Coparticipación

Coparticipación: un fallo favorable para la Ciudad que la obliga a cumplir promesas

Fue por unanimidad. La ciudad recibió la buena nueva de la Corte Suprema que hizo lugar a una cautelar y obligó a Nación devolverle el 2,95 por ciento de los fondos coparticipables. La Ciudad, obligada a cumplir su palabra.

Lourdes Marchese
Lourdes Marchese miércoles, 21 de diciembre de 2022 · 21:46 hs
Coparticipación: un fallo favorable para la Ciudad que la obliga a cumplir promesas
Foto: Maximiliano Ríos/MDZ

Si bien la cuestión de fondo no está zanjada, el fallo firmado por unanimidad por los jueces de la Corte Suprema que este mediodía hizo lugar a una medida cautelar y ordenó que durante la tramitación del proceso el Estado Nacional entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos cuyas transferencias se realizarán en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina se analizan como un logro para la ciudad. Esto, debido a que se vio afectada en 2020 durante el conflicto de la policía bonaerense cuando el presidente Alberto Fernández decidió quitarle fondos al gobierno porteño para enviárselos a Axel Kicillof a fin de resolver el problema. 

En dicho fallo, la Corte además ordenó al Estado Nacional que, durante la tramitación del proceso, se abstenga de aplicar la ley 27.606. Es aquella que tras el decreto presidencial de quita de fondos, se aprobó en el Congreso.

La Ciudad, al pedir que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27.606, sancionada el 10 de diciembre de 2020, afirmaba que lesiona y viola el carácter concertado o convencional de la transferencia de facultades y funciones de seguridad de la Nación a la Ciudad Autónoma (CABA) en materias no federales, así como el coeficiente de coparticipación que le corresponde, todo lo cual habría quedado consentido con anterioridad generando derechos a su favor.

El 5 de enero de 2016, la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional suscribieron un convenio por el cual la Ciudad asumía la función de seguridad pública en materias no federales, al tiempo que la Nación le transfería la totalidad del personal, organismos, funciones, competencias, servicios y bienes que se encontraban afectados hasta ese momento a la prestación de dicho servicio.

Según la demanda, el Poder Ejecutivo Nacional por entonces dispuso aumentar el coeficiente de coparticipación de la Ciudad y fijarlo en el 3,75% sobre el monto recaudado de acuerdo con el artículo 2° de la ley 23.548 (decreto 194/2016, del 18 de enero de 2016). 

Poco después, fue dictado el decreto 399/2016, cuyo artículo 2° declara que la diferencia entre el nivel de transferencias a la Ciudad establecido en el decreto 705/2003 (1,4%) y el dispuesto en el decreto 194/2016 (3,75%) sería destinada a “consolidar la organización y funcionamiento institucional de las funciones de seguridad pública en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En el año 2017, la Ciudad prestó su conformidad a que el porcentaje fuera reducido al 3,5% al suscribirse el Consenso Fiscal de fecha 16 de noviembre de 2017. Dicha reducción se concretó al dictarse el decreto 257/2018, cuyos fundamentos aluden a “los montos comprometidos para consolidar la organización y funcionamiento institucional de la seguridad pública en materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en los decretos 194/2016 y 399/2016”.

Al rechazar la demanda el Estado sostuvo que que la transferencia de los servicios de seguridad no federales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires debe hacerse en el marco del artículo 75, inciso 2°, párrafo quinto de la Constitución Nacional. Asimismo como contra demanda pidió que se condene a la Ciudad de Buenos Aires a restituirle los importes percibidos en exceso bajo los decretos 194/2016, 399/2016 y 257/2018. Consideró que estos decretos solo buscaron favorecer a la Ciudad de Buenos Aires por afinidad político-partidaria, pero sin contar con respaldo jurídico, presupuestario o económico.

A la hora de explicar las razones por las que decidieron hacer lugar a la cautelar los jueces de la Corte Suprema sostuvieron que con la reforma de 1994, que reconoció a la Ciudad de Buenos Aires un régimen de gobierno autónomo, adquirió un nuevo estatus constitucional que se expresó en el artículo 129 de la Constitución Nacional reformada, en cuanto establece que “La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de Gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción...”.

En lo que respecta a la autonomía fiscal, el Congreso reconoció que la Ciudad de Buenos Aires cuenta con autonomía legislativa para el ejercicio del poder fiscal y que es directamente responsable por el cumplimiento de las restricciones establecidas en el artículo 9° de la Ley de Coparticipación para el conjunto de las provincias. Por su parte, la Ciudad, en 1998, sancionó la ley 4 para adherir al régimen de coparticipación.

La solución del decreto 705/2003 consiste en que, mientras siga vigente la Ley de Coparticipación 23.548, los recursos coparticipados que recibe la Ciudad provendrán exclusivamente de la cuota que, según el artículo 3° de la Ley de Coparticipación, corresponde a la Nación en la distribución primaria. Ese arreglo permite a la Ciudad contar con recursos propios, sin disminuir la participación de las provincias.

Así es que la Corte decidió ajustar el alcance de la medida precautoria a dictarse para distribuir entre las partes del juicio la carga de soportar los eventuales perjuicios vinculados con la duración del proceso, el que tiene “por objeto decidir tanto la demanda original, promovida por la Ciudad de Buenos Aires, como las pretensiones que fueron introducidas en la reconvención opuesta por el Estado Nacional”. 

De este modo refirió en su fallo firmado por unanimidad que se morigera, por esta vía, “el riesgo que enfrentan ambas partes de que, hasta tanto se dicte el fallo final, uno de los estados reciba menos o el otro deba entregar más recursos coparticipados de los que en definitiva correspondan”.

Los cuatro jueces reiteraron que lo que se discute aquí no afecta la coparticipación de las provincias. En efecto, “sea cual fuere el resultado de este pleito los recursos coparticipados de las provincias no se verán afectados, pues la cuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires se detrae únicamente de los fondos que le corresponden precisamente a la Nación en la distribución primaria”. 

De este modo el jefe de gobierno porteño adelantó esta tarde que dará cumplimiento a lo sostenido cuando incorporó el impuesto a la tarjeta de crédito y la tasa de Ingresos Brutos sobre los instrumentos financieros, en relación que los mismos dejarían de tener vigencia si los fondos volvieran a estar bajo la órbita de la ciudad. Había poca expectativa al respecto dado que en este país, impuesto que aparece, impuesto que queda. En este caso pareciera ser la excepción.

Habrá que estar atentos a lo que ocurra de aquí en adelante porque como sostuvimos al comienzo de la nota, la discusión final aún no está zanjada y a futuro la Corte puede dictar un fallo de fondo que beneficie a cualquiera de las dos partes. El capítulo sigue abierto.

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