La defensa de Lázaro Báez insiste en su inocencia y apunta contra Javier Iguacel y los fiscales

La defensa del empresario santacruceño Lázaro Báez, encabezada por Juan Villanueva, continuará el próximo martes desde las 9.30 horas con la tercera y última jornada de alegatos frente al Tribunal Oral Federal 2 integrado por Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, en el juicio por el presunto direccionamiento de obra pública a las empresas de Báez.

En el marco del debate oral, la fiscalía solicitó 12 años de prisión, accesorias legales y costas al considerarlo autor del delito de asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública. Mismo pedido que se le hizo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien acusaron como jefa de esa asociación ilícita “destinada a sustraer fondos del Estado”.

En este caso se investigaron las 51 licitaciones viales que fueron adjudicadas al Grupo Austral entre 2003 y 2015. La Justicia en etapa de instrucción sostuvo que esos contratos fueron otorgados bajo un sistema irregular, simulando la competencia y generando un gasto desmesurado para el erario público: 24 de las obras quedaron inconclusas.

En su segunda jornada de alegatos, tras haber cuestionado a los peritos de quienes dijo pedirá que se los investigue, el abogado Juan Villanueva sostuvo que la fiscalía no quiso ver, “no quiso comparar las obras de Santa Cruz con el resto del país” y remarcó que eso hizo que tuvieran que probar ellos lo que no hizo la fiscalía. “Es mentira que hubiese una situación extraordinaria en Santa Cruz”, añadió al mencionar que se limitaron durante casi 50 horas de su alegato a leer el informe del ingeniero Mon que los jueces del Tribunal rechazaron.

De incumplidor a endeudado y perjudicado

En otro tramo de su alegato, la defensa del empresario santacruceño refirió que cuando expuso la fiscalía, Luciani dijo que las empresas de Báez eran las únicas a las que no le adeudaban nada. Esto fue ratificado por Iguacel y Stoddart. “Esto es falso, está acreditada una deuda de por lo menos 271 millones (…) para diciembre de 2015, porque las mentiras tienen patas cortas”, remató.  

“Esa deuda existía y existe al día de hoy contra Austral y Adelmo Biancalani. Y lo tenemos probado. La DNV le debe más de 270 millones de pesos a valores 2015. 

La fiscalía apunto al plan "limpiar todo". Las empresas de Báez no ejecutaron más obras pero el único responsable, según el abogado defensor, es Javier Iguacel. “Dijeron que abandonaron las obras y las mismas fueron rescindidas en 2016”, indicó el letrado.

En este punto cuestionó que la DNV no tenía facultad para rescindir las obras. La empresa denunció los atrasos de los pagos. Denunciaron también que le debían más de 270 millones, por eso detuvieron los trabajos. “Dejaron de pagar las obras a Lázaro y al resto del país, pero le rescindieron a él todos los trabajos. Le quebraron la empresa”, denunció el abogado.

Además recriminó y acusó a Javier Iguacel de haber generado el verdadero perjuicio. “La consecuencia del abandono fue de Iguacel. Ahí tienen el verdadero perjuicio al Estado”, sostuvo el abogado defensor de Báez.

Recordemos que al dar inicio a su exposición, el abogado Juan Villanueva sostuvo que los fiscales Luciani y Mola tergiversaron la prueba que demuestran la inocencia de Lázaro Báez y manifestó que en 90 horas de alegato la fiscalía “no probó ningún delito sino que demostraron una total ignorancia de la obra pública”.

Por su parte, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola sostuvieron en su exposición que “entre 2003 y 2015 las empresas de Báez recibieron 51 obras públicas para Santa Cruz”. Esto es el 78 por ciento de obras que se asignaron a esa provincia en ese período.

Se sostuvo también que el empresario santacruceño entre los años 2003 y 2015 intervino en la “formación, ejecución y subsistencia de la matriz de corrupción posibilitando en su rol de aparente empresario a través de un conglomerado societario que creó al efecto, se sustrajeran en forma periódica y constante fondos públicos mediante la maniobra de defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial”.

No podemos olvidar que Lázaro Báez ya cuenta con una condena previa por parte del Tribunal Oral Federal 4 a 12 años de prisión- actualmente con domiciliaria- en una causa por maniobras de lavado de dinero por más de 55 millones de dólares entre 2003 y 2015. El expediente actualmente está en revisión en la Cámara de Casación y se espera que próximamente se pronuncie. Para los jueces del TOF 4, Néstor Costabel y Adriana Palliotti, el delito que dio origen al dinero está en maniobras de evasión impositiva y también vinculado al supuesto direccionamiento de la obra pública.

Tras culminar el alegato de Báez se espera que den inicio otras defensas para luego pasar a la etapa de dúplicas y réplicas previo al veredicto que se espera se dé a conocer antes de la feria de verano.