Portezuelo del Viento: el otro revés para Mendoza en el laudo adverso de Alberto Fernández
Tras varios meses de indecisión, el presidente Alberto Fernández dictó este jueves el laudo arbitral respecto de la obra Portezuelo del Viento y avaló la realización de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental Regional e Integral sobre toda la cuenca del Río Colorado. Desde el Gobierno de Mendoza consideraron esta determinación como un revés para la provincia y afirmaron que se trató de un rechazo a la construcción de la represa. Pero además, en el fallo el mandatario nacional desestimó la solicitud que había realizado el gobernador Rodolfo Suarez para que la Nación habilite a usar los 1023 millones de dólares destinados al proyecto en otras obras que no sean necesariamente hídricas para la generación hidroeléctricas.
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Con el patrocinio letrado de la Asesoría de Gobierno y de la Fiscalía de Estado, Suarez había presentado en abril de este año un documento ante el Gobierno nacional con los antecedentes y fundamentos jurídicos de la provincia en relación al laudo. Allí había expuesto sus argumentos refutando los cuestionamientos que había planteado La Pampa en el seno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) sobre la viabilidad ambiental de la presa proyectada en Malargüe.
En la presentación mendocina se incluyó un petitorio en el que además de pedir el aval a Portezuelo del Viento se hizo un pedido específico ante un eventual laudo adverso para la provincia. En concreto se solicitó una modificación al convenio que firmaron la Nación y Mendoza en 2019 por el que se comprometió el envío a la provincia de los 1023 millones de dólares en concepto de resarcimiento por la Promoción Industrial.
En ese acuerdo se dejó explicitado que esos fondos tienen como destino exclusivo la construcción de Portezuelo del Viento u otra obra hídrica de generación de energía. Concretamente, en la cláusula tercera del acta se estableció: "Las letras intransferibles serán depositadas en una cuenta comitente de la Provincia en el Banco de la Nación Argentina y sus servicios serán transferidos a un fideicomiso que será constituido por la Provincia a los fines de la ejecución de la obra y/u otras obras hídricas necesarias para el desarrollo de la generación hidroeléctrica provincial".
En este sentido, el objetivo de Suarez era que ante un seguro fallo desfavorable, el presidente habilitara una enmienda a esa cláusula para que esos recursos puedan ser destinados a otras obras que no impliquen necesariamente la construcción de una central hidroleléctrica.
“Para el hipotético caso de que el laudo resulte contrario a lo peticionado por esta parte o que el Sr. Presidente entienda que hay que realizar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental Regional (…) con el agravante de la inmovilización de los fondos y el grave perjuicio que eso significa, solicitamos en ambas hipótesis autorice a la Provincia de Mendoza la construcción de obras de generación de energía así como las que permitan ampliar la capacidad productiva, optimizando el uso del agua u otras obras que persigan la misma finalidad, ello sin perjuicio de hacer reserva de avanzar en la concreción de otras obras hídricas”, expresaba el documento firmado por el Gobierno provincial.
Sin embargo, el laudo del presidente conocido este jueves no se hizo lugar a la autorización solicitada por Mendoza. Es más, en las 25 carillas que tiene el fallo no se hace si quiera referencia al pedido concreto de la provincia.
En concreto, Fernández resolvió “requerir, en cumplimiento de lo ya estipulado en el laudo arbitral del 16 de enero de 2018, que en el proceso de evaluación ambiental del proyecto “Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento” se elabore un Estudio de Impacto Ambiental Regional e Integral sobre toda la cuenca del Río Colorado que deberá ser sometido a consideración del Consejo de Gobierno del COIRCO, con el objeto de que, en dicho ámbito, se emita dictamen”.
Ese último aspecto implica que las cinco provincias del comité (Mendoza, La Pampa, Neuquén, Buenos Aires y Río Negro) deberán votarlo favorablemente de forma unánime para que sea aprobado. Al mismo tiempo, el presidente instó a los gobiernos provinciales a “maximizar los esfuerzos con el fin de hallar puntos de acuerdo”.
Conociendo ya el alcance del laudo y teniendo en cuenta que no hubo ninguna modificación a la cláusula tercera del convenio rubricado en 2019, ahora la provincia deberá terminar de resolver el destino de los 1023 millones de dólares y apuntarlos sí o sí a obras hidroeléctricas.
En este sentido, Suarez ya se había anticipado a un eventual freno a Portezuelo y a finales de agosto anuncio que la provincia avanzaría en la licitación para construcción de la represa El Baqueano, proyectada sobre el Río Diamante de San Rafael.
El proyecto prevé una inversión de 525 millones de dólares, es decir prácticamente la mitad de los fondos que terminará de recibir la provincia en octubre de 2024. En tanto, desde el Ejecutivo aclararon que el resto de los recursos iría a un plan en el que se viene trabajando con Emesa, Irrigación y Aysam.