Los tres indicadores del deterioro argentino y el efecto placebo que oculta esa realidad

El Gobierno nacional y los gobiernos locales tienen planillas que miran cotidianamente. Algunas, las de mayor frecuencia de consulta, sobre la imagen sobre sí mismos. Y otras que indican el estado de situación social; un mapa de calor de lo que pasa en la calle. En ese sentido, hay tres indicadores que marcan el deterioro: la precariedad laboral y de ingresos, la pobreza e indigencia y la alta dependencia de la asistencia directa del Estado que tiene la población argentina y que genera un efecto placebo.

El problema del capital humano de Argentina se profundiza. La principal fuerza de trabajo es el sector “micro informal”, un concepto eufemístico para nombrar a la precariedad absoluta. El 53,6% de los ocupados trabaja en ese sector y solamente el 30,4% de los ocupados están en el sector privado formal.

La otra característica de la nueva Argentina es que tener un trabajo no alcanza, pues el 30% de las personas que tienen un empleo igual son pobres. Esa tendencia también se acentúa. “El ciclo de estancamiento iniciado en 2014 provocó un incremento de la pobreza de ocupados…A partir de la crisis de 2018-2019, profundizada por la pandemia de COVID19, la pobreza de trabajadores se ha instalado en un nuevo nivel, que en 2022 llegó a 29,8%. Entre 2010 y 2022, el incremento de la pobreza de ocupados ha estado vinculada con el empobrecimiento de los trabajadores con empleos de baja calidad (precarios y subempleados inestables) y en el sector micro-informal”, detalla el informe del Observatorio de la Deuda Social, de la UCA.

“Sólo el 40,3% de la población económica activa de 18 años y más logró acceder a un empleo pleno de derechos. Mientras que el 8,7% de esta población se encontraba abiertamente desempleada y el 23% sometida a un subempleo inestable (changas, o siendo beneficiarios de programas de empleo con contraprestación). Al mismo tiempo, el 28% contaba con un empleo regular pero precario (con niveles de ingresos superiores a los de subsistencia, pero sin afiliación alguna al Sistema de Seguridad Social)”, detalla el informe de la UCA. En ese plano, el del empleo, la recuperación tras la pandemia también fue precaria. “Se observa que, la recuperación del empleo, luego de las limitaciones a la producción y comercialización debido a la cuarentena, se basó, básicamente, en la creación de puestos de trabajo de escasa calidad, changas y programas de empleo con contraprestación. Pasando el subempleo inestable del 19,2% al 23%, entre 2021 y 2022”, explican.

La crisis agudiza las desigualdades. Por eso, por ejemplo, la precariedad laboral y la pobreza son  más “jóvenes, femeninas y del interior”.

• Se observa diferencias según la estructura productiva de cada región, mientras que en CABA el 70,7% de los activos poseen empleo pleno, sólo llegan a esta calidad del empleo el 33,2% de los activos del conurbano bonaerense, el 36,4% de los de otras áreas metropolitanas y el 41,6% del resto urbano del interior.
• Los atributos personales también generan diferencias, solo el 34,5% de los jóvenes poseen un empleo de calidad en comparación con el 47,2% de los adultos y el 29,3% de los adultos mayores. Por su parte, solo el 37,1% de las mujeres económicamente activas accede a este tipo de empleo, cuando sí lo poseen el 43% de los varones activos.

Efecto placebo

Hoy, 4 de cada 10 argentinos vive en condiciones de pobreza y casi el 10% no tiene los recursos para alimentarse. Pero 6 de cada 10 niños viven en las mismas condiciones.

La tendencia es creciente y parece irreversible: cada crisis aguda deja más personas marginadas de la vida productiva, más personas pobres y más personas dependientes. Lo que duele es el deterioro: en 1974 Argentina tenía un 6% de personas pobres; en los 80 pasó al 20%; en la  década de 1990 el “piso” era de algo más del 25%. Hoy es de más el 40%; es decir más de 17 millones de personas no tienen los recursos para cubrir sus necesidades básicas.

El problema para los decisores es el efecto placebo que pueden generar esos indicadores; pues la realidad es mucho más dramática. Sin la asistencia de emergencia del Estado, la pobreza subiría al 50% y la indigencia afectaría a casi el 20% de la población. Es decir, 2 de cada 10 argentinos no tendrían los recursos suficientes para alimentarse y hoy solo lo consiguen (en términos nominales) por esa asistencia. Para decirlo de otro modo, dependen directamente del Estado para poder comer porque no se pueden valer por sus propios medios.

Esa información tiene una base estadística especulativa, y fue realizada por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. La asistencia social directa tiene un efecto político potente. Por un lado para evitar la transferencia de la desazón personal y familiar a la calle. Y también porque representan un potencial capital para quienes representen sus intereses; es decir quienes administren los planes de asistencia (que hoy ni siquiera es el Estado).