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Después del Mundial, Alberto Fernández no para de sumar dolores de cabeza

Tras el decreto presidencial que establece el pago de 24.000 pesos para los trabajadores privados, distintos sectores comenzaron a rebelarse contra el Gobierno de Alberto Fernández.

El Gobierno de Alberto Fernández no tiene respiro en los últimos días de 2022. Mientras el dólar blue se dispara (este miércoles cerró en 357 pesos) y la crisis política dentro del frente gobernante sigue en ebullición, en Casa Rosada suman un nuevo dolor de cabeza, que ni la alegría por la obtención del Mundial de fútbol puede calmar.

Hace dos semanas, la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios; la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA); la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME); y la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), habían puesto el grito en el cielo por el bono de 24.000 pesos decretado por el Gobierno para los trabajadores privados.

En un duro comunicado, FEBA explicó que "durante 2022, las negociaciones paritarias se han reabierto y han funcionado como un mecanismo eficaz para dar respuesta al problema de la inflación. La metodología dispuesta por el Gobierno para otorgar el bono afecta esa dinámica de recomposición del poder adquisitivo de los salarios", y agregó: "Las negociaciones colectivas y las reaperturas de paritarias en los diferentes sectores productivos pyme contempla consensuar bonos u otras formas de adicionales que, a la luz de la metodología dispuesta por el Poder Ejecutivo, se superpondrán con los que la norma en cuestión otorga".

Por su parte, desde Camarco expresaron que "la definición del ajuste en las remuneraciones y la consecuente recomposición del poder adquisitivo debe ser en el marco de las negociaciones paritarias. Dicho ámbito resulta adecuado para que las partes determinen un ajuste en las remuneraciones de acuerdo a la necesidad y situación de las mismas. En el caso de la construcción, dicha situación salarial ya fue ponderada en la reciente negociación paritaria, acordada el 2 de diciembre".

CAME, en tanto, había publicado un comunicado en el que expresaban: "Es claro que nuestros colaboradores perdieron poder adquisitivo por la inflación. Pero el marco correcto para recuperarlo son las paritarias, muchas de ellas aún abiertas, como es el caso de la mercantil, la más grande del país. En un contexto de cinco meses consecutivos de baja de ventas minoristas y con negociaciones abiertas con el gremio para definir el segundo tramo de actualizaciones salariales por inflación, las pymes no están en condiciones de afrontar el pago del bono".

Este miércoles, la Confederación de Pymes Constructoras también salió a marcarle la cancha al Gobierno de Alberto Fernández con un comunicado, apuntado a la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, en el que declaran: "El 2 de diciembre pasado la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (Faec) resolvieron reabrir y complementar los acuerdos paritarios de mayo y septiembre previéndose aumentos escalonados para diciembre de este año, enero, febrero y marzo de 2023. Dichos porcentajes posicionan al sector con una variación interanual que significa un incremento de sueldo del obrero de la construcción en un 105% sobre marzo de 2022. Es decir que el sector previó con anterioridad al dictado del DNU 841/2022 la necesidad de un ajuste salarial".

Según la Confederación, la asignación no remunerativa de 24.000 pesos, establecida por decreto, "no es de aplicación para el sector que nuclean y ello por cuanto dicho importe queda absorbido por los ajustes pactados en la paritaria del mes de diciembre/2022".

Otros que mostraron su preocupación fueron los integrantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), quienes ante la medida unilateral del Gobierno de Alberto Fernández, declararon: "En el caso del sector privado el camino es el de la negociación colectiva y, si hubiera otro tipo de acuerdo, debe ser con la participación de los actores. No fuimos consultados por el bono, ni por las características y no compartimos ni la necesidad ni la conveniencia de establecerlo. Destacamos que iba a generar superposiciones e interferencias con lo pautado en los propios convenios, perturbando las escalas más bajas y generando expectativas en otros eslabones de la cadena".