Obra pública: la defensa de Báez le responderá a la fiscalía y se acerca el veredicto

Ante el Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, este viernes desde las 9:30 continuará el juicio por el presunto direccionamiento de obra pública a las empresas del empresario santacruceño Lázaro Báez, que tiene como principal imputada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En esta audiencia está previsto que el abogado de Báez, Juan Villanueva, haga uso de las dúplicas puesto que en la última audiencia cuando la fiscalía respondió planteos de nulidad introdujo una cuestión que para el Tribunal ameritó darle lugar a que la defensa del empresario pueda responder. Será una exposición breve en la que responderá a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en relación a que ellos sostuvieron que la utilización de información pública que hizo el letrado en el alegato no correspondía.

Se trata del momento en que Luciani refirió: “Nosotros fuimos los sorprendidos cuando admitió que pidió a la DNV para que le facilitaran aparentemente expedientes de la licitación 11707/16 en el cual el defensor aseguró que hay fotos a todo color. Miren el expediente y saquen sus conclusiones. Esto ocurrió aparentemente luego de nuestro alegato. No estoy haciendo réplica ni voy a hacer”.

Asimismo agregó: “Qué dirían las defensas si la fiscalía hubiera actuado de esa forma. Menos hacerlo a espaldas. Hasta el día de hoy desconocemos qué información pidió. No hay constancia de que haya aportado información. Aparentemente habla de una licitación”.

Esto es lo que se tomó como algo novedoso que pudo considerarse como una réplica que da lugar a respuesta por parte de la defensa.

En la audiencia pasada los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que no advertían nada que amerite réplicas. “No tenemos nada que replicar, el alegato se sostiene por sí mismo. El tribunal ya conoce las pruebas”. Además a la hora de responder planteos de nulidad los fiscales manifestaron que su proceder fue transparente y honesto.

“Estas pruebas se encuentran a disposición de todas las partes desde 2018. Por eso el planteo es absolutamente improcedente”, agregaron en relación a los mensajes que mostraron de José López.

Una vez terminada esta etapa, si no surge un nuevo planteo de las defensas, el Tribunal estará en condiciones de fijar el cronograma para que los trece imputados puedan brindar sus últimas palabras previo a que se dicte el veredicto. El mismo será como en un principio se organizaron los alegatos, es decir por orden alfabético siendo Lázaro Báez el primero. 

Lo que se debate en el juicio

Según el requerimiento fiscal que se leyó durante varias jornadas cuando inició el juicio el 21 de mayo de 2019, “la maniobra delictiva llevada a cabo entre 2003 y 2015 por parte de una asociación ilícita, que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de un plan criminal que derivó en una defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz, por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos”.

Durante sus alegatos la fiscalía, antes de pedir las condenas, sostuvo este año que “se trató de actos de corrupción sistemáticos promovidos y mantenidos por los máximos responsables políticos del país, que arrasaron con todos los principios de contratación pública y que provocaron un gravísimo perjuicio a las arcas del Estado”. 

En agosto pasado los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola requirieron al Tribunal que se condene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos, en orden a los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y administración fraudulenta agravada haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.

La misma pena solicitaron para el empresario santacruceño Lázaro Báez, al considerarlo autor del delito de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración.

En relación al ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, Julio De Vido; al ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José Francisco López; y al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti, la fiscalía requirió una pena de 10 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, como autores de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de organizadores y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública. Y así fue bajando la escala para el resto de los imputados de menor rango.