Escudos humanos para proteger intereses que no se pueden mostrar

La semana pasada, en un programa de televisión, dije que es urgente trabajar para reducir el déficit fiscal. Una de las panelistas contraponía mi opinión con el testimonio de dos mujeres que, desde un móvil, se quejaban de las pobres raciones de alimentos que recibían en su comedor comunitario. “¿Quiere reducir todavía más los platos de esta gente?”, preguntaba. Todo lo contrario, lo que necesitamos es cambiar este modelo clientelar que utiliza como paraguas las evidentes -y crecientes- necesidades para sostener enormes flujos de recursos que luego son parasitados por grupos que nada tienen que ver con los objetivos de las remesas.

Esta anécdota coincidió con la difusión de un estudio de la Coalición Cívica - ARI que analizó las transferencias a las empresas del estado para solventar la suma de sus déficits que, en 2021, alcanzaron unos 8.100 millones de dólares. Cuesta imaginar la dimensión de semejante cifra. Es el 1,75% del PBI y el 38% de todo el déficit fiscal. En el nuevo presupuesto el gobierno proyecta disponer menos que eso para cubrir todos los subsidios a la energía que tantos dolores de cabeza traen. El informe refleja que muchas de esas empresas no cumplen con los protocolos de transparencia en el manejo de la información oficial, tampoco está del todo claro el objetivo central de su operación ni debidamente ajustada la articulación con otros niveles del estado y sus reparticiones.

Esto que vemos entre las compañías públicas no es original. Otro tanto sucede con los fondos destinados a movimientos sociales. Buena parte de esos recursos termina en manos de burocracias inútiles o se destina al financiamiento de estructuras militantes en lugar de promover socialmente a sectores vulnerables que los necesitan imperiosamente. El kirchnerismo siempre se opuso a la nominalidad, a la sintonía fina de las partidas. Como sostenemos desde hace años, disponemos de todos los instrumentos para poder dirigir cada recurso ahí donde realmente haga falta, sin “filtraciones” provocadas por la dinámica al bulto que prefieren los populismos. Por otro lado, y para nada menor, tampoco el estado necesita atravesar instancias intermedias como las organizaciones para llegar a los beneficiarios. Además de vaciar de sentido a las estructuras oficiales se generan poderes ajenos al sistema democrático y cajas inauditables.

Vimos un ejemplo nítido de la falta de institucionalidad de este mecanismo en el último acampe piquetero sobre la avenida 9 de Julio. Estuvieron ahí hasta que Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, decidió que dos jornadas frente a desarrollo social eran suficientes y dispuso movilizar hasta el ministerio de trabajo en apoyo a los trabajadores de la industria del neumático en su plan de lucha. Se trasladó, entonces, más de 20 cuadras ese gran conjunto de personas con la voluntad concesionada, inicialmente convocado bajo la consigna del reclamo de trabajo genuino, mayor asistencia social y más alimentos para los comedores. Terminaron sumando presión a favor del SUTNA para que cierre una paritaria con la que ellos no pueden, siquiera, soñar.

Escudo. Un señor, recostado en su tumbona, no puede  condicionar a dos ministros de la nación con públicas amenazas de colapsar calles y accesos. Del mismo modo que es muy triste imaginar a la gendarmería escapando corrida por un puñado de forajidos; o la policía federal puesta en jaque por cuatro vendedores de copos de algodón; o intuir que el derecho a circular solo puede ser “garantizado” por barrabravas; o que un sector partidario agite a menores de edad con padres trasnochados y los ponga como escudo para trabar la educación pública porteña y desgastar a un posible rival en las urnas. Escudos. En el mismo programa del que hablaba al comienzo de esta nota también contrastaron mis palabras con otro móvil, esta vez con Raúl Castells como protagonista.

El dirigente explicaba el inocultable impacto inflacionario en el costo de los alimentos únicamente en la voracidad de los empresarios desalmados y se negaba, con el beneplácito de todo el staff del canal oficialista, a pensar siquiera un esquema de reforma laboral que redujera riesgos para los crean empleo. Y ya no hablamos de grandes corporaciones -otra de las generalizaciones simplistas esgrimidas- sino del fundamentado pánico que las pymes y comercios argentinos tienen frente a la industria del juicio que los amenaza aún más que las tasas impagables mientras deben sortear la competencia desleal de la venta ilegal y las instalaciones clandestinas.

En realidad, al riesgo que simulan proyectar al navegar cualquier adecuación de las condiciones laborales no hay que imaginarlo. Es el que sufre más del 40% de la población económicamente activa que no puede escapar de la informalidad. Para ellos no hay derecho alguno: nunca podrán pretender indemnizaciones, actualizaciones salariales que permitan sostener el poder adquisitivo, obras sociales ni jubilaciones. Escudo. ¿El resultado de semejante desatino? Actualmente tenemos la misma cantidad de empleos privados formales que en la década del 70 pese a que nuestra población se duplicó desde entonces. ¿Qué otras cosas crecieron? La pobreza, la informalidad y, claro, el Estado -recordemos aquello de los 8.100 millones de déficit solo el ciclo pasado-.

“El Frente de Todos dio tres millones de jubilaciones”, decía un economista sentado en el panel del programa de la anécdota. El énfasis que ponía en su afirmación podía hacer creer a un observador ajeno que a los fondos para pagarlas los solventaba el Instituto Patria. En rigor, a toda esa gente que accedió al beneficio sin cumplir con los requisitos formales la sostiene el conjunto de jubilados que cumplieron puntualmente con todas las condiciones y los años de aportes. Los mismos que hoy apenas llegan a 50.000 pesos si contamos los 7.000 del bono excepcional. A ellos les hicieron pagar, de forma inconsulta, los costos que el kirchnerismo se arroga. Otro escudo.

Lo mismo hacen los dirigentes sindicales de Ctera, cuando intentan cubrirse detrás de la pantalla de “los docentes”, utilizando el prestigio residual y el respeto que la sociedad guarda tras ese rol, para esconder las verdaderas intenciones del kirchnerismo educativo, que en realidad son utilizar doblemente a los alumnos y sus familias; adoctrinándolos, para asegurar el futuro de la fuerza, y tomarlos como rehenes para presionar políticamente. Más escudos. Ese desgaste es un enorme riesgo para el sistema. Es el desplazamiento del poder a estructuras que no son las de la democracia. La impotencia que se respira entre la gente no solo tiene que ver con la gravedad de la situación imperante, sino porque no hay dónde ir a reclamar. Entonces se transforma en desamparo, en la sensación de estar a la intemperie en la tormenta. Probablemente, todo haya comenzado la impostura de una fachada presidencial que ya, ni siquiera, es capaz de cumplir funciones protocolares.

* Alejandro Finocchiaro, diputado nacional, exministro de Educación de la Nación.