Por qué el Gobierno pide endeudarse para una obra que ya tiene fondos

El Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública de Mendoza comunicó que el proyecto del Acueducto Monte Comán - La Horqueta en el sur provincial ya tiene 16 empresas interesadas para su ejecución. Se llamo a licitación y las ofertas se conocerán recién el 30 de noviembre y desde la cartera afirman que se llevará adelante con un presupuesto oficial de $2.102.650.465, respaldado por fondos provinciales. Sin embargo, el mismo acueducto se encuentra dentro del paquete de cuatro obras clave que requieren de la aprobación de endeudamiento en la Legislatura provincial. Es decir, se financiará con fondos propios pero el gobierno al mismo tiempo pide 15 millones de dólares para hacerla.

Según explicaron desde la cartera que conduce Mario Isgró, lo que sucede es que el Gobierno tiene el "ok" del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFIR) para recibir un crédito que permita construir el acueducto, pero con la condición de tener el aval legislativo. Si la legislatura no aprueba el endeudamiento, la obra se concretará igual, aunque con dinero proveniente de las arcas provinciales. Lo que busca el gobernador Rodolfo Suarez es no gastar ese "ahorro" y tomar el financiamiento de 15 millones de dólares a tasas bajas. "Vos tomás la deuda y la devolvés en pesos", afirmaron desde la cartera de Infraestructura.

En concreto, el Gobierno planea iniciar la obra con fondos provinciales, para así proceder a continuar a través del dinero obtenido del endeudamiento. Ese es el plan por el cual el radicalismo y el peronismo se encuentran en plena negociación. La interna en torno a las elecciones dentro del Partido Justicialista también ocupa protagonismo. La UCR intenta seducir a legisladores peronistas que no están conformes con la conducción camporista y que responden a los intendentes díscolos. Se necesitan tres diputados para poder lograr los dos tercios y que el presupuesto sea tratado en el recinto.

Pero pese a lo que suceda, la obra está garantizada. El Ejecutivo quiere tomar la deuda y devolverla en pesos. 

En diálogo con MDZ, el ministro de Infraestructura, Mario Isgró, explicó: "El gobernador tomó el compromiso de que esa obra la teníamos que ejecutar con fondos provinciales. Venimos trabajando sobre la base de un proyecto que existía. Paralelamente, presentamos el proyecto en el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFIR), donde fue bien recibido. Nos dijeron que les facilitaba el trámite que ya estén los pasos de la obra. Está licitándose con fondos provinciales y está presentada en el FFIR. Ya nos dijo que sí, pero necesitamos que haga lo mismo la Legislatura. El primer paso es Legislatura y después el FFIR".

Según lo que pudo averiguar este diario, la obra apuntada para utilizar la partida inicial -en el caso de que se apruebe el endeudamiento y el FFIR desembolse los 15 millones de dólares- es el camino del Cañon del Atuel, también en el sur provincial.

Las empresas interesadas en construir el acueducto y que hicieron la visita obligatoria como paso previo a la licitación son: Camiletti SA, Semisa Infraestructura SA, Genco SA y otros, Constructora Ivica y A. Dumandzic, Corporación del Sur SA, Super Cemento, Hugo del Carmen Ojeda SA, Stornini SA, Chediack, Agrocon SRL y otros, Obras Andinas, Ceosa, Constructora San Guillermo SA, Hormicon, Hormicon Super Cemento y Universo SA.

La obra tiene como objetivo abastecer de agua apta para el consumo del ganado a 89 explotaciones agropecuarias entre San Rafael y La Paz. Esto a través de 291 kilómetros de cañería, 31 bornas, y 83 puntos de entregas. Estiman que mejorará las condiciones socioproductivas de casi 435.000 hectáreas y que permitirá triplicar la producción ganadera de la zona Sureste de la provincia.

Una obra teñida por la polémica

Este proyecto había quedado envuelto en una controversia em 2020 debido a que el BID retiró el crédito que había otorgado para su financiamiento luego de detectar irregularidades en el proceso de licitación que estaba a cargo de Irrigación. 

La obra había sido preadjudicada a la UTE Ceosa-Obras Andinas que había calificado en el sexto lugar de las ofertas económicas. Esto desencadenó una presentación ante la Fiscalía de Estado de otras empresas que habían participado de la licitación y finalmente el organismo internacional terminó interpretando que se había violado la cláusula de confidencialidad en el proceso y retiró el crédito destinado al acueducto.

El escándalo fue de tal proporción que el BID decidió retirar el financiamiento y se dio de baja la licitación. Curiosamente, tanto la empresa sospechosa como la que denunció irregularidades volverán a competir en este nuevo proceso licitatorio.