadanía, es garante de la República y del Estado de derecho”.

Cuando la vicepresidenta alegó en causa propia sostuvo que en la acusación de los fiscales estamos en un “claro caso de prevaricato porque no solo los jueces deben buscar la verdad. Por eso pido extracción de todos y cada uno de los hechos confrontados. Quedó demostrado que el fiscal Luciani y Mola mintieron en el alegato fiscal”. Así dejó de manifiesto que quiere que los investiguen por su accionar.

De la falsa idea de proscripción 

Durante el debate oral, pero sobre todo este año cuando comenzaron los alegatos en el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2, desde distintos sectores afines al Gobierno que integra la vicepresidenta arengaron la idea de que a Cristina la quieren presa y buscan proscribirla. Lo primero es totalmente falso porque una supuesta condena no la llevaría a la cárcel en lo inmediato. Primero porque para ello se necesita una sentencia firme y además porque goza de fueros que le dan inmunidad.

Lo otro, es decir la proscripción de cara a las elecciones, es también algo falaz. Este 6 de diciembre se conocerá el veredicto y supongamos que fuera condenatorio como asegura la vicepresidenta. Recién cuando se lean los fundamentos, que en general se difieren de la lectura veredicto, ahí comienzan a correr los plazos para apelar la sentencia. 

Es decir que esto seguramente ocurrirá después de la feria de verano. Hablamos siempre de una sentencia que no está firme y que según la modificación en el código de procedimiento hasta que la Corte no se expida no se puede hablar de firmeza. Es decir que una vez conocidos los fundamentos, las partes, las querellas y la fiscalía están en condiciones de apelar si no están de acuerdo con el veredicto.

Una vez que la Cámara recibe el expediente previo a resolver debe convocar a una audiencia con las partes, que puede ser a través de la presentación de un memorial o la solicitud de Oralidad donde cada parte puede exponer su postura. Ya hemos visto en otros procesos que la audiencia duró varias jornadas y justamente tenía a la vicepresidenta sentada y pudo ella misma hablarle al Tribunal de Casación. 

Luego, la sala integrada por tres jueces está en condiciones de resolver los planteos esgrimidos. Podría haber incluso planteos de recusación, lo que demoraría más los plazos. Pero imaginemos que se aceleran los tiempos. Para entonces estaríamos con suerte en el mes de mayo cuando se presentan las listas (en un vídeo subido este año en sus redes, la vicepresidenta dijo que el juicio comenzó cuando cerraban las listas para las elecciones de 2019), es decir, que estaría en condiciones de presentarse porque aunque Casación rechazara los planteos -siempre suponiendo que exista condena- quedan aún recursos para ir a la Corte, que pueden ser concedidos o rechazados, nada es automático. 

Supongamos que le rechazan el recurso extraordinario, entonces puede ir en queja. Al llegar al Máximo Tribunal seguramente ya habremos pasado las elecciones primarias obligatorias. Y nada dice que la Corte pueda resolver con celeridad una causa de tal envergadura y con tantos imputados. Fue la misma vicepresidenta la que criticó a los cortesanos porque se demoraron tres años en resolver sus planteos, que recién en junio de este año hicieron con el debate en curso, lo que demuestra que la celeridad en la justicia es una gran deuda pendiente. Por lo tanto hablar de proscripción de cara a las elecciones al menos parecería una visión un tanto temeraria para degradar a la justicia que no les gusta. 

“Si la condenan paramos el Estado”

Cuando se supo la fecha en que los jueces leerán el veredicto, inmediatamente algunos gremios salieron en defensa de Cristina y también utilizando las redes dijeron “Si la tocan a Cristina... paramos el Estado. Les trabajadores no vamos a permitir un Lula en nuestro país. Basta de Lawfare y persecución política”. “Les estatales estamos con Cristina. SI LA CONDENAN EL 6/12 PARAMOS EL ESTADO”, anticiparon desde ATE (Asociación Trabajadores del Estado).

Ante esto varios dirigentes se sumaron en una crítica colectiva hacia la justicia y anunciaron movilizaciones para este martes, pero ninguna convocada por La Cámpora, el sector más cercano a la vicepresidenta. Como si una condena cambiara algo en el designio del país. Además si paran el Estado perjudican al mismo Gobierno que defienden o al menos al que tiene como vicepresidenta a Cristina Fernández de Kirchner juzgada por hechos de corrupción. 

Lo cierto es que este martes con movilización o no, con protestas o no, y repudios generalizados contra la justicia, por primera vez un tribunal dictará un fallo para una funcionaria que ostenta uno de los más altos cargos de la República en ejercicio de la función. Jueces que fueron bastardeados durante todo el proceso, a los que la propia Cristina les dijo que ellos tendrán que dar respuestas y que la historia los va a juzgar. Después del 6 de diciembre con condena o absolución se habrá terminado un debate que comenzó el 21 de mayo de 2019 y el tribunal volverá a agarrar su agenda para continuar otros juicios, porque éste no es el único proceso, es uno más de los tantos que a diario los jueces deben analizar y dar respuesta a la sociedad que espera que sea justicia.