Obra pública: un pedido de condena que abre la puerta a nuevas investigaciones

Por primera vez una vicepresidenta en ejercicio recibió un pedido de condena en el marco de una investigación por hechos de corrupción. En la novena jornada de sus alegatos, que duró nueve horas, y tras haberse explayado sobre las pruebas analizadas, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron condenas de entre dos años en suspenso y doce años de prisión para los imputados. Todo ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 en la causa conocida como "Vialidad" y "Obra pública", por el presunto desvío de fondos e irregularidades en la asignación de licitaciones de la provincia de Santa Cruz en favor del empresario santacruceño Lázaro Báez. 

La fiscalía pidió además la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos, y el decomiso de más de 5,3 mil millones de pesos, monto considerado del perjuicio causado; de los bienes muebles e inmuebles utilizados para la comisión del delito; y de aquellos que resultaron su producto.

Al referirse a los hechos Luciani señaló que “se trató de actos de corrupción sistemáticos promovidos y mantenidos por los máximos responsables políticos del país, que arrasaron con todos los principios de contratación pública y que provocaron un gravísimo perjuicio a las arcas del Estado”. 

Asimismo afirmó que, “nadie estaría de acuerdo en que la Justicia mirara hacia otro lado cuando los funcionarios persiguen finalidades alejadas de la misión que se les encomendó”. En tal sentido sostuvo que “la sociedad, indefensa ante semejantes arbitrariedades y abusos de poder, mira hoy a los fiscales y a los jueces, como la última alternativa, la última esperanza frente a estos atropellos. Y en particular, el fiscal defiende los intereses de la ciudadanía, es garante de la República y del estado de derecho”.

Además, aseguró que se trata de “la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”. Tras ello la fiscalía solicitó que se condene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos, accesorias legales y costas, en orden a los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y administración fraudulenta agravada haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

La misma pena solicitó para Lázaro Báez, al considerarlo autor del delito de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración.

En relación al ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido; al ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José Francisco López; y al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti, la fiscalía requirió una pena de 10 años de prisión, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, accesorias legales y costas, como autores de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de organizadores y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública. Y así fue bajando la escala para el resto de los imputados de menor rango. 

Al finalizar, algunas defensas pidieron la palabra previo a que el tribunal dispusiera un cuarto intermedio hasta el lunes 5 de septiembre, cuando comenzarán los alegatos de las defensas. Fue entonces que el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, solicitó formalmente que su asistida pudiera ampliar su declaración indagatoria en una audiencia a celebrarse mañana, algo que había dejado trascender durante la mañana a través de las redes sociales.

Beraldi sostuvo que la vicepresidenta quería responder aquellas cuestiones que se introdujeron en el debate y que no habían sido consideradas en el requerimiento de elevación a juicio efectuado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, como los mensajes extraídos del teléfono celular de José López, el plan “limpiar todo” o lo que se enunció como “el apagón informativo al Congreso”.

Luego de un cuarto intermedio el Tribunal Oral Federal N°2 rechazó la petición. La defensa de la vicepresidenta repuso la solicitud por considerar que resultaba “imprescindible que se escuche a la doctora Kirchner”, lo cual fue nuevamente desestimado in limine.

Aquella decisión de no hacer lugar al planteo y el pase a un cuarto intermedio generó un fuerte enojo de la vicepresidenta que adelantó nuevamente en sus redes que esta mañana a partir de las 11 a través de mis redes “voy a demostrar, justamente, por qué me están prohibiendo hablar en el juicio después del obsceno guión que montaron los fiscales”, sostuvo Fernández de Kirchner.

Justamente esos mensajes de López a los que hacen alusión como hechos nuevos entre otras pruebas son los que abrieron la posibilidad de ampliar la investigación hacia personas físicas y jurídicas por diferentes delitos. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron la extracción de testimonios para que se investigue si las empresas Petersen, Thiele y Cruz -propiedad de la familia Eskenazi-, Esuco S.A. -cuyo dueño era Carlos Wagner- y Equimac se prestaron a maniobras de simulación de competencia en las licitaciones de obra pública.

Asimismo pidieron determinar la posible responsabilidad del titular del Registro Nacional de Constructores de Obra Pública (RNCOP), Gustavo Galloni, y de la inspectora de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz (AGVP), Paola Kiernan, en algunos de los hechos investigados en esta causa.

Además quieren que se investigue posibles conductas ilícitas relativas a la licitación del Hospital Materno Infantil de Río Gallegos.

Por último pidieron profundizar en las conductas delictivas que surgen de las conversaciones del teléfono personal incautado a José López. Quienes fueron mencionados en los respectivos mensajes que aparecieron en el celular del exfuncionario son Amilcar Fredes, por entonces coordinador general de la Secretaría de Obras Públicas, Juan Ignacio Forlón, expresidente del Banco Nación, Matías Bezi funcionario y cercano al hijo de la expresidenta y Máximo Kirchner.

El 5 de septiembre comenzarán los alegatos de las defensas de los imputados que tendrán tres audiencias cada uno para exponer. Tras lo cual, el juicio que comenzó en mayo de 2019 se acerca hacia el final cuando se conozca la decisión del Tribunal. Mientras tanto la sociedad está dividida entre aquellos que consideran que debe condenarse los hechos de corrupción y quienes adhieren a la teoría del lawfare y sostienen que no hay pruebas para una condena a su líder política.