Dura denuncia de una fundación contra el Gobierno nacional por la compra de vacunas

Dura denuncia de una fundación contra el Gobierno nacional por la compra de vacunas

A través de un informe, Poder Ciudadano denunció que Argentina, a la fecha, no ha hecho explícito los detalles de las vacunas adquiridas por covid-19. Alejandra Bauer, la coordinadora de la organización sin fines de lucro, habló con MDZ Radio.

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Este miércoles la Autoría General de la Nación (AGN) decidió aprobar sin mayor debate los diez contratos a los que el Estado argentino se suscribió con los laboratorios para la provisión de vacunas contra el covid-19. En este marco, MDZ Radio entrevistó a Alejandra Bauer, coordinadora de Poder Ciudadano, quien  denunció que “el Gobierno nacional a la fecha no ha publicado formalmente ni ha filtrado la información de los contratos de las vacunas”. 

La coordinadora sustentó su posición citando el último informe publicado por la fundación sin fines de lucro acerca del “Observatorio de Vacunas Covid-19: análisis de disponibilidad de información”. Con esto, Bauer manifestó que “la mayor preocupación es que el Estado está haciendo confidencial la totalidad de la información de los contratos". 

“Si bien venimos reclamando por el acceso a los contratos desde junio de 2021 y tuvimos que judicializar nuestro pedido porque las autoridades no publican los contratos. Mientras la ley que se sancionó especialmente para habilitar la compra de estos insumos, autoriza a que estos contratos tengan algunas cláusulas confidenciales. Sin embargo, lo que se está haciendo es que todo el contrato sea confidencial y al final la ciudadanía no puede conocer ningún aspecto directo de este acuerdo, sólo puede conocer los datos si el Ministerio de Salud decide publicarlo por sus medios”, apuntó. 

Por lo cual, Bauer sostiene que “la aplicación de la confidencialidad de los registros en el marco normativo argentino es ilegal y lo estipula la Ley de Acceso a la Información Pública Argentina, la cual autoriza a que en determinadas cuestiones, que son previstas por la ley como excepciones al derecho de acceder a la información pública, pueden ser reservadas. Por eso, no se puede reservar un contrato entero porque no todos los aspectos del contrato entran dentro de esas excepciones”. 

Al mismo tiempo, la coordinadora de Poder Ciudadano habló del informe realizado y detalló que “a pesar de haber encontrado las actas de recepción y órdenes de pago del Ministerio de Salud, lo único que no pudimos determinar cuál era el criterio del Gobierno a la hora de distribuir las vacunas”. 

“No encontramos que en las actas tuviera reflejada ninguna discusión sobre cantidades a enviar a tal o cual provincia. Con lo cual, no podemos conocer con qué criterio se usaron las vacunas entre las distintas provincias, ni en cuanto a cantidades ni en cuanto a marca, porque en algún momento había algunas marcas de vacunas que eran mejores para determinados grupos vulnerados”, dijo.

Por último, sostuvo que “tampoco pudimos determinar el camino que recorrió cada vacuna desde que llegó al país hasta la inoculación del paciente que la recibió, porque una vez que las provincias reciben la vacuna, depende de la voluntad de las autoridades provinciales. Esto no lo sabemos, ya que cada vez que hicimos un pedido de acceso a la información pública a las provincias que adhieren a la Ley de Acceso a la Información Pública Nacional, no recibimos sus respuestas”, sentenció. 

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