La Cámara Federal define si libera a los detenidos de Revolución Federal
Esta mañana se realizará ante la sala 1 de la Cámara Federal una audiencia previo a resolver si hace lugar a los planteos de excarcelación de los cuatro detenidos de Revolución Federal que la semana pasada el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi rechazó en el marco de la causa por incitación a la violencia colectiva
Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile fueron detenidos tras distintos allanamientos y la última se entregó en los tribunales luego de haber sido imputados por el fiscal Gerardo Pollicita. Morel y Basile prestaron declaración mientras que los otros optaron por no hacerlo.
El magistrado fijó para hoy la ampliación de las declaraciones indagatorias de estos dos detenidos que no habían declarado antes. Hablamos de Gastón Guerra y Leonardo Sosa, que a pedido de su defensa ahora lo harán. Será a través de la plataforma Zoom a las 9.30 y a las 10.30.
Recordemos que en el dictamen realizado por la fiscalía, se sostuvo que el cuadro probatorio alcanzado en el marco de este expediente resulta suficiente como para “tener por corroborada la actividad desplegada, al menos desde el mes de mayo del corriente año 2022 hasta la actualidad, por Jonathan Morel y Leonardo Sosa, quienes organizaron una agrupación de la que luego tomaron parte Gastón Guerra y Sabrina Basile -entre otras personas aún no identificadas-, y desde la cual llevaron a cabo un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”
En ese contexto, explicó el fiscal, desde la agrupación conformada utilizaron las redes sociales como herramienta de difusión -donde su mensaje alcanzaba a gran cantidad de personas y en definitiva a la generalidad de la población-, siendo que por aquella vía y en las calles “alentaron e incitaron a la persecución, a la violencia y al odio, teniendo por principales, aunque no únicos destinatarios de aquellas acciones a funcionarios públicos de la actual gestión del Poder Ejecutivo, constituyéndose así en uno de los actores que sembraron en la sociedad la escalada de violencia cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la vicepresidenta de la Nación, el pasado 1° de septiembre”.
A la hora de rechazar las excarcelaciones, el magistrado tuvo en cuenta el dictamen de la fiscalía que solicitó no hacer lugar a los pedidos ya que "se han logrado establecer conductas y conversaciones entre los integrantes de la agrupación Revolución Federal que evidencian un claro intento de abstraerse del accionar de la justicia y reaccionar violentamente frente a la autoridad".
En ese contexto, además entendió el magistrado que el "material recolectado a lo largo de la instrucción deja al descubierto el escaso apego a las normas" por parte de los detenidos y eso "lleva a presumir que, en caso de recuperar la libertad, podrían colaborar en operatorias dedicadas a amedrentar víctimas y testigos".
Además, Martínez De Giorgi consideró que "el estado de libertad en este momento de la instrucción, podría también entorpecer el resto de las diligencias peticionadas por el fiscal, las cuales, podrían guardar vinculación con los hechos investigados en la causa del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 5 del atentado a la vicepresidenta de la Nación, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner".
Una vez realizada la audiencia, los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens estarán en condiciones de resolver. En tanto el juez Marcelo Martínez De Giorgi ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de un fideicomiso vinculado a la empresa "Caputo Hermanos" en relación a pagos millonarios recibidos por Jonathan Morel para supuestamente pagar la contraprestación por trabajos de carpintería.
Asimismo, en las últimas horas la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, representada por el abogado Alejandro Rúa, fue aceptada como querellante por haber sido víctima de uno de los escraches del grupo, según la imputación hecha en la causa a los cuatro detenidos. De este modo, podrá acceder a la causa, tal como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que ya es querellante.